La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram) destacó que "fue anulado el despido arbitrario en la municipalidad de Avellaneda por medio de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, frenando así las arbitrariedades del intendente Dionisio Scarpin".
En un informe, el gremio municipal indicó que "se tornan indescriptibles los manejos irregulares y presiones que sufre el personal municipal de Avellaneda a la hora de reclamar la vigencia de sus derechos. Desafortunadamente, el Ministerio de Trabajo de la Provincia deja pasar las denuncias y se limita a convocar audiencias conciliatorias para discutir reclamos por incumplimiento del derecho público y laboral".
Sin embargo, "el reciente fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Santa Fe Nº 1 dejó sin efecto el despido de un trabajador contratado, por cuanto el intendente lo despidió arbitrariamente, incluso negándole el constitucional derecho a la defensa".
"La Cámara declara la nulidad por ilegitimidad del decreto 167/12, mediante el cual se rescindió el vínculo contractual por aplicación del régimen de sanciones de la ley 9286", expresa el fallo al resolver el recurso judicial presentado por el trabajador contratado Alfredo Sosa contra la municipalidad de Avellaneda.
"Lamentablemente, tanto por temor a represalias o por demoras en la tramitación judicial, la mayoría de los casos de despidos no llegan a esta vía y suceden impunemente", manifiesta el parte.
"El DEM (Departamento Ejecutivo Municipal) de Avellaneda permanece sin reconocer como parte de la jornada normal y habitual la séptima hora de trabajo, condición que le permitió suprimirla en el contexto de la pandemia como forma de rebaja salarial", señala la Festram.
"La planta de personal permanente de esa ciudad cuenta con 198 trabajadores, más unos 30 contratados, y además 140 precarizados, quienes no tienen obra social, seguros, aportes previsionales, ni coberturas de riesgo de trabajo. Esto no sólo es baja intensidad democrática, sino como se dice en el campo: trabajo esclavo", amplían.
"Esta planta de personal precarizado también fue variable de ajuste en el contexto de la pandemia, víctimas de suspensiones compulsivas llevadas adelante por las autoridades municipales como forma de hacer efectiva la disminución salarial contra estos trabajadores. Además, no se cumple con las entregas de ropa de trabajo ni de elementos de protección personal necesarios para evitar el contagio de Covid-19 y dengue", continúa el informe.
Y remarca que "si bien la actividad sindical tiene serias limitaciones para actuar ante todos estos atropellos, la Justicia con su fallo vino a poner freno al intendente de Avellaneda, ejemplificando a las autoridades locales que consideran al Estado municipal o comunal como una «estancia» donde ellos se comportan como «patrones».
En febrero había 754 cuidacoches identificados; en junio son 1.019. En Senadores pedirán preferencia para aprobar la ley que regresó de Diputados
Por Lucas Ameriso
Por Facundo Borrego