El Concejo Municipal aprobó este jueves un pedido de informes para que el Ejecutivo local realice un relevamiento exhaustivo del sistema de cámaras de videovigilancia del municipio, a partir del fallecimiento del joven afrodescendiente Giovani Mvogo Eteme, el joven jugador de vóley de Central Córdoba, cuyo cuerpo apareció sin vida en la zona del Parque España el pasado 28 de noviembre de 2024, causa caratulada hasta el momento como "muerte dudosa" luego de que se catalogara en una primera instancia como "posible suicidio".
El proyecto surgió por iniciativa de la concejala del bloque Justicialista Julia Irigoitia, tras la aprobación correspondiente de la comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana, que lleva las firmas del vicepresidente 1º del Concejo, Lisandro Cavatorta (Bloque Justicialista), Federico Lifschitz (Bloque Socialista), Franco Volpe (Vida y Libertad), Carlos Cardozo (PRO) y Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular).
De qué se trata el proyecto
En síntesis, el proyecto propuesto por Irigoitia solicitó al Ejecutivo municipal que, conforme al plazo establecido por el decreto Nº 692/09 de Acceso a la Información Pública, informe sobre cantidad total de cámaras de seguridad instaladas actualmente y especifique cuántas se encuentran en funcionamiento y cuántas fuera de servicio.
A su vez, entre otros puntos pretende precisar principales problemas detectados en el sistema y su frecuencia, protocolo de actuación vigente ante fallas: plazos y acciones para remediarlas; medidas adoptadas para suplir el monitoreo en zonas sin cámaras operativas y licitaciones, compras o planes previstos para la incorporación de nuevas cámaras y mejoras tecnológicas.
>>Leer más: Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: la hipótesis del suicidio parece estar cada vez más lejos
Al argumentar el pedido de informes, la concejala justicialista expuso en la sesión desarrollada este jueves por la tarde que los motivos que la llevaron a realizar esta presentación está tiene estrecho vínculo con la muerte de Giovani, ocurrida el pasado 28 de noviembre de 2024 y que aún se encuentra bajo investigación de la fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Mariana Prunotto.
Uno de los puntos mencionados tanto por el Centro de Asistencia Judicial (CAJ) y la familia del joven, deceso que en un principio se la asoció a un caso de suicidio en base al informe preliminar del Instituto Médico Legal (IML), fue justamente la falta de la cadena de custodia y el protocolo llevado a cabo.
En ese marco, se expuso una deuda crítica en el accionar de los organismos públicos encargados de garantizar el acceso a las pruebas audiovisuales que hubieran contribuido con el esclarecimiento del caso.
A nueve meses del fallecimiento y ante la persistencia de zonas incongruentes en la causa, resulta imprescindible conocer con precisión el estado actual del sistema de cámaras municipales, los procedimientos vigentes de control, los protocolos de actuación ante fallas y las estrategias previstas para garantizar el funcionamiento integral del sistema, según trascendió.
Protección de derechos
En ese marco, fuentes consultadas por La Capital indicaron que el acceso a este registro de imágenes resulta clave tanto para el fortalecimiento institucional como para garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas, particularmente en situaciones de riesgo o violencia.
Además de las desprolijidades apuntadas tanto por la CAJ como por la querella en cuanto a la cadena de custodia y protocolo en la escena del hallazgo, otro de los puntos que contribuyen a la nebulosa que concierne al caso es que la cámara de videovigilancia ubicada sobre la fachada este del Parque de España no funcionaba, al igual que dos cámaras privadas.
Ocurre que la particularidad es que una de las cámaras que pudieran haber visto el recorrido de Giovani y poder corroborar si participó de una pelea o fue víctima de un robo violento dejó de funcionar entre el lapso aproximado que se denunció el hallazgo del cuerpo.
