En las 115 mil verificaciones de instalaciones domiciliarias que realizó la Empresa Provincial de la Energía (EPE) a lo largo de 2022 se constataron 15.555 irregularidades, es decir ausencia de registro en la medición de la energía entregada. Incluso considerando eventuales errores involuntarios o desperfectos técnicos, se estima que el 10 por ciento de los usuarios controlados en los operativos antifraude estaban, hablando en criollo, “robando la luz”. La compañía las denomina “pérdidas no técnicas” y se producen en líneas generales por conexión directa a la red (léase “enganchados”) o por adulteración del medidor.
En otras palabras, uno de cada diez casos dio positivo en términos de fraude durante los procedimientos de rutina del año pasado en jurisdicción de la empresa (en 60 de las 365 localidades de la provincia el servicio es prestado por cooperativas eléctricas y allí la EPE no efectúa este tipo de inspecciones). En total, la prestadora tiene 1.400.000 usuarios y una red de distribución de 54 mil kilómetros de línea.
La información surge de datos oficiales requeridos por La Capital e incluye el volumen total de pérdidas del sistema eléctrico, que en 2022 se ubicó en un 19 por ciento. Más de la mitad (el 55 por ciento) fueron no técnicas, el resto (45 por ciento) son las que se generan “naturalmente” en toda red de distribución por algún deterioro de los materiales que la componen, por ejemplo.
En el primer caso, cuando se habla de pérdida, hay que aclarar que no se trata de energía desperdiciada sino de la que se entregó y fue recibida, pero la empresa no pudo facturar. De allí los intentos de la EPE para reducir, a través de inspecciones periódicas, este agujero negro que repercute en su recaudación y en la calidad del servicio.
A los operativos de control en zonas determinadas se suma la posibilidad de radicar denuncias anónimas por parte de la población, que dispone de una línea telefónica gratuita (0800-555-0083) o de un formulario web (https://epe.santafe.gov.ar/oficina-virtual/denuncias-web).
Un delito
En este último aparecen como opciones de denuncia una presunta conexión directa, un medidor adulterado e incluso irregularidades de empleados de la empresa. A partir de estas advertencias, las cuadrillas se dirigen a los lugares mencionados y, en caso de verificar cualquier situación antirreglamentaria, proceden a cortar el servicio y a labrar un acta que luego se gira al Ministerio Público de la Acusación. Es que el hurto y el robo de energía son delitos penales. Cuando los autores están identificados, dijeron en el MPA, los casos recaen en la Unidad de Investigación y Juicio de la Fiscalía.
Días atrás La Capital dio a conocer, en relación al servicio de agua potable, que el 10 por ciento de los rosarinos (unos 120 mil) no accede a la red convencional, aunque sí al recurso hídrico, según estimaciones de Aguas Santafesinas SA, que sigue a su vez los datos emanados del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
Desde Assa inscribieron eventuales deficiencias en la provisión de agua en una problemática más profunda del orden del hábitat; de hecho los vecinos con conexiones informales deben recurrir a tanques comunitarios que son abastecidos por cubas.
En cambio, tanto fuentes de la EPE como informes oficiales y crónicas periodísticas de años anteriores dan cuenta de que usuarios con poder adquisitivo recurren a ardides para fraguar el nivel de consumo. Por ejemplo, en operativos realizados en barrios como Hostal del Sol, Tango II y Pichincha. “Estas tareas forman parte de uno los principales planes, el de disminución de las pérdidas no técnicas, que tiene como meta mejorar la facturación de los consumos y la calidad del servicio a los usuarios, adecuando la infraestructura eléctrica a las necesidades de la población y ordenando la información de la energía abastecida que administran los sistemas comerciales", manifestó en una de esas oportunidades el titular de la EPE, Mauricio Caussi.
A su vez, para los hogares de bajos recursos la empresa eléctrica prevé una tarifa social. Pueden acceder al beneficio jubilados, pensionados, electrodependientes por razones de salud y personas con discapacidad, entre otros (las condiciones para adherirse al régimen figuran en su página web).
