La interna del Frente Progresista arde en la ciudad. Un edil radical presentará hoy una iniciativa elaborada junto al PRO, en otra jugada tendiente a abrirle camino a un posible armado de Cambiemos en el Concejo Municipal. Además, el proyecto que se difundirá en rueda de prensa está llamado a generar un fuerte cortocircuito con el Ejecutivo ya que busca crear un área autónoma para investigar posibles irregularidades en la Intendencia, controlada por la primera minoría opositora en el Palacio Vasallo.
Hoy a las 10, los concejales Martín Rosúa (UCR), Alejandro Rosselló (PRO) y Diego Giuliano (PJ) presentarán el proyecto que promueve la creación de una Oficina Municipal Anticorrupción, un organismo independiente del Ejecutivo para garantizar la transparencia en la gestión local.
Entre las adherentes de la iniciativa se encuentra la presidenta del Concejo, la también radical Daniela León. Se trata de una de las espadas del interbloque oficialista en la búsqueda de acuerdos con los otros bloques para sancionar las iniciativas clave de la gestión que encabeza Mónica Fein.
De esta forma, Rosúa y León darán otro paso en su armado político en el que empiezan a mirar de reojo al frente Cambiemos como posible herramienta para la disputa electoral de 2017, en sintonía con la posición orgánica de la UCR, junto al macrismo y enfrentando al socialismo.
Además del trasfondo político de la propuesta, el contenido de la iniciativa promete generar revuelo con el Ejecutivo. Ocurre que propone crear un organismo con "independencia funcional y autarquía financiera" para promover "la ética y la transparencia en la gestión de lo público, y de prevenir e investigar las conductas contra la corrupción".
En la actualidad existe una repartición que se encarga de esas tareas, pero depende de la Intendencia en lo administrativo y financiero. Y recibe instrucciones políticas del gobierno municipal.
Entre las funciones de la Oficina Anticorrupción local se destaca la facultad de "proponer un sistema de sanciones especialmente diseñado para actos de corrupción que tenga por finalidad desincentivar eficientemente este tipo de conductas".
Además, estará habilitada para recibir denuncias de particulares, funcionarios y empleados públicos y realizar "las investigaciones preliminares que resulten pertinentes".
En caso de existir sospecha fundada de la comisión de un ilícito, la Oficina tendrá entre sus funciones impulsar sumarios administrativos o bien acciones judiciales civiles o penales.
En paralelo, podrá llevar un registro de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, controlando las situaciones que pudieran constituir enriquecimiento ilícito, conflicto de intereses o incompatibilidad en el ejercicio de la función pública.
De acuerdo al texto que hoy se difundirá, cuando de la investigación resulte la existencia de presuntos incumplimientos a normas administrativas, las actuaciones pasarán con dictamen fundado al intendente y al presidente del Concejo, y al funcionario de mayor jerarquía administrativa de la repartición de que se trate. Y servirán de cabeza del sumario que deberá ser instruido por las autoridades.
La propuesta encomienda al municipio a incluir en el presupuesto anual la partida necesaria para el cumplimiento de la misión y las funciones del organismo.
Y se fija un plazo de 60 días para el dictado del reglamento interno del organismo a partir de la designación del director de Transparencia y Anticorrupción.
