Un ex presidente del Colegio de Abogados de Venado Tuerto y ex evaluador de los concursos para elegir a nuevos funcionarios del Ministerio Público de la Acusación dijo que muchos de los profesionales no están preparados para cubrir esos cargos y denunció una precarización de la profesión que lo llevó a afirmar que algunos exámenes no reúnen los conocimientos mínimos exigidos a un letrado. Por su parte el Colegio de Abogados de Venado Tuerto rechazó los dichos del venadense a través de un comunicado oficial. (ver aparte)
Arsenio Domíngue fue designado en septiembre del año pasado como miembro evaluador en el proceso para elegir a las nuevas autoridades provinciales y regionales del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensoría General, aunque luego renunció.
Entre los argumentos por los que el letrado venadense sostiene que hay una proletarización de la profesión está el hecho de que "no hay trabajo para tantos abogados como hay ahora. Hace 30 o 40 años éramos muy pocos los profesionales del derecho en nuestra región y hoy hay miles. Obviamente que no hay trabajo ni casos para todos y esto hace que busquen otros horizontes".
"El principal motivo es la proletarización de la profesión. A eso hay que agregarle que un juez o un fiscal debe estar ganando más un millón doscientos mil pesos mensuales", una suma que jamás podrían ganar en la actividad privada. "La mayoría no la está pasando bien desde el punto de vista económico", dijo Domínguez.
Contó que le tocó presenciar exámenes en los que los concursantes no tenían conocimientos que se suponen básicos de derecho y que "igual se presentaban a concursar para juez o fiscal. El nivel de los profesionales en muchos casos deja muchísimo que desear y eso es lo preocupante porque repercute en la calidad de la Justicia que tenemos".
Las críticas no se limitaron a la calidad de la Justicia en la Tercera Circunscripción Judicial (con asiento en la localidad de Melincué). "Es algo muy habitual en casi todas las circunscripciones judiciales de la provincia de Santa Fe", dijo.
Rechazo del Colegio de Abogados
El Colegio de Abogados de Venado Tuerto manifiesta su enérgico rechazo a las expresiones del Dr. Arsenio Domínguez, vertidos en nota periodística del Diario La Capital y replicada en medios locales, en tanto sus dichos lesionan a los operadores jurídicos que ejercen libremente la abogacía, como a los colegas funcionarios públicos. Su crítica genérica, sin individualizar a quien/es se refiere, constituyen una práctica temeraria que lesiona el buen funcionamiento de las instituciones, y la entendemos como sólo su opinión, aunque tenemos el deber institucional de manifestarnos, expresando nuestro negativa.
Sorprende, además, su beneplácito hacia un funcionario en particular, desconociéndose las motivaciones que lo llevaron a tal afirmación. Este Directorio no coincide con la mirada sesgada y hacia el pasado de la profesión, formulada por el colega. Es nuestra función continuar bregando, día a día, por los derechos de la colegiatura en la selección de jueces y funcionarios públicos y por acercar a nuestra institución a la sociedad.
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La actual presidenta del Colegio de Abogados, Andrea Majul (foto), fue la primera en la historia de esa entidad. A su lado quien la antecedió en el cargo, Alberto Turcato.
Calidad de Justicia resentida
El abogado penalista fue más allá al sostener que "la calidad de la Justicia se ve muy resentida porque hay jueces o fiscales que no tienen los conocimientos y la experiencia que debieran para ocupar esos cargos. También es cierto que hay casos de jueces o fiscales que cumplen muy bien su función, como por ejemplo el fiscal general de nuestra zona, Matías Merlo".
Domínguez fue el abogado defensor de una mujer de Elortondo estafada por otro letrado. A la mujer le arrebataron 40 hectáreas de campo valuadas en una cifra millonaria. Domínguez logró que el caso llegara a juicio, aunque a mediados de febrero el proceso se suspendió con la condición de que el abogado acusado de la estafa devolviera el campo.
Para muchos abogados de la región, ese profesional "la sacó barata, ya que solamente estará imposibilitado de ejercer la profesión por dos años". En este sentido, Domínguez resaltó: "Mi clienta me pidió recuperar su campo como sea y por una cuestión de edad consideramos que era válido el reclamo, por lo que accedimos a la suspensión del juicio".
"Estas acciones perpetradas por letrados como el de este caso avergüenzan a la profesión y esto explica en parte por qué la gente es tan reacia a creer en los abogados o en la misma justicia. Sinceramente, siento vergüenza ajena cuando suceden estas cosas en las que están involucrados colegas", se lamentó.
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