Un juez de la ciudad santafesina de Reconquista se negó a homologar el acuerdo alcanzado entre Marcelo Galaz, ex secretario privado del senador nacional Dionisio Scarpin (Juntos por el Cambio), y una familiar en un caso de abuso sexual de menores, con el argumento de que carecía de "libertad" para fallar en virtud de las declaraciones del procurador de la Corte Suprema de Justicia provincial, Marcelo Barraguirre. Es que el funcionario del alto tribunal había adelantado que haría una investigación sobre el proceso de esta causa, que está rodeada de situaciones al menos poco claras.
Sin embargo, el juez Banegas se inhibió de firmar el acuerdo por declaraciones que el procurador de la Corte provincial, Marcelo Barraguirre, realizó a la radio LT8, en las que dijo que iban a "conformar un legajo de actuaciones para poder investigar las responsabilidades judiciales" y anticipó que se investigaría "la responsabilidad del magistrado en avalar, al homologar un acuerdo de partes en estos términos".
El 29 de abril pasado, el periodista José Maggi consultó a Barraguirre por un audio del fiscal del caso, Aldo Gerosa, refiriendo a que el senador provincial Orfilio Marcón le pidió información sobre la causa contra Galaz y le reclamó que terminaran con la misma antes de comenzar la campaña electoral 2023, ya que había sido secretario privado del senador radical Scarpín cuando era intendente de Avellaneda y el caso podía ser perjudicial para sus candidatos.
Ante las declaraciones de Barraguirre, el juez Banegas se inhibió ahora de homologar el juicio abreviado y lo manifestó mediante un escrito: "Me coloca en una encrucijada de la que no puedo salir indemne, careciendo de libertad para fallar conforme a mi leal saber y entender. Es por ello que corresponde inhibirme".
Para el magistrado, los dichos del procurador "resultan de una gravedad institucional extrema" y "se trata de una injerencia indebida e inaceptable que claramente me condiciona a la hora de dictar sentencia".
"Esta situación, de por sí alarmante, luce aún más grave cuando se advierte que la opción que podría acarrear consecuencias perjudiciales hacia mí, es aquella que posiblemente habría tomado, si me hubiese encontrado en condiciones de dictar sentencia libremente y sin presiones indebidas ejercidas por el funcionario referido", añadió.
A Galaz se le imputó ser autor de abusos sexuales gravemente ultrajantes a su sobrina menor de edad, reiterados en un número indeterminado de veces, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, reiterado también en un número indeterminado de veces.
El violador comenzó con los abusos sexuales contra su sobrina en el año 2000, cuando ella era una niña de cuatro años de edad. Arrancó después del fallecimiento del abuelo de la víctima, en enero de ese año, y continuaron -en un número indeterminado de veces- durante unos seis años. Cesaron entre 2005 y 2006.
Galaz se aprovechaba de la niña cuando la madre y la abuela de la víctima cumplían horario laboral; y ambos quedaban solos en una vivienda del barrio Nuevo, de la localidad de Avellaneda, en el norte provincial.
Los abusos cesaron cuando la menor comprendió los hechos y le advirtió a su tío violador que si volvía a tocarla le iba a contar a su mamá. Desde entonces, solo le hizo caricias ocasionales. Todo esto quedó constatado en sede judicial y fue reconocido por el propio Galaz.
La fiscalía también le reprochó a Galaz haberle ocasionado a su sobrina un trastorno por estrés traumático que, entre otras cosas, le impide relacionarse con personas de género masculino, la que le provoca rechazos de amor consciente, imposibilidad de relacionarse físicamente con otras personas, no tolerar un tratamiento físico como los abrazos, problemas escolares, pérdida de contacto con familiares para evitar estar con el agresor, alteración del ritmo del sueño, insomnio, pesadillas, ánimo con tendencia a la depresión y ansiedad, entre otras alteraciones.
Inicialmente, la fiscalía había pedido una pena de 32 años de prisión para Galaz, pero después dio vía libre para un juicio abreviado en donde se iba a acordar una pena de solo siete años.
¿Por qué se eliminó los agravantes del delito?
El fiscal Juan Marichal intentó explicar los agravantes que eliminó de la causa por abuso sexual de una menor para alcanzar este acuerdo en el juicio abreviado que se iba a cerrar con una pena de cárcel muy baja. El fiscal admitió que accedió a un cambio de calificación del delito, eliminando agravantes como el “grave daño a la salud” ocasionado a la víctima, la “convivencia preexistente” entre el abusador y la menor abusada, y el hecho de que Galaz era “guardador de la niña”.
Galaz, que actualmente está en libertad, le había depositado tres millones de pesos a la víctima como parte del acuerdo abreviado y debía pagar una suma idéntica el 29 de abril pasado. De completar el pago, el juez penal ya había anticipado que firmaría finalmente la sentencia acordada en el juicio abreviado; y Galaz sería trasladado a una cárcel para empezar a cumplir su condena. Pero finalmente el magistrado se negó a suscribirlo ante las declaraciones del procurador de la Corte santafesina.
Ante la inhibición del magistrado, la Oficina de Gestión Judicial debe remitir el expediente a un juez subrogante que podría quedarse con el caso o rechazarlo, con lo cual la decisión quedará en manos de la Cámara de Apelaciones.
Galaz está actualmente en libertad con restricciones, teniendo como "guardadora" a su esposa, la profesora Marianela Nerina Doldán Almirón. Vive con ella y sus dos hijos pequeños en Avellaneda.
El violador tiene las siguientes restricciones y reglas de conducta que debe cumplir, bajo posible sanción de revocación de la libertad si incumple: no debe emborracharse ni drogarse, ni acercarse a menos de doscientos metros de la víctima y su madre, ni debe comunicarse con ellas por ningún medio.
Galaz fue detenido el 21 de julio de 2021 en la Municipalidad de Avellaneda, donde trabajaba como secretario privado del entonces intendente, Dionisio Scarpin, hoy senador nacional por Juntos por el Cambio. Además, fue dirigente de la Juventud Radical.
Qué dijo la víctima
En la última audiencia judicial la víctima pidió la palabra y dijo ante la presencia del imputado, su violador: “¿Cómo llamarte? Marcelo, tío, abusador, tantas personalidades de una misma persona, mi diablo personal más de dos décadas. Ruego a Dios que esta sea la última vez que te vea. Literalmente, podría estar horas y horas leyendo sentada todo el daño que me hiciste. Mucho más de lo que se pueda llegar a imaginar. O preguntarte por qué. ¿Qué te hice para que me odiaras tanto? ¿Cómo pudiste lastimarme de esta manera? Pero la realidad es que esto no nos llevaría a nada, porque no hay una respuesta que valga frente a un hecho tan atroz como un abuso".
"Lo que es difícil de decirte es que ya no te odio y no me arruinaste la vida. Sí, teñiste de tristeza gran parte de mi niñez, mi adolescencia y el inicio de mi vida adulta, pero hasta aquí. Basta. Hasta acá te dejo llegar. El resto de mi vida es mía, solo mía. Y el aspecto del odio, durante años, tuvo un deseo recurrente, en buscarte de sorpresa, golpearte y dejarte tirado en el piso sangrando, sufriendo. Porque eso fue exactamente lo que vos hiciste conmigo. Como un buen cobarde, me tomaste desprevenida cuando era una niña sin herramientas ni recursos para defenderme. Me destrozaste y me dejaste tirada de un charco de sangre, pero entonces algo pasó. No sé cómo ni en qué momento. Hoy está en la terapia, el paso del tiempo o Dios. Pero ya no te odio. No quiero lastimarte. Porque estoy consciente de que el hecho de que vos sufras no va a mitigar mi dolor. Comencé a sanar el día que solté el odio para concentrarme en mí. Y por eso voy a perdonarte. Hoy no. Hoy todavía no puedo. Pero voy a trabajar para estarlo porque me lo merezco. Merezco una vida en libertad y armonía. Porque el abuso no me define a mí. El abuso te define, te definió y siempre te va a definir a vos, Marcelo".
También agradeció al juez la oportunidad de poder expresarse, y confesó: "La verdad es que durante todos estos años para mí fue muy doloroso el silencio".
Y al final, pidió al Poder Judicial que haga una "autocrítica para que ninguna otra víctima sufra la revictimización que yo sufrí a manos del fiscal Aldo Gerosa y su equipo". Refirió a malos tratos que ya informó tanto al fiscal regional como al fiscal general de la provincia, "esperando que tomen las medidas correspondientes, porque considero que estamos en el año 2023 y hay cosas que ya no podemos tolerar". Recordó que está vigente la "ley Micaela"; y que "todos los integrantes del Poder Judicial deberían tener perspectiva de género".
