Piden una nueva legislación y más controles a la caza en la provincia

La odisea de un ejemplar de ciervo axis por el centro rosarino el fin de semana pasado actualizó un debate nunca saldado sobre la práctica de la caza en la provincia, un tema que expone problemas ambientales graves como la introducción de especies exóticas, el tráfico ilegal de fauna y la contaminación por plomo que la caza genera en humedales y ríos.

También visualiza los escasos o nulos controles estatales que existen para combatir esos flagelos y lo mal preparadas que están las ciudades ante la aparición de animales no domésticos en la trama urbana, algo —más allá del caso del ciervo— muy frecuente en épocas de crecida del Paraná cuando es común ver coipos, culebras y hasta yacarés cerca de la costa.

A raíz del último caso del ciervo (desde la ONG Mundo Aparte afirmaron que ya aparecieron 6 en la ciudad en los últimos tiempos), referentes ambientalistas de Rosario y Santa Fe y diputados provinciales pidieron que se actualice la legislación sobre caza en la provincia y que el Ejecutivo garantice mejores controles y presupuesto para el área de Ambiente.

También reclamaron por la conformación de un cuerpo de guardafaunas profesional que pueda operar en todo el territorio con recursos adecuados y acordes a lo que exige el territorio y la biodiversidad de Santa Fe.

Denuncias

"Todo lo relativo a la caza deportiva en Santa Fe es escandaloso por donde se lo mire porque compromete el ambiente y la biodiversidad pero también a la salud de la población y al mismo sistema productivo por la contaminación con plomo" dijo Rafael Colombo de la ONG Capibara con sede en la capital provincial.

Por su parte, María Ester Linaro, pionera de la defensa de la ecología a nivel regional, ex directora del zoológico de Rosario y actual directora del refugio Mundo Aparte, también salió con los tapones de punta: "Las autoridades provinciales niegan la existencia de cotos de caza, pero creo que es porque le pusieron otro nombre como «operadores cinegéticos». Mi pregunta entonces es: quién controla a los que tienen que controlar", agregó.

Según los ambientalistas hay más de una decena de prestadores turísticos donde se hace caza ilegal con plomo, a pesar de que el uso de ese tipo de municiones está prohibida en la provincia desde hace dos años.

Por su parte, la diputada provincial Alicia Gutierrez —que ya presentó tres veces un proyecto de ley para prohibir esa actividad sin que avanzara en la Legislatura— argumentó que, "si bien la provincia dice que no hay cotos de caza autorizados nos consta que hay cotos de caza clandestinos".

Un diseño institucional que todavía mezcla las competencias de Ambiente y Producción (dos áreas totalmente incompatibles) y el magro presupuesto del ministerio de Ambiente (que este año fue desfinanciado por efecto de la inflación) empeoran el cuadro de situación.

Proyecto fallido

Gutiérrez (que pertenece al partido Solidaridad e Igualdad) presentó un proyecto de ley para prohibir la caza deportiva en Santa Fe en 2014, en 2016 y en agosto pasado, sin que por ahora la propuesta pudiera avanzar en ese cuerpo legislativo.

En su argumentación, la diputada sostiene que existen alrededor de 15 establecimientos de caza en el territorio provincial que "alteran el equilibrio natural por la introducción de especies exóticas y de los cursos de agua por el plomo contenido en las municiones".

La legisladora sostuvo además que, según un relevamiento realizado por organizaciones ecologistas, esos establecimientos están ubicadas sobre todo en el centro-norte provincial cerca de las localidades de San Javier, Alejandra, Helvecia, Calchaquí, Fortín Olmos, Santa Rosa de Calchines, Aguará Grande, Vera y Pintado, La Cabral e Intiyaco.

"Desde la provincia nos decían que no se puede prohibir algo que no existe, pero tenemos firmes sospechas que en Santa Fe se le pone precio a la cabeza de un pecarí, de un jabalí y de un puma" señaló la legisladora.

Es que para el gobierno provincial los cotos de caza "no existen porque no figuran en la legislación". Así lo explicó Javier Rafaelli, director de Recursos Naturales de la provincia, que detalló que "lo que existe es el turismo cinegético".

"La provincia prohíbe la caza en general aunque habilita determinados tipos como la comercial, la deportiva y la de investigación, así como la que sirve para el control de especies exóticas" agregó por su lado Rafaelli.

Propuestas

Desde Capibara trabajan desde hace años en la elaboración de un proyecto de ley para prohibir la caza deportiva en la provincia sobre la base ética de ponerle fin a "un turismo que sólo sirve para matar".

A eso se sumó el pedido de la constitución de un cuerpo de guardafaunas que trabaje de manera profesional con recursos adecuados, algo que al día de hoy —según explicó el abogado— todavía sigue siendo materia pendiente.

"Queremos ponerle fin a la actividad de establecimientos disfrazados de emprendimientos turísticos que combinan tráfico ilegal de fauna con matar por placer. Creemos que existe afinidad entre estas economías delictivas que ademas a veces incluye trata de personas según se ha denunciado públicamente" agregó Colombo.

Plomo letal

Según la investigación "Los riesgos de la contaminación por plomo generada por la caza en humedales de Argentina" publicada por la Universidad del Centro (Unicen) en 2013, el plomo "es un metal pesado capaz de contaminar el ambiente y afectar la salud de los animales y las personas".

"En los humedales se acumula como remanente en la cadena trófica y puede permanecer como contaminante activo durante siglos" destaca el trabajo de esa universidad pública que tiene sede en Tandil.

Si bien desde 2016 la provincia prohibió definitivamente el uso de munición de plomo en los humedales provinciales ambientalistas, legisladores y guardafaunas honorarios aseguran que se sigue usando para actividades de caza, poniendo en peligro tanto los cursos de agua como la salud de humanos y otros animales.

Menos plata para el ambiente

En el presupuesto provincial de 2018 al Ministerio de Ambiente se le asignaron 228 millones de pesos contra 200 millones en 2017. Un monto que si bien significó una suba porcentual nominal del 14 por ciento quedó pulverizado por la inflación. Pero además la asignación para el cuidado del ambiente en el último presupuesto aprobado fue de 228.946.000 pesos, un 0,11 por ciento del total. Un porcentaje inferior al de 2017, cuando el presupuesto ambiental fue el 0,12 del total. Finalmente el rubro "Monitoreo de flora, fauna y áreas naturales" tuvo este año una asignación de 800 mil pesos, menor a la partida del presupuesto 2017 cuando se destinó 1 millón de pesos. Todos números a la baja.