La Municipalidad fue a la Justicia por el piquete

La Municipalidad pidió ayer la intervención de la Justicia para que "actúe" en la "preservación del espacio público, la seguridad y el mobiliario urbano", puestos en riesgo por el acampe que el Polo Obrero e integrantes de los pueblos originarios vienen sosteniendo desde el lunes pasado frente a la Intendencia.

  "Veremos si el juez a cargo toma alguna resolución", dijo el secretario de Gobierno, Horacio Ghirardi, quien aclaró que el pedido se realizó después de cuatro días de "quema permanente de neumáticos y de haber mantenido unas ocho reuniones" en las que no se llegó a ningún acuerdo.

  "Les ofrecimos reforzar la asistencia alimentaria que ya reciben, incluso en coordinación con la Secretaría de Promoción Comunitaria de la provincia, pero la demanda fue siempre dinero en efectivo y con eso no estamos de acuerdo", explicó.

  Para Ghirardi, tras cada nueva charla y su correspondiente negativa a levantar el acampe "la situación se fue poniendo más virulenta". Y, concretamente, la quema de gomas fue "incesante".

  Por eso el Ejecutivo recurrió al Juzgado Correccional de la 4ª Nominación, a cargo de Graciela Sedda, para que intervenga con alguna medida "pacífica" que garantice la seguridad y preserve el espacio público y los inmuebles afectados por el humo, entre ellos nada menos que la catedral, el Palacio de los Leones y el Correo, todos edificios de valor patrimonial.

  Ayer el piquete (integrado por algo más de 40 personas) fue incluso más allá: cortó primero calle Buenos Aires entre Rioja y Santa Fe, y luego Santa Fe al 600, frente a la Secretaría de Promoción Social.

  El último de los cortes, que se resolvió por la tarde, se debió a que desde la repartición les habían "retenido los cheques para las partidas de los comedores populares" que están a su cargo, sostuvo una de las dirigentes del acampe, Ana Vargas.

Eslabones. Otra de las integrantes del piquete, Ivi Rivero, decidió encadenarse a las puertas del palacio e iniciar una huelga de hambre.

La mujer, que aseguró ser "diabética, hipertensa y portadora de HIV", anunció que no abandonará la medida hasta que la Intendencia les otorgue lo que piden.

  Esa demanda incluye el pago de 300 pesos para 200 familias de los barrios Bella Vista y Tacuarita y el otorgamiento de chapas para otros 20 hogares que las vienen reclamando desde la tormenta de granizo de fines de 2006.

  "La única respuesta fue una burla —afirmó Vargas—: sidra, pan dulce y leche".

Por eso los militantes advirtieron que no se irán de la plaza hasta que consigan lo que piden.

"Si es necesario pasar la Navidad, acá estaremos", sentenciaron desafiantes.