La investigación judicial sobre la trágica noche de Año Nuevo en la fiesta electrónica realizada en el boliche Punta Stage, en Arroyo Seco, donde murieron dos jóvenes por la ingesta de drogas sintéticas dejó al descubierto un sinnúmero de irregularidades que incluyeron sobreventa del cien por ciento de entradas, insuficiente personal sanitario y de seguridad, abusos en la venta de agua envasada, y un maltrato sistemático para con los asistentes. Todo esto como contexto de una jornada en la que se comercializó indiscriminadamente dosis de drogas de diseño como éxtasis, entre otras, lo cual llevó a los fiscales a pedir la detención e indagatoria de siete personas, de las cuales se efectivizó una, entre quienes se cuentan los organizadores del evento y los responsables del control público.
Los fiscales Mario Gambacorta y Diego Iglesias, titulares de la Fiscalía Federal Nº2 de Rosario y de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), respectivamente acopiaron elementos probatorios y testimonios que los llevaron esta semana a pedir al juez federal Nº3 de Rosario, Carlos Vera Barros, imputación, detención e indagatoria de siete personas.
De ellas, el magistrado sólo aceptó la requisitoria para los dos responsables de la productora Live Art, organizadora del evento, uno de los cuales fue detenido —Alan Van Broock— y ya fue indagado, mientras que su socio Gino P. está prófugo. En cambio, el juez desestimó la imputación contra los responsables de la firma Yameli SRL, propietaria del boliche. En estos casos, el delito que les achacan los fiscales es el de "facilitación de lugar para la comercialización y el uso de sustancias estupefacientes" agravado por realizarse durante un espectáculo.
Los fiscales también acusaron al intendente de Arroyo Seco, Nizar Esper, un inspector municipal y el segundo jefe de la comisaría local, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y adicionalmente al funcionario policial por dejar de promover la persecución penal, a lo cual Vera Barros se declaró incompetente.
En la fiesta murieron Giuliana Maldovan, de 20 años, quien se descompensó en el lugar y falleció horas después, y Lucas Liveratore, de 34, quien asistió a la rave y fue hallado sin vida en su casa. Ambos habían ingerido pastillas de éxtasis.
La investigación se inició el 2 de enero pasado a fin de establecer si en la fiesta electrónica "Sasha New Years Eve Party" hubo personas que vendían estupefacientes y si los dueños del establecimiento o los organizadores del evento, facilitaron el lugar para el comercio ilícito de sustancias.
En la investigación desarrollada conjuntamente por los fiscales Gambacorta e Iglesias se pudo establecer que el evento había sido organizado por "Live Art Producciones", que alquiló el local Punta Stage a la firma Yameli SRL.
Según el testimonio en sede judicial de numerosos testigos, "todos fueron coincidentes al afirmar que el control de ingreso fue sumamente permeable, con revisiones parciales solo hasta cierto momento de la madrugada e, incluso, en un horario determinado ya no se solicitaron las entradas ni efectuaron revisaciones a los asistentes", indica un informe de la Fiscalía. También dieron cuenta de "la imposibilidad de comprar agua en las barras, una vez que se había acabado la que proveían dos dispensers ubicados en el predio, y que tampoco había agua en los baños".
Sobreventa y hacinamiento
Los asistentes a la rave describieron que "la ventilación era escasa, que la cantidad de asistentes sobrepasaba ampliamente la capacidad del lugar, que sólo había un centro sanitario con dos enfermeros, escaso personal de seguridad y que padecieron situaciones de robos y hurtos en el interior de la fiesta".
Los fiscales también acreditaron que "se vendieron más entradas que la capacidad permitida para el evento, ya que la firma Ticketek —dedicada a la comercialización de entradas a eventos— informó que imprimió 5.004 tickets para la fiesta, cuando la capacidad máxima de ocupación del predio era de 1.850 concurrentes", y dieron por "probado que habían asistido muchas más personas a la fiesta, especialmente porque no se controlaron las entradas en el ingreso".
Agregaron que "en el lugar había más personas que las permitidas, lo cual fue consentido e incluso promovido por los responsables de la organización del evento. Violándose claramente la capacidad de ingreso, la cual debía ser controlada por los inspectores municipales que se hicieron presentes en el lugar".
Ausencia del Estado
Los fiscales Gambacorta e Iglesias también hicieron hincapié en que "el intendente de Arroyo Seco dispuso, a través del decreto 198/2016, la prohibición de realizar fiestas electrónicas en la localidad, como consecuencia de los hechos ocurridos en la fiesta Time Warp, en la ciudad de Buenos Aires. También remarcaron que el intendente se hizo presente (esa noche) en Punta Stage, y no dispuso la suspensión de la fiesta que se estaba realizando, a pesar de que estaba prohibida
Noche trágica. La Fiscalía comprobó graves irregularidades en la fiesta en el boliche Punta Stage donde murieron Lucas Liveratore y Giuliana Maldovan.
por un decreto que llevaba su firma y de todas las irregularidades que se advirtieron".
Los fiscales también apuntaron contra "el inspector de Espectáculos Públicos que el día del hecho labró un acta en la cual consignó que en el lugar se encontraban aproximadamente 3.000 personas, y que había como personal de seguridad 30 personas vestidas de civil, 4 oficiales de policía y 4 inspectores", pero "la única irregularidad que registró fue la violación del horario de corte de música".
La investigación verificó que "personal de seguridad privada que se encontraba en el lugar fue escaso, ello tal como fuera relatado por los distintos testigos que concurrieron esa noche al evento en cuestión, oportunidad en la que algunos relataron haber observado poco personal de seguridad y otros directamente expresaron no haber advertido que se encontraban presentes en el lugar".
Lo mismo ocurrió con "el personal policial adicional, que resultó insignificante frente a la magnitud del evento, demostrando el deliberado desinterés que se tuvo al momento de adoptar los recaudos necesarios para prevenir todo tipo de incidente que se podían suscitar en el evento o en las inmediaciones del predio, incluyendo esto la comercialización y el uso de sustancias estupefacientes".
En ese sentido, los investigadores señalaron que "algunos de los testigos sostuvieron que en la fiesta la gente consumía estupefacientes tales como pastillas, cocaína y Popper, y que las mismas, incluso, eran vendidas por distintas personas en el VIP del evento". Esto fue acreditado, además, "por el hallazgo en el predio de distintos comprimidos de drogas sintéticas y de cocaína en los baños químicos", incluso "la empresa de Emergencia Amas informó haber trasladado al hospital municipal a otro joven con aparente intoxicación por éxtasis".
Promover la venta de drogas
Para los fiscales, "la ausencia, o silencio, de todos los que debían velar por el normal desarrollo es demostrativo de que la voluntad nunca estuvo dirigida a proteger a los concurrentes sino a cubrir exclusiva y excluyentemente las exigencias particulares de una parte importante del mercado como vehículo para garantizar el éxito económico del evento: proveer un ambiente donde la venta de estupefacientes se desenvolviera sin inconvenientes".
En ese sentido, revelaron que "en base al requerimiento de Yameli SRL, la Comisaría 27ª de Arroyo Seco había asignado sólo dos policías de adicional, pero durante la madrugada no se efectuó ningún procedimiento prevencional por infracción a la ley 23.737 (de estupefacientes). Esto pese a que el segundo jefe de la comisaría recorría la jurisdicción en un patrullero para luego informar que finalizó su turno sin novedades respecto a la seguridad externa del predio.
Para los fiscales, el accionar de este funcionario implica un incumplimiento a los deberes de funcionario público, pues no realizó prevención alguna en el lugar donde claramente se cometieron diversos ilícitos".
Así, concluyeron que "el incumplimiento propio de las autoridades municipales y policiales fue determinante para que este marco propicio de uso y consumo de estupefacientes generado por los organizadores del evento, pudiera desarrollarse con la completa tolerancia de aquellos funcionarios a los que la sociedad de Arroyo Seco le ha confiado la protección de la salud pública".
Indagatoria y apelaciones
Ante estos argumentos de los fiscales, el juez Vera Barros dispuso la indagatoria de los responsables de la productora Live Art, uno de los cuales fue indagado y está detenido, mientras que su socio está prófugo. Respecto a los responsables del predio, el magistrado se limitó a señalar que "no surge de manera concreta la existencia de pruebas de cargo suficientes para vincular a los nombrados con los hechos descriptos por la Fiscalía".
Por otra parte, en relación a la imputación contra el intendente, el inspector municipal y el funcionario policial, el juez consideró que "dichas circunstancias aluden a hechos cuya investigación excede a la competencia de este fuero de excepción, en virtud de no afectar ningún interés ni el patrimonio del Estado nacional", y por ello, declaró su "incompetencia material parcial" y ordenó la extracción de testimonios para girarlos al Ministerio Público de la Acusación de la ciudad de Rosario. Frente a esto, los fiscales se encuentran trabajando en el recurso de apelación contra la decisión del juez, en relación a esas cinco personas.
