La organización Mujeres Tras las Rejas y la Asociación Pensamiento Penal de Rosario cuestionaron el proceso judicial contra una mujer en condiciones de extrema vulnerabilidad social, madre de siete chicos, que fue detenida hace diez meses acusada por la tentativa de robo de una bicicleta en la peatonal San Martín, y que en pocos días será llevada a un juicio oral y público con un pedido de pena de cinco años de prisión efectiva. Solicitaron soluciones alternativas y una mirada integral del caso.
“Frecuente y lamentablemente observamos la realización de procesos penales contra mujeres pobres por hechos que se considerarían insignificantes”, advierten las organizaciones en un documento bajo el capítulo “juicios de clase y género”, que elevaron al fiscal Gastón Avila, de la Unidad de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Las entidades se hicieron eco del legajo penal que tramita el funcionario y tiene como detenida y acusada a Natalí R., una mujer de 34 años en situación de calle que transitó su infancia en un hogar de huérfanos, tiene siete hijos que están a cargo de las abuelas porque los padres están ausentes, y ella sobrevive con mínimos recursos materiales y simbólicos.
La mujer está detenida en la Unidad 5 desde el 3 de junio de 2020 por un hecho ocurrido a las 14 de ese día en peatonal San Martín entre Rioja y San Luis, cuando un hombre advirtió que le había sustraído la bicicleta playera de la puerta de la empresa Claro.
Natalí R. alcanzó a caminar unos metros con el rodado a la par, pero su dueño le dio alcance y la retuvo en San Martín y Rioja a hasta que llegó la Guardia Urbana Municipal (GUM) y luego la policía.
El caso fue tomado por el fiscal de Flagrancia Gastón Avila (hoy se desempeña en la Unidad de Homicidios Dolosos) quien tras reunir evidencias, pruebas y antecedentes, acusó a la mujer y elevó la causa para que se dirima en un juicio oral y público, que según muestra la agenda judicial comenzará el 1º de junio.
Según la acusación, se le achaca a la mujer la autoría de “tentativa robo de vehículo dejado en la vía publica”. El debate será dirigido por el juez Florentino Malaponte y la acusada contará con la asistencia de la defensora del Servicio Público de la Defensa Penal, Andrea Siragusa. El fiscal adelantó que pedirá dos años de prisión por ese hecho, y la unificación con la pena condicional dictada en 2019, lo cual suma cinco de años de prisión.
Cuando el Estado aparece, pero para castigar
Los términos y condiciones del proceso penal contra la mujer fueron duramente cuestionados por Mujeres Tras las Rejas y la Asociación Pensamiento Penal. “Es una locura, una exageración pensar que una mujer en extrema condición de vulnerabilidad social pueda pasar cinco años presa por intentar robarse una bicicleta”, consideró la abogada Bernardette Blua, integrante de Pensamiento Penal.
En una nota que las dos organizaciones elevaron al fiscal y a las autoridades del MPA se remarca en primer término que Natalí está en prisión efectiva hace diez meses, y que su salud mental y física sufrió un deterioro preocupante. Pero principalmente recalcan que fueron “estructuralmente ignoradas por el Estado, ausente durante toda la vida, pero que ahora interviene para perseguir y aplicar una pena a una mujer en claro estado de vulnerabilidad”.
Las dos entidades que trabajan dentro de los penales y establecimientos carcelarios expresaron su preocupación por el tratamiento judicial del caso, y por “la negativa de aplicar un criterio de oportunidad en este tipo de causa, y por el contrario, decidir llevarla a un juicio oral. Consideramos que el hecho viola la exigencia constitucional de respeto de la racionalidad, del uso del poder punitivo como último recurso, y de no discriminación por razones de género”.
Salida alternativa y criteriosa
Recuerdan que no se puede desconocer la condición social y de vulnerabilidad de la mujer (vivió en un hogar de huérfanos entre los 8 y 12 años) a la hora de “buscar resoluciones alternativas”, lo cual además puede contribuir al acceso de justicia de determinados sector sociales. Además de remarcar que resulta “irracional e infundado” el pedido de pena de cinco años.
“Observamos con gran preocupación que se vuelquen recursos para llevar este caso a juicio oral, cuando en la ciudad hay elevados índices de homicidios, narcotráfico, violencia, lavado de activos y corrupción de funcionarios públicos. Los recursos deberían reservarse para tales situaciones, que realmente son graves y ponen en riesgo la paz social”, advirtieron Brenda Brex, presidenta de la ONG Mujeres Tras las Rejas, y María Eugenia Covacich, vicepresidenta del capítulo Santa Fe de Pensamiento Penal.
El 22 de noviembre de 2011 el juez José Luis Suárez dictó la sentencia 798 y condenó a Natalí a tres años de prisión condicional por dos hechos de robo, uno en grado de tentativa y el otro consumado. Ya en ese momento se acordó entre la defensa y la Fiscalía la necesidad de un abordaje integral para la mujer por su endeble situación social. Incluso, entre las reglas de conducta se ordenó que debía cumplir tratamientos médicos y psicológicos.
