Perpectiva de género

Hace 73 años que votan, pero aún son pocas las mujeres que ocupan cargos decisorios en el Estado

En un nuevo aniversario de la ley que les dio "derechos políticos", la organización Mumalá puso bajo la lupa la participación femenina en los tres poderes del Estado.

Martes 22 de Septiembre de 2020

Un 23 de septiembre, hace 73 años, con la promulgación de la ley 13.010 de voto femenino, las mujeres argentinas accedían por primera vez a “los mismos derechos políticos” que los varones. Sin embargo la foto de la política santafesina actual la mostró en gran parte la última conferencia de prensa del gobernador Omar Perotti, donde a excepción de la vicegobernadora Alejandra Rodenas, los intendentes, legisladores, jefes comunales que apoyaban la extensión de las restricciones en el marco de la pandemia, todos sin excepción eran varones.

El acceso efectivo a los cargos ejecutivos y legislativos, así como de organismos de los tres poderes del Estado, y sobre todo a los puestos donde se definen las políticas públicas sigue siendo un territorio desigual y en pleno debate. Santa Fe, lejos de ser la excepción, es una de las provincias que todavía no cuenta con ley de paridad de género y de hecho, esa es una pelea que las más de 70 militantes de organizaciones políticas y gremiales que integran la “Mesa de Mujeres” santafesina dan por estos días para que la Legislatura apruebe este año una normativa para la provincia.

La disparidad que aún persiste tanto a nivel nacional como en las provincias y municipios, y donde el Poder Judicial tampoco está exento, se desgrana en cada uno de los niveles en el informe “Del voto a la paridad-Paridad bajo la lupa”, un relevamiento que la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) llevó adelante a través de su observatorio nacional en un nuevo aniversario del 23 de septiembre de 1947.

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El informe incluye a 20 provincias del país y cada una trabajó sobre el Poder Legislativo, desde la legislaturas nacional y provinciales hasta 69 Concejos Municipales o Deliberantes; el Poder Judicial, desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las Cortes y Tribunales de Justicia Provinciales; y el Poder Ejecutivo, analizando la Presidencia, las gobernaciones de 23 provincias y Ciudad de Buenos Aires, las intendencias de 1.215 municipios, y los ministerios de los gabinetes nacional y provinciales.

En el Congreso de la Nación las mujeres, con 110 diputadas,las mujeres representan un 43 por ciento del total, en tanto en el Senado, ese margen se achica al 39 por ciento; mientras que en total de las provincias analizadas _incluyendo además Ciudad de Buenos Aires, el número de legisladoras (441 sobre 1.198) representan el 37 por ciento del total.

Santa Fe, la Cámara de Diputados con 23 integrantes mujeres se ubica en el 46 por ciento, apenas por encima del Congreso Nacional; sin embargo, el caso del Senado santafesino, la situación es de absoluta disparidad: apenas la senadora por el Departamento San Martín, Cristina Berra, de un total de 19, representa un 5,25 por ciento.

A eso se suma que Santa Fe, junto con Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, San Juan, San Luis, Tierra del Fuego y Tucumán, se cuenta entre las jurisdicciones que aún no cuentan con una ley de paridad de género.

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De hecho el primer proyecto ingresado en 2002 a la Legislatura provincial, presentado por Alicia Tate nunca se debatió; en 2016 la cámara baja dio media sanción a una iniciativa de Verónica Venas y en 2018 volvió a hacerlo con un proyecto presentado por el bloque Igualdad y Participación, que integraba la diputada Silvia Augsburger, pero ninguno fue siquiera debatió en el Senado.

Acceso desigual

La ex subsecretaria de Políticas de Género de la provincia e integrante de Mumalá, Gabriela Sosa, señala que “los números nos muestran que todavía tenemos dificultades de acceder de manera igualitaria, incluso en algunos poderes no se llega a garantizar el mínimo del 30 por ciento conquistado en 1991 con la ley de cupo femenino”.

Es más, Sosa considera que “esas limitaciones en el acceso igualitario se plasman en la falta de mirada de género en los cargos de decisión, en las articulaciones de políticas públicas, en las alianzas y en las discusiones de acceso a los cargos”, y agrega: “La paridad está en la agenda mediática, en los discursos de la agenda política y en las temáticas de género, pero a la hora de la distribución del poder se ponen a andar mecanismos y estructuras que dejan por fuera a las mujeres”.

Además, en el análisis, no limita la mirada en el acceso a las mujeres, y apunta además a las diversidades sexuales.

“Aún tenemos que construir una participación más igualitaria que incluye a la diversidad sexual porque a excepción de un cargo de un gobernador que se definió con una identidad sexual no hegemónica, hay una ausencia total de travestis y trans en los ámbitos de decisión”, señala.

Pocas en la Justicia

Por afuera de los órganos legislativos, la participación de las mujeres en los poderes Ejecutivo y Judicial tanto nacional como provincial decae. Más allá de la paridad de la fórmula nacional, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y provincial, con Perotti y Rodenas, la participación de las mujeres como intendentas y presidentas comunales, es de apenas 9 sobre 55 municipios relevados, lo que muestra una proporción de apenas el 16 por ciento.

En los ministerios de la estructura santafesina, sin contar las secretarías de Estado ni la Fiscalía de Estado, esa proporción tampoco alcanza la de la Legislatura, con apenas el 33 por ciento.

Más aún, en el Poder Judicial el relevamiento arroja resultados bastante magros respecto de la participación de las mujeres. Con una de sus cinco integrantes mujer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene una presencia de mujeres de apenas el 20 por ciento, el análisis de las composición de 24 Cortes o Tribunales de Justicia provinciales se contabilizaron apenas 42 mujeres sobre un total de 135 integrantes, es decir un 31 por ciento. En Santa Fe el escenario no es mejor que a nivel nacional: de seis ministros de la corte, apenas una es mujer (17%).

Si bien los números mejoran yendo hacia la base del Poder Judicial, con una participación del 37,5 por ciento de las mujeres en los espacios jerarquizados de la Justicia, en las provincias hay buenos ejemplos, como San Luis, Chaco, Misiones donde la participación supera el 50 por ciento, y otros muy malos, como Chubut, Corrientes, Formosa y La Rioja, donde directamente no hay mujeres en sus cortes.

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Deuda y debate santafesino

La deuda de la provincia, una de las que aún no tiene ley de paridad, tiene por estos días un álgido debate que podría tener nuevos capítulos en las primeras semanas de octubre. No sólo porque el Senado acaba de dar media sanción a un proyecto de ley fuertemente cuestionado por la Mesa de Mujeres por la Paridad, sino porque desde ese espacio se proponen avanzar con un texto único a partir de tres iniciativas que están en debate en Diputados, que sea esa la propuesta que se sancione en lo que queda del año legislativo y vuelva al Senado.

La ex diputada, militante feminista e integrante de la mesa, Silvia Augsburger, detalló las objeciones a la propuesta aprobada por los senadores. “Primero que plantea que ley debe aplicarse en 2023, cuando desde la mesa entendemos que debe aprobarse y aplicarse a partir de las elecciones de 2021; segundo la participación por duplas que se da «de patadas» con el sistema D'Hont para la elección de cargos legislativos, y no la secuencialidad y alternancia; y tercero plantea que el varón debe ser reemplazado por varón y la mujer por mujer, lo que entendemos no hace más que mantener el status quo”, enumeró.

Por su parte, la diputada justicialista Lucila De Ponti, además de reconocer “un proceso ascendente en la participación de las mujeres”, indicó que se están “conversando modificaciones” sobre la iniciativa votada por el Senado para “poder lograr que la ley de paridad de género sea una realidad este año” y, con una mirada menos crítica, consideró: “Quizá no es la ley deseada, pero es una ley posible que nos va permitir tener un derecho consagrado por ley y con un piso más alto que el actual, que incluye además a los poderes Judicial y Ejecutivo, y que no permitirá avanzar en una representación más igualitaria”.

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