El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), integrado por los rectores de las universidades públicas de todo el país —entre ellos Franco Bartolacci, titular de la UNR— salió al cruce del gobierno nacional tras el anuncio realizado el miércoles pasado de una recomposición salarial para los docentes del sector. Las autoridades de las casas de altos estudios expresaron que “no es cierto el planteo del gobierno nacional" y que "no hay ninguna solución real para la comunidad universitaria y científica del país”.
El miércoles pasado, el gobierno había anunciado que los docentes y no docentes universitarios recibirán un aumento salarial del 7,5 % entre septiembre y noviembre, además de adicionales excepcionales de $25.000 por cargo que se asignarán de manera proporcional a las distintas dedicaciones.
En medio de un paro nacional que comenzó con la semana y se extendió hasta ayer, porque hoy fue declarado "Día no laborable", el Ministerio de Capital Humano difundió un comunicado en el que destaca que el aumento es parte de una "política orientada a garantizar" el "funcionamiento y desarrollo" de las universidades.
La mirada de las universidades
Los rectores de las universidades públicas del país analizaron puntillosamente el texto de Capital Humano y emitieron un comunicado donde sentaron su opinión sobre el anuncio de aumento salarial.
“Lamentamos que, una vez más, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, opte por sumar confusión con información tergiversada y parcial, sin ofrecer ninguna solución real al problema que las universidades públicas del país atravesamos. El incremento salarial anunciado por redes sociales y medios de comunicación es el mismo que el Gobierno nacional informó semanas atrás: una decisión unilateral y sin el acuerdo de las representaciones gremiales”, remarcaron los rectores.
Las autoridades de las universidades destacaron que “no hay nuevas noticias ni mejores anuncios, sino una profundización de la crisis salarial sin precedentes que sufren los trabajadores de la educación superior".
En este sentido, explicaron que los aumentos establecidos por el gobierno nacional de 1.3 para junio, julio y agosto, 1.2 para septiembre y 1.1 para octubre y noviembre (el 7,5 al que se refieren en las comunicaciones), más los respectivos bonos, "solo consolidan la pérdida que mes a mes se acentúa respecto de la pauta inflacionaria registrada por los organismos oficiales”.
Los rectores entendieron que eso “es una situación muy lejana a la promesa de igualar, con el correr del año, la inflación del 2025 y sin ninguna perspectiva de recomponer el deterioro producido en el último año y medio. Es tan cierto que los aumentos salariales fueron del 111% en el período enero-24 a mayo-25, como que la inflación en el mismo período de tiempo registró un 146,6 %. Si se agrega diciembre de 2023, se extiende también el desfasaje y la pérdida se acentúa”.
“Además, los incrementos presupuestarios transferidos en el último año y medio, consecuencia de múltiples gestiones y manifestaciones realizadas por la comunidad universitaria y científica del país, solo compensaron en parte el deterioro escandaloso frente a la inflación de un presupuesto base construido con valores de octubre del 2022”, agregaron.
El reclamo de los rectores
Los siguientes son los principales puntos del crítico documentos de los rectores:
- La inversión en universidades nacionales en 2024 cayó 21,9 % en términos reales y se proyecta un retroceso adicional del 8,8 % en 2025, más la pérdida de diciembre de 2023. Más de 90 obras comprendidas en el Programa Nacional de Infraestructura Universitaria continúan paralizadas sin cumplir los contratos firmados por el Estado nacional.
- No hay actualización de becas y programas de asistencia a estudiantes universitarios. Lo transferido en concepto de hospitales universitarios no comprende a la totalidad de los existentes. Y la situación del sistema científico es terminal, puesto que, prácticamente, todas las líneas de financiamiento están cortadas.
- Reclamamos, una vez más, seriedad y madurez de las autoridades nacionales. La situación es grave, lo saben, y exige, más que sobreactuación, compromiso genuino y racionalidad para resolver el problema.
- Insistimos con la necesidad de aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, un instrumento responsable que resuelve el problema sin comprometer fiscalmente al Estado.
- Es imperioso que para el 2026 el Congreso apruebe un presupuesto. Todos los problemas que atravesamos derivan de la prórroga por segundo año consecutivo del presupuesto nacional, con la discrecionalidad y dificultades que ello habilita. Sin presupuesto aprobado, las universidades estamos en una situación límite.
- Reclamamos que vuelva a funcionar la paritaria nacional, ámbito que debería permitir acuerdos razonables que den respuestas también razonables a la angustiante situación que atraviesan docentes y nodocentes de las universidades.
- Reiteramos la disposición del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Una situación tan grave como la que atraviesa el sistema universitario y científico del país exige, de todos, responsabilidad de la que deben surgir soluciones que nos permitan cuidar y resguardar para el futuro aquello que en la Argentina está bien.
