"La acción de la Justicia llega tarde", remarcó el vecino. Y lo dijo porque muchos de los rosarinos que iniciaron la demanda colectiva en 2006 contra las cerealeras del barrio Las Malvinas (ex Refinería) fallecieron en la espera, como su papá, o se cansaron y abandonaron el reclamo por daño ambiental. Así y todo, Hernán Wacker, uno de los demandantes reconoció que la decisión de la Corte santafesina de rechazar la queja interpuesta por la firma Servicios Portuarios SA es un paso que los "vuelve a ilusionar", además de habilitar nuevas acciones, como el pedido del resarcimiento económico.
"La gente se ilusionó y se desilusionó varias veces; ahora una vez más esta decisión vuelve a generar expectativas", dijo Wacker a La Capital a horas de conocerse la decisión del máximo tribunal santafesino. El es uno de los vecinos que -como muchos- durante el proceso vio a su papá transitar una larga enfermedad y morir esperando una respuesta.
Más allá de ser también abogado y conocer que "a veces éstos son los tiempos de la Justicia y del sistema", atravesó en carne propia las pérdidas de la espera.
"Lo viví personalmente con mi papá que murió en 2019 después de tener durante 18 años una leucemia lenta, lo que se llama un mieloma múltiple y eso le pasó a muchos en el barrio", contó sin desconocer que los tiempos que lleva la demanda también tuvieron que ver con una "estrategia" planteada por Servicios Portuarios que él consideró fue más allá del ejercicio de la legítima defensa.
"Acá se juntan varias cosas, la primera es que no hay acciones específicas para todo lo que es daño ambiental", recalcó como abogado, aunque más allá de su experticia no participa de la causa como profesional, sino que está representando por la letrada Milva Sánchez.
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Sin embargo, enumeró entorpecimientos constantes por parte de la empresa: "Si hay una demanda de 200 vecinos y se pide la absolución de posiciones de cada uno de los actores, eso es la declaración de cada uno de los actores, eso significa que sólo ese proceso se extiende por lo menos tres años y eso tiene que ver con la falta de herramientas jurídicas adecuadas para las causas de daño ambiental".
Ciertamente, además, los demandantes que iniciaron el proceso en los tiempos en que las cerealeras aún funcionaban en el barrio sabían desde el principio que se trataba de una disputa en desigualdad de fuerzas.
"La empresa tuvo todo el poder económico para dilatar las medidas, mientras que los vecinos se iban muriendo o cansando; Servicios Portuarios tiene espalda para llevar este juicio hasta las últimas instancias, una espalda y un tiempo que muchos vecinos no tuvieron", agregó.
El camino a la Corte
Las cerealeras funcionaron en la zona de Refinería hasta 2008 y la demanda iniciada por los vecinos que advertían la toxicidad de las sustancias que emanaban de la carga y descarga diaria del cereal ya cumplió 17 años. La acción colectiva se inició en 2006 y reclamaron en los Tribunales santafesinos el cese de la contaminación por parte de las dos compañías que por entonces seguían activas: Servicios Portuarios y Agroexport. Incluso la causa incluyó también a la Municipalidad por omisión en el ejercicio de control.
En el expediente se anexaron mediciones de calidad del aire, y pericias médicas y ambientales elaboradas por especialistas e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y de la Facultad de Bioquímica de la Universidad Católica Argentina (UCA), entre otros documentos y testimonios que permitieron probar el daño ambiental provocado por las cerealeras. Hubo fallos en primera y segunda instancia, que en ambos casos fueron apelados por las compañías.
"La gente se ilusionó ya varias veces y después tuvo que esperar muchos años la decisión de la Corte", señaló Wacker.
Lo cierto es que ahora el rechazo a la queja interpuesta por la empresa permitirá a los demandantes iniciar acciones de resarcimiento económico.
"Nosotros ahora tenemos que terminar el proceso de cuantificación de los daños para que la gente pueda cobrar", señaló la abogada de los vecinos, Milva Sánchez, quien festejó haber llegado casi al final del trámite después de casi dos décadas de lo que denominó una "batalla judicial" y ya organiza reuniones con los vecinos que impulsan la causa.
Lo que sigue es la cuantificación de los daños, según adelantó, y que "el tribunal determine cuánto va a cobrar cada persona damnificada" por el funcionamiento de las cerealeras.
Así, pese a la espera y las pérdidas personales, los vecinos vuelven a ilusionarse. "Pasamos mucho, pero ciertamente pese a las desilusiones previas, la gente vuelve a tener expectativas", admitió Wacker al valorar el "trabajo constante y sostenido " hecho por la abogada a lo largo de todos estos años.
