Tras varios meses de conflicto y negociaciones incluso en sede judicial, la semana pasada terminó el proceso de desalojo de unas 30 familias que vivían en un asentamiento precario en la zona del Bajo Ayolas, frente al Acceso Sur. Ayer una pala mecánica y tres operarios de Higiene Urbana trabajaban en el tramo de la barranca que va de Rueda a Gaboto, donde aún quedan algunas casas de material cuyos dueños no aceptaron los "cheques" de entre 25 mil y 80 mil pesos que la provincia les pagó a los vecinos para que aceptaran irse.
El argumento oficial fue que se trataba de una zona con riesgo de desmoronamiento a la que ahora recuperará como espacio verde, con miras a avanzar con parquización al menos hasta Uriburu. En cambio, para la concejala del Frente Social y Popular, Celeste Lepratti, el desalojo evidencia una "completa falta de política de Estado en materia de vivienda" y no descartó "intereses y especulación inmobiliaria a futuro".
La pelea arrancó en noviembre pasado, cuando unas 15 familias humildes asentadas en terrenos fiscales sobre la barranca que da al Acceso Sur, en la zona conocida como Bajo Ayolas, denunciaron que la Municipalidad había tirado abajo varias de sus viviendas después de ofrecerles dinero para abandonar el resto en el transcurso de un mes. En ese momento, la respuesta de la gente fue armar un piquete sobre la traza.
Dos meses más tarde, recordó ayer Lepratti, decidió acompañar a un grupo de 30 familias de la zona a presentar un recurso de amparo y un pedido de informes contra la Municipalidad y la provincia por nuevos "desalojos que fueron realmente violentos".
En el medio se produjo incluso otro incidente que llevó a una nueva presentación judicial y a una reunión con el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, luego de que una noche apareciera en el lugar "una camioneta Amarok negra, sin patente, de la que bajaron tres hombres y una mujer que entraron armados a una vivienda para amenazar a la gente diciéndole: «Se dejan de joder y se van»".
Por esos días, la titular del Juzgado Civil Nº 11, donde recayó el expediente, Delia Giles, llamó a una audiencia para acercar posiciones entre los vecinos y representantes del Estado municipal y provincial. En la reunión, de la que participó Lepratti, la jueza recomendó que continuaran los encuentros para lograr consensos.
Pese a su posición crítica, la edila admitió que entre los argumentos que esgrimió entonces la Intendencia para que las familias se mudaran había uno "atendible": el riesgo de desmoronamiento de la barranca por las copiosas lluvias y la crecida del río en el marco del fenómeno de El Niño.
Y de hecho, en ese momento fuentes de la Municipalidad adujeron que las familias estaban asentadas "sobre la barranca, muy cerca de la línea de agua, bajo peligro de derrumbe e inundación", lo que los puso dentro del protocolo de monitoreo.
Lo cierto es que, a lo largo de esos contactos, a las familias sólo se les ofreció dinero para radicarse en otro lugar.
Tanto Lepratti como uno de los vecinos que rehusó la oferta y aún permanece viviendo en una casa de material a metros del área desalojada, Elías Reynoso, contaron a LaCapital que los montos entregados para dejar el lugar rondaron entre los 25 mil y los 80 mil pesos.
Lepratti se escandalizó ante el mecanismo. "Eso no puede ser una política de Estado", porque "claramente, a pesar de lo que declamó el municipio, nunca se reubicó a nadie, sino que solamente se entregó dinero y la mayoría de las familias terminaron hacinadas en casa de parientes o agrandando otros asentamientos".
Según la concejala, "tampoco hubo seguimiento" de esos hogares, que quedaron "diseminados" en distintos lugares de la ciudad, con "los chicos desarraigados de su escuela y del centro de salud donde tenían sus historias clínicas".
"Reubicación". Quien estuvo al frente del desarmado de las casillas por parte de la provincia fue el coordinador del Programa de Integración Social y Urbana de la Secretaría del Hábitat, Luis Baita. "No fue un desalojo, sino una reubicación de las familias", aclaró el funcionario, ex subsecretario municipal de Prevención y Convivencia Ciudadana, quien afirmó que la medida fue producto de un trabajo "coordinado" entre el gobierno local y provincial.
Pero Lepratti lo refutó. "Fue un desalojo y a los vecinos apenas si se les ofreció un cheque", afirmó, sin que quedaran "incorporados en ningún plan de relocalización".
