La penúltima jornada de alegatos en el juicio oral y público que se está realizando por la desaparición de Paula Perassi, la mujer de 32 años afincada en San Lorenzo y de cuyo paradero nada se sabe desde el 18 de septiembre de 2011, estuvo signada por la defensa de algunos de los principales acusados. "Soy una persona totalmente inocente, jamás cometí un aborto, jamás lo hice o lo he practicado en mi vida", dijo Mirta Ruñisky, de 52 años. La mujer, domiciliada en Timbúes, está acusada de haberle practicado esa operación a Paula, quien esperaba un bebé de quien fuera su amante, el también acusado Gabriel Strumia, y murió durante la práctica ilegal según consta en la investigación.
Ruñisky lleva detenida tres años y en la audiencia del miércoles la Fiscalía pidió para ella la pena de prisión perpetua por aborto sin consentimiento seguido de muerte y privación ilegítima de la libertad agravada. La misma pena que solicitó para el amante de Paula, Gabriel Strumia; la esposa de éste, Roxana Michl; y un empleado del hombre, Antonio Díaz.
En ese marco Ruñisky declaró su inocencia ante el tribunal y sostuvo que es "una mujer provida. Estoy en contra de la ley del aborto, tengo cinco hijos y los amo". Y reclamó: "Pido que me juzguen no por lo que dicen los medios, sino por lo que han visto en los 30 días del juicio".
El defensor de Ruñisky, Angelo Rossini, hizo una metáfora sobre lo ocurrido en relación al lugar dónde vive su defendida: "Pueblo chico, infierno grande", aseguró. Y enunció: "Todo lo que hay en esta causa contra de Mirta son comentarios. Se la comienza a investigar a raíz de una declaración del señor Alberto Perassi (padre de Paula), quien dijo que la doctora Rita Porteiro se había acercado a él porque sabía que a Paula le había hecho un aborto Mirta y que Lugo, su cliente, se lo había contado".
"Una segunda declaración de Perassi padre dice que Vázquez (yerno de Ruñisky) fue a su casa diciendo que su mujer le dijo que Mirta le había hecho un aborto a Paula. Y después que se lo dijo Lugo que le había dicho Bonetto", como un boca a boca, un "teléfono descompuesto".
Por su parte, el abogado Luis Rossini criticó el acompañamiento que la familia Perassi recibe cada día en la puerta del Centro de Justicia Penal, donde hay una radio abierta y distintos organismos acompañan el pedido de justicia. Y dijo: "Los bombos replican afuera, pero no se puede dictar una sentencia para calmar a un sector movilizado".
A su turno, el comisario inspector Adolfo Daniel Puyol, quien al momento de la desaparición de Paula era jefe de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional XVII y para quien la Fiscalía pidió 6 años de cárcel por "encubrimiento por no denunciar la perpetración de un delito cuando estaba obligado a promover la investigación penal, agravado por su condición de policía e incumplimiento de los deberes de funcionario público", también pidió la palabra.
Contra el padre
Puyol contó frente al tribunal que el sábado cumplió "cuatro años de injusticia. No tengo nada que ver con la desaparición de Paula Perassi. Todo ésto arrancó por el dedo acusatorio del señor Alberto Perassi en 2012, cuando empezó a decir por los medios, en marchas y por todos lados que yo era amigo de (Gabriell) Strumia, que yo sabía lo que había pasado con Paula y eso es mentira".
El comisario remarcó: "Yo jamás me metí en la investigación, yo no toqué un papel de la causa porque no era mi ocupación". Según Puyol, se enteró de la desaparición de Paula el 19 de septiembre de 2011, y contó que "a mi me llamó Strumia y me dijo que el amigo (Alberto Perassi) tenía un problema y quería saber qué tenía que hacer. Como miles de personas me consultan porque soy policía". Y volvió a aclarar que a Strumia lo une sólo una relación comercial "porque arreglaba los camiones de su empresa".
"El reclamo de Perassi es que me buscó en la Jefatura y no me encontró, yo no estaba. ¿Cuál es el delito que cometí por no haber atendido a Perassi ese día?", remató Puyol.
Su abogado, Víctor Corvalán, expresó a su vez que "nuestra tarea es contradecir dos discursos que son contradictorios en sí mismo. Porque mientras el fiscal acusa por encubrimiento, la querella no dudó en considerar que nuestro defendido es partícipe de la privación ilegal de la libertad y aborto sin consentimiento con el resultado de muerte". Y agregó: "Esto nos obligó a tener que hacer una estrategia que englobara todo el recorrido. No hay ninguna prueba que avale la teoría del caso, que avale una privación ilegítima de la libertad o un aborto seguido de muerte. Si no hay delito, menos pueden existir pruebas del encubrimiento".
"Nuestra teoría no es decir que no hay pruebas contra Puyol, sino sostener que el comisario Puyol es inocente, que es muy distinto". Tras recorrer las declaraciones de los testigos que nombraron a su defendido, Corvalán concluyó: "Puyol no tiene absolutamente nada que ver con la desaparición de la señora Paula Perassi, es inocente".
Al igual que los dos defensores que lo precedieron, Corvalán solicitó que la Fiscalía y la querella se hagan cargo de las costas del juicio en caso de que su cliente sea absuelto: "Acá tiene que pagar el Estado a través del Ministerio Público de la Acusación o la querella. Quien pierde paga", sentenció.
Los únicos
El abogado Jorge Bedouret, defensor de los policías Jorge Krentz, quien era jefe de la Agrupación Unidades Especiales (AUE) de la UR XVII en 2011 y Aldo Gómez, machacó sobre la idea de que sus clientes fueron los primeros y únicos en realizar diligencias y arrimar los elementos con los que se inició la pesquisa apenas se radicó la denuncia por la averiguación de paradero de Paula. Para ellos el Tribunal solicitó 16 años de prisión y la defensa la absolución.
Bedouret se refirió a la "gravedad institucional" del caso, a la "deuda con la familia Perassi", pero también con sus asistidos. "Están detenidos hace más de tres años por un delito de encubrimiento. Lo más grave es tener preso a un inocente sin razón. La afección muy grave", advirtió.
También valoró la tarea de los 16 empleados de AUE en los primeros tramos de la pesquisa. "Acreditamos que ellos investigaron hasta el 12 de noviembre cuando fueron reemplazados por la Tropa de Operaciones Especiales. Nadie dijo en esta sala que hubo irregularidades", remarcó.
Además, apuntó al juez Eduardo Filocco y al fiscal Román Moscetta como los responsables de dirigir la investigación. "El juez era el jefe, y Moscetta el subjefe, pero no me animaría a tanto porque se tomó cuatro años sabáticos. Diré que nunca fue a un procedimiento, a nada", fustigó sobre la tarea de los funcionarios.
Puntualmente, sobre la tarea de Gómez y Krentz recordó que por ellos se llegó a José Luis Feijomil (amigo de Paula), se estableció la relación de la mujer con Strumia, la reunión de ellos en un bar de Timbúes, la posibilidad de un aborto y el perfil psicológico de Strumia. Después vino el fiscal Donato Trotta. ¿Qué cambió con él? Nada. AUE descubrió todas las cosas importantes de la causa".
Además, el abogado retrucó la acusación fiscal respecto a que los policías prefabricaban rastros con el objetivo de mantener la impunidad de los sospechosos, y que se impuso un plan para encubrir. "Ellos no estaban en funciones cuando aparecieron en escena Ruñisky, Michl, Díaz y Strumia", recordó el profesional.
En otro momento remarcó una "grosera violación del derecho a defensa" porque sus clientes se enteraron del delito por el que fueron acusados durante el juicio. "Pero tenemos que responder por eso. Llegamos a este juicio sin pruebas, sin Paula, con mucha vergüenza. Pero hay que meter preso a alguien".
Finalmente analizó que "la teoría fiscal del caso se desmoronó. La respuesta del Estado no puede ser condenar a mí defendidos. Merecen la absolución para solucionar lo que no hicieron los factores de poder".
