El proyecto de ley sobre agroquímicos que durante varios años impulsó la diputada provincial por el socialismo Inés Bertero quedó fuera de carrera legislativa esta semana, ya que el poder Ejecutivo provincial decidió no enviarlo a sesiones extraordinarias para que fuera tratado en la Cámara alta.
Esto abre un nuevo escenario respecto a la problemática de las fumigaciones en Santa Fe, un tema que tomó mucha relevancia social y que no sólo incluye aspectos legales, sino también sociales, ambientales y de salud pública.
Para la multisectorial Paren de Fumigarnos, que todo este tiempo combatió el proyecto de Bertero por considerarlo regresivo e inconstitucional, que "se caiga" no deja de ser algo positivo, ya que bajaba los límites a las fumigaciones de 500 a 200 metros, aunque el gusto "es agridulce", ya que "se perdieron años debatiendo algo que de entrada se sabía iba contra las leyes".
Así lo explicó María Victoria Dunda, abogada de la red de Pueblos Fumigados y parte de esa multisectorial, quien pidió que hasta que se debata un proyecto superador, "la provincia respete el artículo 40 del decreto reglamentario de la actual ley, que establece claramente que no se puede fumigar dentro de los ejidos urbanos y establece un límite de 500 metros".
Para Dunda, todos estos años "de la excepción se hizo la regla", ya que en vez de respetar la reglamentación de la ley vigente (la 11.273 del año 1995) se privilegió una excepción que dice que los productos de banda verde (entre ellos, el glifosato) sí pueden ser utilizados dentro de esos 500 metros "si así lo establece una ordenanza".
"El decreto reglamentario dice claramente cuáles son los límites a las excepciones, pero lamentablemente no se cumple la ley en Santa Fe", agregó la abogada, para quien es hora de buscar consensos entre el poder político y las organizaciones ambientalistas a fin de elaborar un proyecto superador que "privilegie la salud humana y del ambiente". Y acusó: "Los muertos y enfermos por este modelo de los últimos cuatro años tienen nombre y apellido: Inés Bertero".
A su juicio, la falta de consenso que —según interpretó— el gobierno tanteó en Senadores (el proyecto tenía media sanción de Diputados) fue resultado de que en la Cámara alta "entendieron la realidad de los territorios y no quisieron pagar un costo político".
Hasta que se apruebe una nueva ley seguirá siendo vigente en la provincia la sancionada en el año 1995, incluso antes de que se autorizaran las semillas genéticamente modificadas y comenzara a expandirse el paquete tecnológico de ogm's, agroquímicos y siembra directa.
Voz oficial
Por su parte, Marcelo Bargellini, secretario de Agricultura de la provincia, lamentó que la ley perdiera estado parlamentario ya que eso significa "volver para atrás" de un proyecto que consideró como superador de la actual normativa.
"Desde la Secretaría y el ministerio (de Producción) hicimos algunas actividades y gestiones para que se debatiera este proyecto. Desde nuestro espacio la intención era que se discutiera porque nos parecía que era importante tener una nueva ley que mejorara y actualizara la vieja. Hoy volvemos para atrás", afirmó.
Bargellini recordó que el proyecto de Bertero creaba la figura del veedor en forma obligatoria en los municipios y también incorporaba decretos y resoluciones respecto a aplicadores particulares. "Hoy ya estamos de vuelta pensando en impulsar a través de diputados una nueva ley con otros actores y otras discusiones. Creemos que tiene que haber una nueva ley", dijo el funcionario.
Respecto a si la ley cayó por la presión de los grupos ambientalistas, estimó que siempre es necesario el consenso social para cualquier ley. "En el caso de los fitosanitarios es muy importante el rol de los ingenieros agrónomos y de los municipios en la fiscalización, por eso nos parecía importante la figura del veedor", concluyó.
Por Elbio Evangeliste
Por María Laura Cicerchia
