Un ex juez civil y comercial de Rosario y un ex empleado del Banco Municipal fueron condenados a 5 y 3 años de prisión, respectivamente (el magistrado efectiva domiciliaria y el empleado condicional), luego de reconocer que participaron en las escandalosas estafas defraudatorias con fondos judiciales paralizados en la entidad. Para evitar la exposición de un caso que iba a juicio oral y público, los acusados cerraron su situación en un trámite abreviado. Otro juez y un martillero siguen involucrados en el proceso judicial.
El 18 de agosto pasado La Capital publicó que la Cámara Penal de Rosario había ratificado la investigación judicial de la emblemática causa de las estafas con fondos judiciales en perjuicio del Banco Municipal, que en 2012 desató un escándalo en los Tribunales provinciales de Rosario.
En el hecho quedaron acusados de integrar una asociación ilícita dos jueces civiles, un martillero y un empleado bancario. La Fiscalía ya había formalizado el pedido de penas con prisión efectiva para los involucrados. El debate oral y público, a instancias de la Cámara Penal, debía comenzar no más allá de noviembre.
Sin embargo, dos de los principales acusados decidieron evitar la exposición y el debate público. Y en medio de tratativas y cambios de estrategias de ultima hora, decidieron reconocer su participación en los hechos, aceptar los delitos achacados y acordar la pena.
Se trata del ex juez civil y comercial Alejandro Pedro Martín, de 53 años, en cuyo juzgado se libraban oficios de cobro por juicios falsos, quien pactó una condenada a cinco años de prisión efectiva. El magistrado, patrocinado por la defensora oficial Marianella Di Ponte, cumplirá la sanción en su domicilio debido a una particular situación de salud de su hija menor de edad, que está bajo su cuidado.
El infiel empleado del Banco Municipal, T.M.E., de 49 años, es otra de las personas condenadas. En el marco de la investigación se determinó que su aporte, consistente en brindar datos de las cuentas inmovilizadas, fue elemental para perpetrar el desapoderamiento.
El acusado reconoció voluntariamente los hechos que le atribuyeron, aceptó el encuadre legal de los delitos y acordó una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional.
El juez Martín fue condenado como jefe de una asociación ilícita, falsedad ideológica y material de instrumento público, defraudación, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En tanto, el empleado del banco fue acusado como integrante de la asociación ilícita, 20 hechos de defraudación consumado, y al menos cinco tentativas. Al detectar las cuentas inmovilizadas, le pasaba el dato al martillero Oscar Kovaleski, el otro acusado junto al ya jubilado juez Jorge Norberto Scavone, también imputado como parte de las maniobras.
Etapa
Los hechos, que en su momento denunció ante la Corte Suprema de Justicia el propio Banco Municipal, se consumaron según la investigación entre noviembre de 2010 y octubre de 2012.
Se triangulaban desde los juzgados de Martín y Scavone, que firmaban resoluciones y órdenes de embargo falsas, y lograban transferencias de los fondos resguardados de causas o litigios donde se habían realizado retenciones por distintos motivos, pero, como no eran reclamados, quedaban inmovilizados en el banco.
Luego se transfería el dinero a una cuenta judicial a nombre del juzgado. Los abogados involucrados y el martillero inventaban expedientes, y a través de oficios con la firma del juez obtenían las ordenes de pago a su favor. Después, la mecánica era una rutina: pasaban a cobrar por la ventanilla del banco.
En la sumatoria de extracciones parciales y movimientos bancarios se pudo comprobar que el grupo obtuvo cerca de 1 millón 50 mil pesos (pudo haber sido mucho más dinero), según la documentación detectada en el juzgado Civil y Comercial Nº 17 a cargo de Martín, y otros 250 mil pesos del juzgado Civil y Comercial Nº 1, donde se desempeñaba Scavone.
Ayer se realizó una audiencia en el Centro de Justicia Penal (CJP), instancia donde la jueza Silvia Castelli llevó a cabo el control de legalidad del acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, homologó el juicio de trámite abreviado y dictó la sentencia que determinó las condenas al juez Martín y al empleado bancario T.M.E.
Aún resta determinar la situación del juez Scavone y de uno de los principales acusados, el martillero Kovalevski. Este último como organizador de la asociación ilícita que concretó las maniobras. Para ambos, durante la audiencia preliminar al juicio, que será la semana próxima, la Fiscalía solicitará la prisión preventiva efectiva.
El ex secretario del juzgado de Martín, Ricardo Lavacca, ya había sido condenado en 2019 a tres años de prisión condicional, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por cuatro años e inhabilitación especial para integrar el Poder Judicial por diez años. También se declaró culpable en un juicio abreviado.
Cuando se conoció el caso en 2012 y mientras la investigación era incipiente en el juzgado de Instrucción Nº 12, rápidos de reflejos y tras aportar información que abrió una caja de pandora, los abogados Luciano García Montaño y Jorge Heter, fueron condenados en 2013 a tres años de prisión en suspenso, y entre 5 y 7 años de inhabilitación para ejercer la profesión, respectivamente.
