“Hace más de una hora fue la nena de 7 años a mi casa gritando y llorando, pidiendo que llame a la policía porque el papá le estaba pegando a la mamá”. El relato pertenece a una vecina de Erica Vanesa Olguín, la mujer que el 3 de junio pasado fue prendida fuego por su ex pareja delante de sus hijas de 7 y 3 años, y que desde ese día resiste internada la terapia del Hospital Provincial (ver aparte). Las nenas quedaron al cuidado de sus hermanos mayores de 20 y 19 años, y de sus tías, en un escenario que vuelve a mostrar la frágil situación de los hijos de las víctimas de la violencia machista. Los femicidios que se produjeron en Santa Fe a lo largo de 2019 dejaron huérfanos a más de una veintena de niños y niñas, y sólo en los primeros cinco meses de este año, ya se trepó nuevamente a esa cifra. En muchos de esos casos, son chicos que además de acompañamiento deberían acceder al beneficio económico establecido por la ley Brisa, una norma aprobada en 2018 y a la que la provincia adhirió. Sin embargo, las familiares, y desde las mismas oficinas del Estado, aseguran que acceder “es muy difícil”.
Si la construcción de los datos de las mujeres víctimas de violencia siguen siendo toda una batalla del movimiento de mujeres y disidencias, más aún falta para poder cuantificar cómo la violencia machista golpea a los hijos e hijas de quienes la padecen. En ese marco las estadísticas oficiales escasean; y son los relevamientos de las organizaciones feministas los que permiten poner en dimensión el problema.
El observatorio de Mumalá, relevó 22 casos de niños santafesinos que en 2019 perdieron a sus madres víctimas de femicidios, un número que al 30 de mayo de este año ya trepó a 21. En tanto, el registro que lleva el equipo de género la concejala Norma López señala que de lo 41 femicidios ocurridos el año pasado, 25 chicos quedaron sin sus madres y al cuidado de familiares, un número que para este año, ya está en 25 víctimas fatales y 15 niños sin madre.
Si bien a mediados del año pasado se conoció la entrega del beneficio de dos casos en la provincia, los familiares de víctimas señalan las trabas que persisten. “Hay abuelas a cargo de chicos que no pueden cobrarla y ni siquiera tienen una jubilación”, señaló Eva Domínguez, de Mujeres de Negro. Desde el mismo Estado provincial, responsable de garantizar el beneficio, reconoceen “una tramitación muy compleja”, dijo Florencia Marinaro, subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad.
La ley y la interpretación
Eva Domínguez señala uno a uno los nombres de las mujeres muertas y cuyos hijos “deberían acceder a la ayuda y no la tienen”, y detalla: “Están los tres hijos de Jesica Olivera (muerta en 2018 acuchillada por su pareja), y los dos hijos de Carina Coria quemada en Villa Constitución; y los padres de Paula Perassi están a cargo de sus nietos y ni siquiera tienen una partida de defunción para pedir la aplicación de la ley”.
Eva cuida de sus dos sobrinos, los hijos de Venesa Celma. “Ella murió en su casa y en su dormitorio, pero no hay imputado, y ahí además de la burocracia está la interpretación de ley y la perspectiva de género de la Justicia”, dice.
Después está la tramitación en sí misma y los tiempos. En el caso de Rosalía Jara, la mujer desaparecida y asesinada en Fortín Olmos, en el norte provincial, a tres años del crimen el caso no fue elevado a juicio y su hija aún debe esperar. “A muchas familias la Ansés les reclama presentar la sentencia firme cuando la normativa indica que con sólo la imputación es suficiente”, agrega Eva.
Hacerlo más ágil
La subsecretaria de Mujeres de la provincia admite “la complejidad del trámite”, y señaló que se viene trabajando en una guía para que los municipios acompañen a las familias. “Para iniciar el trámite, que es un juicio en sí, se requieren no sólo tener el cuidado de los niños, sino recursos para contratar un abogado o bien esperar para que el sobrecargado sistema judicial lo haga a través de abogados oficiales”, afirmó Marinaro.
La funcionaria admite que “eso ya dificulta el acceso a la ley”, y agrega que “es un trámite que demora”.
Por eso, ya elevaron a la Nación el pedido de “una reforma para hacerlo más ágil y accesible”, mientras que desde las provincia “se trabaja en el acercamiento de las familias y con la Ansés” que es donde se lleva adelante todo el proceso.
Otras fragilidades
Si bien la ley Brisa apunta en los específico a quienes perdieron a sus madres, también las mujeres que sufren graves lesiones y corren riesgo de vida tanto ellas como sus hijas e hijos, más de una vez quedan sin poder acceder a espacios de contención, y una ayuda económica que les permita acceder a un lugar donde vivir para salir de ese contexto.
De hecho sólo en 2019 casi 300 chicos pasaron con sus madres por alguna de las 16 casas de protección de la provincia, y esa cifra es apenas una muestra de los niños expuestos a entornos de violencia.
Para esos casos, el Concejo de Rosario creó en 2018 una asignación a las víctimas de violencia de género durante seis meses, y de un monto similar a la Asignación Universal por Hijo (AUH). “Es una ayuda pensada para que esas mujeres y sus hijos puedan salir de sus viviendas, pagar un alquiler y no quedar forzosamente con sus hijos en el mismo espacio que su maltratador”, señaló Norma López, concejala y autora de la iniciativa.
“La gestión de (Mónica) Fein incumplió la ordenanza desde su aprobación”, señaló la edila que ya mantuvo dos reuniones con la nueva gestión para poner en marcha esta ayuda. “Quedan charlas pendientes, pero soy optimista”, dijo apuntando a “un mayor involucramiento del municipio para acompañar a estas mujeres y sus hijos”.
