Virginia Bendetto / La Capital
La familia de Maximiliano, al momento de conocerse la sentencia.
Virginia Benedetto / La Capital
Familiares de Maximiliano Iñíguez en el Centro de Justicia Penal.
La Justicia condenó a 3 años de ejecución condicional al traumatólogo acusado de una intervención tardía en la atención de Maximiliano Iñíguez, un joven de 21 años que murió por una infección generalizada luego de que le amputaran la pierna tras sufrir una fractura de tibia y peroné en un accidente de tránsito. Además, no podrá ejercer la profesión por cinco años.
El Tribunal integrado por los jueces Rafael Coria, Florentino Malaponte y José Luis Suárez condenó este miércoles a Sebastián S.S. (49 años) al considerarlo responsable de "homicidio culposo" por un abordaje médico negligente que derivó en la muerte de Iñiguez, quien murió dos meses después de haber sido atendido en el sanatorio Los Alerces de San Juan al 3900 (ex Julio Corzo). Tampoco podrá ejercer su profesión durante cinco años y deberá fijar reglas de conducta por el mismo período.
Iñíguez sufrió un accidente de tránsito en Villa Gobernador Gálvez un 9 de febrero de 2014. De ahí lo trasladaron primero al Hospital Provincial, donde lo estabilizaron y le colocaron pesas. Al otro día y, en buen estado general, fue llevado a Los Alerces, donde fue asistido por el traumatólogo Sebastián S. S.
El médico decidió colocarle tutores, como se hace de rigor para tratar esas patologías. En ese momento, al parecer, el joven ya cursaba una infección. Uno de los puntos que se discutió en el juicio es que le practicaron una primera fasciotomía el 13 de febrero. Mientras que la querella y la Fiscalía sostienen que fue cerrada, la defensa trató de demostrar que fue abierta.
Y además se cuestionó que, con un cuadro de infección, a Iñiguez debieron amputarle la pierna mucho tiempo antes, el 12 de febrero, y no el 14 cuando se procedió a hacer esa intervención. Tras sufrir múltiples complicaciones que lo mantuvieron inconsciente en terapia intensiva, el paciente murió el 16 de abril por un paro cardíaco provocado por la sepsis (infección) generalizada.
Durante el debate, el fiscal Walter Jurado y la querella trataron de sostener la acusación y la supuesta acción negligente, que se tradujo en una “tardía” intervención médica. En las audiencias se volcaron informes de juntas médicas y pericias que se constataron a través de las declaraciones de forenses del Instituto Médico Legal (IML) y de la Facultad de Ciencia Médicas, entre otros ámbitos.
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