La oscura trama de una estafa detrás del accidente de un polista

El caso que ayer tuvo un imprevisto capítulo en el Centro de Justicia Penal (CJP) de Rosario remite a la dramática situación de Ignacio Ballesteros, quien tras casarse con la rosarina Gisella L. M., en 2010 tuvo un inesperado accidente al caer de una yegua en diciembre de ese mismo año. La mujer logró la curatela de su esposo en la Justicia y lo trasladó a Rosario.

Para apuntalar una rehabilitación compleja acondicionó una vivienda en el barrio San Eduardo, donde dispuso equipamiento necesario para la internación domiciliaria con terapeutas que asistían a Ignacio día y noche, y facturaban sus honorarios. Luego de presentar un amparo judicial en la prepaga Osde, Gisella logró que esa prestadora de salud le cubriera, por reintegro, todos los servicios.

A mediados de 2011, un incidente que tuvo repercusión mediática expuso la puja de intereses y tironeos entre los padres de Ignacio y Gisella. El 11 de junio de ese año, imprevistamente Ignacio fue trasladado por sus padres a Córdoba tras obtener un polémico recurso de amparo del juez federal de esa provincia, Ricardo Bustos Fierro.

Allí fue internado en un centro de rehabilitación. Pero los abogados de Gisella apelaron la medida y un Tribunal de Familia de Rosario ordenó que lo trasladaran nuevamente a esta ciudad, a instancias de una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo cual se concretó el 12 de septiembre.

En ese contexto, la curatela siempre estuvo en manos de la mujer. Y el caso estuvo atravesado por la mención a propiedades y bienes que el joven supo cosechar gracias a su carrera como polista y empresario criador de caballos, actividad que desarrolló hasta que sufrió el accidente en Duggan, a 18 kilómetros de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires.

Así, todos estos años Ignacio transcurrió bajo esos cuidados terapéuticos en la casa del barrio San Eduardo. Un crónica publicada por La Capital el 11 de noviembre de 2012 describió la rutina cotidiana de kinesiólogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos y enfermeras que lo cuidaban, rodeado de equipamiento que simulaba una sala de terapia intensiva.

Sobre diciembre del año pasado todo se precipitó. En una de las visitas a su hijo, los padres de Ignacio notaron la ausencia de Gisella. Preguntaron por ella a sus allegados, quienes les dijeron que estaba trabajando. Luego certificaron que había realizado un viaje al exterior, entre el 5 y el 12 de diciembre.

Eduardo Ballesteros, el padre de Ignacio, presentó entonces una denuncia por abandono de persona que no prosperó. Pero trató de impulsarla a través de un abogado particular, que solicitó pruebas a Osde sobre la cobertura médica y asistencia al paciente.

El 14 de enero de este año Ignacio fue internado en grave estado en el Sanatorio Parque con un cuadro de neumonía. "Nos dijeron que se moría, pero pudo salir", explicó Eduardo a este diario. Con el objetivo de velar por la salud de Ignacio, el abogado penalista Héctor Superti tomó el caso y realizó una ampliación de la denuncia por abandono de persona.

Respaldo

El profesional sumó documentación para respaldar la presentación, lo cual derivó imprevistamente en la apariencia de delitos económicos, primero obviamente en perjuicio del paciente por falta o recorte de asistencia facturados y no prestados, lo cual ocasionó una supuesta estafa a la empresa de medicina prepaga.

El fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio, Fernando Dalmau, tomó el expediente y luego de acopiar evidencias y entrecruzar información convocó a una audiencia imputativa a Gisella (en libertad) como articuladora de las maniobras de facturación de servicios terapéuticos por los que habría recibido el dinero, pero algunos de los cuales no habrían sido efectivamente prestados, según la acusación que recae también sobre 13 profesionales de la salud.

Estafa

A todos, entre los que hay kinesiólogos, enfermeros, fonoaudiólogos y terapistas ocupacionales, les endilgó la coautoría de los delitos de estafa, defraudación por entrega de recibo falso y falsificación de instrumento privado en perjuicio de Osde. Según las estimaciones, L. M. presentaba facturas por cerca 450.000 pesos al mes a la prepaga (en todo 2017 fueron 4 millones 800 mil pesos), una cifra nominal que sumaría varios millones si acumula desde 2012.

En un trámite donde no es necesario la presencia del juez (así lo permite el Código Penal para este tipo de delitos, y sin solicitud de medida cautelar) el fiscal dejó al desnudo situaciones en las que los profesionales facturaron servicios pero no los prestaron, por estar ausentes del país, incluso hasta por tener licencia por maternidad. Cuando cerraba cada atribución, Dalmau aclaraba que lo hicieron con la "participación criminal" de Gisella L. M.

Entre las evidencias, el fiscal enumeró la denuncia de los padres, la historia clínica de Ignacio, la declaración de abogados y contadores de Osde, que sumaron documentos con los cuales se explicó que los servicios no eran prestados por nomenclador, sino que se facturaban bajo responsabilidad de Gisella, a quien se les acreditaban en dinero en una cuenta bancaria. Incluso, indicaron que la mujer solicitó prestación de enfermería mientras el joven estaba internando, algo que lógicamente fue denegado.

Ninguno de los 13 imputados quiso declarar cuando el fiscal concluyó su exposición y abandonaron la sala bajo un tenso murmullo. Ignacio, de 39 años, está internado con mínima conciencia en una clínica de rehabilitación de la localidad de San Jerónimo Sud (Santa Fe), donde fue trasladado el 13 de febrero luego de que le dieran el alta por la neumonía que puso en juego su vida.