El conflicto por 12 hectáreas del barrio Cullen sumó ayer un nuevo capítulo luego de que se celebrara en Tribunales otra audiencia entre la empresa propietaria de las tierras, los vecinos que corren riesgo de ser desalojados y los Estados municipal y provincial. La abogada patrocinadora de las más de 400 familias que hace 30 años viven en el lugar, y sobre quienes pesa una orden de desalojo, presentó un plan de urbanización de la zona bajo la figura de un fideicomiso que permita a los vecinos comprar los terrenos en donde tienen levantadas sus casas. El Estado se comprometió a avanzar en el borrador del convenio y a realizar un cronograma de relevamiento de la zona.
Por su parte, el representante legal de la empresa dueña de las tierras sostuvo que si para la fecha fijada para el desalojo —el próximo 15 de abril— no se resuelve la situación, exigirá que se ejecute la expulsión de los vecinos.
La audiencia de ayer tuvo lugar a las 10.30 en el primer piso de los Tribunales provinciales (Balcarce 1650). Presidida por la jueza de Circuito de la 5ª Nominación, Stella Maris Bertune, el objetivo del encuentro que reunió a las distintas partes que intervienen en el conflicto fue buscar una solución alternativa al desalojo de las más de 3 mil personas que viven en las manzana comprendidas entre avenida Sorrento, Cullen y el arroyo Ludueña.
El plan. La abogada Analía Carrió, que patrocina a los vecinos de barrio Cullen, expuso lo que denominó el "plan de urbanización integral de barrio Cullen". El proyecto parte de considerar las tierras en conflicto como un loteo social y, a través de la figura del fideicomiso, permitir la compra de parcelas de terrenos a quienes tienen sus casas en ese lugar.
"Durante los años que han transcurrido desde que se inició el proceso los vecinos siempre han planteado la posibilidad de la compra de la tierra", explicó la letrada. Es que el conflicto por la ocupación de ese sector de la ciudad se remonta a 1999, cuando la empresa Compañía de Tierras Santafesinas comenzó a reclamar el desalojo de esos terrenos que había adquirido en 1984 y a los que no había dado uso.
En 2003 la empresa planteó la posibilidad de que los terrenos fueran expropiados por la provincia. Recién en 2010 el proyecto fue presentado al Concejo: el terreno fue declarado de utilidad pública y quedó sujeto a expropiación. Sin embargo, nunca llegó a la Legislatura provincial. En diciembre pasado, ingresó a la Cámara de Diputados a través de un proyecto de Carlos del Frade, del Frente Social y Popular.
En primera persona. Marcela Rosales es una de las vecinas que hoy se ve afectada. Tiene 45 años y desde hace 27 vive en una de las 12 manzanas que están en riesgo de desalojo. "Los propietarios de los terrenos quieren que nosotros desocupemos el espacio para vender el predio. Nosotros queremos comprar los terrenos, no queremos que nos los regalen", remarcó Marcela, que estuvo presente en la audiencia.
"Yo llegué ahí porque no tenía dónde vivir. Mi primera casita fueron tres paredes de chapa y una de barro. Ahí era todo un relleno sanitario. A medida que fueron llegando personas a vivir ahí fuimos gestionando para que el Estado hiciera más obras. Yo de esa casita tan precaria, ahora tengo una casa de material que está bien hecha", contó Marcela, que es ama de casa y, como puede, avanza en sus estudios de la licenciatura en Trabajo Social.
El objetivo del fideicomiso es que cada uno de los vecinos que tienen ordenados el desalojo para el próximo 15 de abril pueda pagar las tierras en las que viven a través de la retención del 20 por ciento de sus ingresos.
"Muchos tienen Asignación Universal. Otros tienen trabajos en blanco. Hay que avanzar en convenios para que les retengan ese porcentaje y así en 6 o 7 años pueden terminar de pagar el terreno", remarcó Carrió.
"Nosotros insistimos que el Estado, tanto el municipal como el provincial, tienen que dar respuestas a esta cantidad enorme de familias, para que tengan propiedad sobre el lugar en que habitan y que ya es un derecho adquirido. Hay una gran voluntad de la mayoría de las familias de adquirir este lugar", dijo al respecto la concejala Celeste Lepratti, que acompañó a los vecinos en su reclamo.
En la audiencia de ayer se fijó fecha para un próximo encuentro: será el próximo 15 de marzo en la sede local de Gobernación. Los representantes del municipio y la provincia se comprometieron en avanzar en el borrador del convenio y a realizar un cronograma de relevamiento territorial de la zona.
Por su parte, el representante legal de la compañía de Tierras de Santa Fe sostuvo que si para la fecha fijada para el desalojo —el próximo 15 de abril— no se resuelve la situación, exigirá que se ejecute la expulsión de los vecinos.
