“Las islas callejeras que se permitieron en los boxes de estacionamiento sobre la calzada durante la pandemia y de manera excepcional están siendo usados por los comercios gastronómicos de manera anárquica”, sostuvo la concejala de Iniciativa Popular Fernanda Gigliani. Por decreto, estos usos del espacio público deberían pagar un canon destinado al Fondo Compensador del Transporte y es por ello que la edila exige un “reordenamiento” inmediato.
El Concejo Municipal sigue sin tener respuestas sobre el funcionamiento y el control de las “islas callejeras” utilizadas por bares y restaurantes en Rosario a partir del Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio (Dispo).
Esta situación se da a cuatro meses de aprobado el pedido de informes de Gigliani en relación a la cantidad de locales habilitados para tal fin, qué canon abonan y qué destino se les dio a esos fondos.
“Los comercios están utilizando esta medida excepcional de manera anárquica”, remarcó Gigliani.
Por decreto
Un decreto del 2020 modificó una ordenanza de 2017 del concejal Fernando Rosúa (que nunca fue reglamentada) por el cual se creó el programa islas callejeras, que autorizaba la ocupación del espacio en la vía pública por parte de la gastronomía pero de manera excepcional y en el marco de la pandemia ocasionada por el coronavirus.
“Pero la pandemia ya terminó, el gobierno eliminó la obligatoriedad del uso del barbijo y los comercios siguen funcionando por fuera de un factor ocupacional que no es el que marca su habilitación municipal. Le han ganado al espacio público y es necesario reordenar su funcionamiento”, explicó la referente de Iniciativa Popular.
Cabe recordar que durante los meses más duros de la pandemia los boxes en el asfalto para permitir un mayor número de mesas afuera, cuando había restricciones en superficies cubiertas, lograron un repunte o un sostenimiento de muchos comercios, jaqueados por la cuarentena.
Pero con la normalización de la vida urbana, todos o la gran mayoría de los boxes siguen en pie y los locales habilitaron todo el factor ocupacional en sus locales. Hoy es un factor de roce entre vecinos y comerciantes, particularmente en la zona de Pichincha.
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Una herramienta en pandemia. Las mesas de los bares sobre la calle ayudaron a la gastronomía a sobrevivir en las fases más restrictivas.
marcelo ruben bustamante
“Creemos que lo que se implementó como una solución excepcional, temporal y provisoria para evitar la propagación del virus, hoy atenta directamente contra la convivencia. Es más, si se aplicara la ordenanza, podría habilitarse solo una isla callejera por cuadra. Claramente no es el escenario que estamos viviendo. Hay una actitud anárquica y sin aparente control del municipio”, declaró Gigliani y mencionó varios ejemplos de invasión a garages, veredas de vecinos linderos y hasta boxes en el carril de circulación de las calles.
“Existen bares que han triplicado en forma gratuita el factor ocupacional por el cual fueron habilitados. Por eso queremos saber si, como exigía la ordenanza sancionada por el Concejo Municipal, los comercios están pagando el canon correspondiente”, explicó la edila al hacer referencia a una cantidad importante de fondos que no se están recibiendo en las arcas municipales y cuyo destino era el Fondo Compensador del Transporte.
Espacios de descanso
En el 2017, el Concejo aprobó un proyecto del concejal Martín Rosúa, para regular las denominadas islas callejeras. Se trataba de espacios de descanso y estructuras que se podían montar en la vía pública, ocupando los boxes de estacionamiento con el objetivo de ampliar la actividad de los comercios e instituciones culturales de la ciudad. Incluso se habían pensado para bibliotecas.
El proyecto no fue reglamentado por la gestión de la ex intendenta Mónica Fein. Sin embargo, ante las urgencias que enfrentó el sector gastronómico durante la pandemia, Pablo Javkin reguló las islas por el decreto 1259, “sin respetar lo estipulado en la ordenanza original (de 2017)”.
Entre las distorsiones de los permisos y puntos originales contemplados en la norma, se establecía que las islas estarían habilitadas para uso público, sin necesidad de consumir en el local gastronómico. Algo que en la realidad no ocurre y sentarse es sinónimo de consumir.
Precaria y desmontable
La estructura de la isla era precaria, desmontable, temporaria, con plantas y vegetación y si se extendía hacia el frente de un vecino, debía contar con la expresa autorización del mismo. Y nunca podía estar en un carril exclusivo del transporte.
El decreto de Javkin también otorgó la utilización del espacio con una naturaleza precaria y no obliga a concederlo a todos quienes lo solicitan. Es decir que es algo discrecional.
“Se intenta garantizar la convivencia, pero se permite un ruido urbano en las calles las 24 horas. En muchos lugares, como en Pichincha, la gente está que arde. Además, a la mayoría de los bares les conviene alquilar un local de un metro cuadrado; total hacen caja en el espacio público. De inmediato hay que ordenar esto”, consideró Gigliani para insistir: “Si se lucra con las islas y se establecía un canon locativo, el municipio debe cobrarlo y destinarlo a reforzar el transporte”.