Lifschitz echó a un funcionario por las inundaciones

El gobernador Miguel Lifschitz tomó ayer la primera decisión política a raíz de las inundaciones: le pidió la renuncia al secretario de Recursos Hídricos, Roberto Jorge Porta.

El desplazado funcionario es de extracción radical, cercano al diputado Mario Barletta y estaba bajo las órdenes de una de las principales espadas del gobernador en su gabinete, el ministro de Infraestructura, José León Garibay.

Porta fue además hasta el 2015 secretario de Obras Públicas y Recursos Hídricos de la Municipalidad de Santa Fe, y dependía directamente del intendente, José Corral.

Su salida coincide con el planteo efectuado ayer por el gobierno nacional, que remarcó que la Casa Rosada no financia obras hídricas en Santa Fe por falta de proyectos presentados.

Así lo planteó el viceministro del Interior de la Nación, Sebastián García De Luca, quien advirtió que en Santa Fe no se está ejecutando ninguna obra hídrica con fondos nacionales porque la provincia "no presentó ningún proyecto", mientras que en Córdoba están ejecutando once intervenciones por más de 200 millones de pesos.

"Con el gobernador hemos avanzado en la creación de un Comité de Cuenca y en la elaboración de proyectos en conjunto, donde se realizan las obras interprovinicales. Ya llevamos once obras en ejecución entre Córdoba y Santa Fe, obras ya iniciadas en Córdoba y que fueron aceptadas por Garibay, que hoy están haciéndose del lado cordobés, porque así se ha planificado, porque el gobierno cordobés ya ha enviado los proyectos", señaló el viceministro del Interior.

Luego agregó: "Ahora quedamos con el gobernador de Santa Fe que vamos a empezar a trabajar para que nos envíe los proyectos propios".

Freno judicial a una obra clave

El proyecto de estabilización de la cascada había sido licitado por la provincia en 2010 e iba a ser financiada a través de un crédito de 14 millones de dólares del Banco Mundial. Sin embargo, la obra se frenó y el financiamiento se cayó por una resolución judicial que hizo lugar a un amparo basado en la ley 10.00 de intereses difusos presentado por vecinos y ambientalistas. A fines del año pasado, provincia y municipio anunciaron un nuevo proyecto para intervenir sobre la cascada, según se planteó, tras destrabarse el litigio en Tribunales.