No tienen familias ni vínculos cercanos, no tienen otro lugar donde vivir ni un modo de sobrevivir económicamente, pero tampoco tienen un criterio clínico para permanecer internados en alguno de los tres hospitales psiquiátricos que aún funcionan en la provincia: Colonia Abelardo Irigoyen Freire, en Oliveros; Hospital Agudo Ávila, en Rosario; y Hospital Emilio Mira y López, en Santa Fe. Sin embargo, esa es la situación que atraviesan, en algunos casos desde hace ya más de una década, más de 160 personas que residen en los tres efectores santafesinos.
Los casos fueron relevados en un informe que llevó adelante el Órgano de Revisión y Promoción de los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud Mental (Orsmsfe). "Son personas que no pueden tener un proyecto terapéutico o de externación porque no hay oferta de vida afuera para ellos", dijo la secretaria ejecutiva del órgano, Lucrecia Faccioli, quien solicitó al Ejecutivo provincial la conformación de una comisión interministerial para el abordaje de la situación.
El órgano, que funciona bajo la órbita de la Defensoría del Pueblo, aunque, de acuerdo a su conformación legal, trabaja de manera autónoma, está integrado no sólo por reparticiones del Estado y representantes de la Defensoría, sino además por miembros de la Dirección de Salud Mental de la Secretaría de Derechos Humanos, asociaciones civiles de usuarios de los servicios de salud mental y trabajadores. Así, el organismo solicitó "por unanimidad" abordar la problemática interministerialmente.
El origen del relevamiento realizado en los tres hospitales monovalentes de la provincia surgió de pedidos recibidos de los Tribunales provinciales para evaluar "los criterios de internación de las personas alojadas", indicó la secretaria quien inmediatamente señaló que el resultado en los tres casos fue el hallazgo de pacientes que se continuaban alojadas en esos espacios, en muchos casos por una o varias décadas, "sin tener un cuadro clínico que explicara la decisión de mantener esa situación".
Los más vulnerables
"Lo que sucede en los hechos con estas 163 personas que detectamos es que no tienen familias, no tienen casas, no tienen modo de sobrevivir, las alojan por las llamadas razones sociales, pero para nada por criterio de internación", detalló Faccioli que explicitó que "esa situación está expresamente prohibida por la ley de salud mental, una normativa que, a diferencia de lo que se dice muchas veces, permite las internaciones, incluso involuntarias, cuando hay un riesgo inminente, pero acá hay 160 personas en tres hospitales que lo que no tienen es una oferta de vida en el afuera".
De hecho, la secretaria del órgano de control de la normativa nacional señaló que quienes integran esta lista "son personas de la población más vulnerable, gente que lleva en muchos casos décadas en hospitales psiquiátricos sin tener vínculos que puedan sostenerlas ni restos de familias", y agregó: "Ciertamente en muchos casos probablemente se trate de personas que requieran cuidados y no puedan vivir solas porque sus vidas han sido devastadas, y allí es donde aparecen los obstáculos concretos que se deben sortear".
Si bien en la mayoría de estos casos se trata de personas que "fueron cronificadas dentro de los monovalentes" en las últimas décadas, no sólo se trata de personas adultas.
"También pedimos la intervención de Niñez, Adolescentes y Familia, como de Aprecod (Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento integral de las Adicciones) porque también son las infancias las que padecen estas internaciones prolongadas y las adolescencias", acotó Faccioli que, semanas atrás, ya pidió a la repartición provincial la modificación de las prácticas vigentes y la conformación de una "mesa de diálogo".
Un trabajo interministerial
Así como ocurre en otros lugares del país e incluso hacia adentro de la provincia, la resolución del órgano de control y promoción de derechos que conduce Faccioli apunta fundamentalmente a abrir una "mesa de trabajo y diálogo que establezca los lineamientos para sortear los obstáculos que aparecen en la aplicación de las normativas".
De hecho, señaló que es una herramienta que a nivel nacional ya existe a través de la Comisión Nacional Interministerial de Salud Mental y Adicciones (Conisma) en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros y, en ese marco, detalló que la propuesta busca poner en funcionamiento en Santa Fe lo que sería la Copismal (Comisión Provincial Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones), un espacio de coordinación interinstitucional e intersectorial que "trabajará en la plena implementación de los principios de la ley de salud mental".
"El Estado tiene la responsabilidad de garantizar una atención en salud mental de calidad, con internaciones breves y tratamientos personalizados en entornos adecuados", afirmaron desde el Orsmsfe, donde se proponen que ese espacio esté integrado por todos los ministerios justamente para garantizar lo que es un derecho, el de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad.
