Días antes de que se conociera un nuevo caso de abuso sexual contra una adolescente dentro de un dispositivo que depende del área de Niñez de Santa Fe, el defensor del Pueblo adjunto de la provincia, Gabriel Savino, había manifestado su preocupación por los problemas que están atravesando dentro de esos establecimientos las infancias vulneradas.
Esa preocupación se materializó en el marco de una reunión que Savino mantuvo con la secretaria de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Chialvo, el lunes pasado, unos días antes de que se conociera un nuevo caso de abuso sexual contra una adolescente de 16 años bajo custodia del organismo.
Los hechos, como dio cuenta este diario en su edición del sábado, ocurrieron entre febrero y marzo de 2019 en el Dispositivo de Alojamiento Transitorio (DAT) ubicado en calle Virasoro al 1800. Un cocinero de ese lugar está acusado de someter a la víctima, y afrontará un juicio oral y público a partir del lunes 19 de septiembre. La Fiscalía solicitó que lo condenen a 14 años de prisión.
Pero ese caso concentra además serias irregularidades de los funcionarios del momento, porque según se desprende de las actuaciones judiciales, cuando la víctima contó que era sometida y amenazada, no se activaron los protocolos para resguardarla y tampoco se formalizó la denuncia ante la Fiscalía en tiempo y forma. Es más, en su lugar decidieron trasladarla a otro dispositivo.
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Preocupación por la infraestructura
No obstante, y a pesar de que aún no se conocía ese episodio, el encuentro gestado el lunes por el defensor estuvo atravesado por el análisis de aspectos vinculados al seguimiento de los abordajes de las infancias en estado de vulnerabilidad sujetas a medidas excepcionales, situaciones que debe monitorear Niñez.
Según informó oficialmente la Defensoría, Savino manifestó la necesidad del encuentro "para poner en agenda temas que son de interés y preocupación”. Puntualmente, sobre los “espacios de alojamiento institucional, a partir del relevamiento y la toma de conocimiento de emergentes y problemáticas de gravedad”.
Asimismo, se abordó “la preocupación por la infraestructura de los alojamientos, la situación institucional de los mismos, la actualización de convenios y la necesidad de dispositivos específicos para abordajes vinculados a salud mental”.
Savino señaló que “como organismo de derechos humanos, la Defensoría busca aportar, como lo viene haciendo desde su surgimiento, una mirada propositiva sin abandonar el rol de control que le corresponde de acuerdo a las competencias establecidas en la ley 12.967”.
De la reunión, que se desarrolló en la sede de la Defensoría Niños, Niñas y Adolescentes de Rosario, también participaron equipos de las áreas de atención integral, de monitoreo de derechos y áreas jurídicas, y el director de Salud y Trayectorias Educativas de Rosario, Sebastián Morales.
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Es que en los últimos meses se presentó un gravísimo caso de abuso sexual en Niñez que derivó en un juicio y condena a 10 años de prisión a un acompañante terapéutico por el ataque en 2016 a una nena de 12 años en la Pensión de la Música (ya cerrada), que dependía del organismo; y esta semana salió a la luz el del cocinero del DAT de calle Virasoro que será juzgado por abusar de una nena vulnerada de 16 años.
Desde la Secretaría de Niñez de la provincia indicaron a este diario que esperan reunir información para expresar una posición. No obstante, operadores vinculados directamente al trabajo con las infancias vulneradas arriesgaron que en el contexto en el que se desarrollan las tareas, podrían trascender más casos de abusos y vulneración de derechos.
Ese preocupante pronóstico estaría vinculado con años de precarización laboral, la tercerización de espacios terapéuticos a ONGs, asociaciones civiles o entidades intermedias donde trabajan empleados con escasa formación para atender una problemática sensible, además de un endeble monitoreo del Estado.