La Justicia puso de relieve la cuestión ambiental para defender el legado Deliot en las islas

El fallo de la Cámara Penal de Entre Ríos que rechazó de manera contundente la pretensión del empresario rosarino Enzo Mariani de quedarse con 807 hectáreas en las islas entrerrianas que son parte de llamado “legado Deliot”, en el marco de un juicio que disputa con la Municipalidad de Rosario, contiene por primera vez argumentos sobre resguardo del medio ambiente como uno de los puntos centrales a ponderar.

La Capital publicó en su edición del 24 de mayo la resolución que firmaron los jueces de la sala III de la Cámara Civil de Entre Ríos y que significó el rechazo, por segunda vez, a la pretensión del empresario Mariani de quedarse con una porción de tierra en la islas frente a Rosario. Se trata de una parte del legado de Carlos Deliot, el contador rosarino que murió en 1944 y dejó la mayor parte de su patrimonio a la ciudad.

Es una extensión de 807 hectáreas que ocupó hace 20 años Mariani, y pretende tomar posesión definitiva a través de un juicio de usucapión. El predio está ubicado sobre la isla El Charigüé (jurisdicción entrerriana), por lo que la Justicia de esa provincia debe dirimir el litigio.

Al ratificar el fallo de primera instancia que en marzo pasado negó los derechos posesorios al empresario, los jueces entrerrianos Andrés Manuel Marfil, Virgilio Alejandro Galanti y Valentina Ramírez Amable, le endilgaron al empresario faltar a la verdad, dijeron que sus planteos son inadmisibles y que dio una versión falsa.

De cara a una resolución de fondo, el fallo apuntala la posición de la Municipalidad de Rosario, que ostenta ser la única sucesora universal de los bienes de Deliot. Además de lo estrictamente jurídico, el tribunal puso el acento en la cuestión medioambiental, problemática que apuntalan distintas organizaciones, ONGs y la propia Intendencia rosarina, y tiene como telón de fondo la aprobación del postergado proyecto de la ley de humedales para la conservación, recuperación y uso racional de los mismos.

En ese sentido, los magistrados advierten que la “ocupación de un campo que se encuentra ambientalmente protegido, puede ser motivo de posesión usucaptiva siempre y cuando los actos sean lícitos, es decir no deterioren el medio ambiente y la actividad agroganadera, y como ocurre en este caso, debe estar previamente autorizada”.

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Señalan que Mariani presentó “como prueba corroborante de la posesión un estudio de impacto ambiental de junio del 2014 para las estancias La Catalina y Las Moras, de su propiedad, pero que no está firmado. “Claramente demuestra que antes de esa fecha no tenía ningún estudio realizado, y menos aún que contaban con la certificación ambiental para explotar la actividad ganadera en las islas”.

Hechos ilícitos

“Hay que diferenciar los objetivos. Una es la posesión de mala fe, y otra es sustentar la ocupación en hechos ilícitos, como depredar el medio ambiente o el patrimonio cultural, amenazar de muerte a los propietarios para que no accionen o denuncien”, alertaron los jueces sobre graves situaciones que atravesaron el litigio.

Recuerdan, según las constancias del expediente, que el empresario nunca tramitó el Certificado de Aptitud Ambiental para explotar las tierras, según los requisitos establecidos por un decreto del gobierno de Entre Ríos donde se establecen condiciones para quienes pretendan desarrollar actividades agropecuarias en territorio definido bajo las categorías de mediano o alto impacto ambiental.

“Desde que supuestamente adquirió por cesión las fracciones de campo, debió requerir la certificación ambiental para explotarlo, y no lo hizo”, remarcan los jueces y destacan que “ello es un elemento más para sostener que la invocación de la posesión no puede convalidarse, dado que parte de la actividad se caracteriza por requerir de autorización previa”.

Sobre la conducta del empresario, el fallo expresa que “no resulta un dato menor, en tanto la razón de ser de la usucapión es que la propiedad cumpla una función social, que no puede concretarse cuando los actos de hecho o las vías para mantener la posesión, se sustentan en actos ilícitos”.