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Gestión del Defensor del Pueblo

El defensor del Pueblo de Santa Fe, Raúl Lamberto, como miembro de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) se reunió el lunes pasado con el Director Nacional de Defensa del Consumidor para abordar cuestiones relativas a los planes de ahorro para la adquisición de autos cero kilómetro.

Miércoles 27 de Febrero de 2019

El defensor del Pueblo de Santa Fe, Raúl Lamberto, como miembro de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) se reunió el lunes pasado con el Director Nacional de Defensa del Consumidor para abordar cuestiones relativas a los planes de ahorro para la adquisición de autos cero kilómetro.

En el encuentro se comunicó que las terminales automotrices tendrán 30 días para responder el petitorio de 10 puntos que presentó Adpra, realizado mayormente en base a propuestas de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe.

Con respecto a la presentación del informe de casos particulares, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor solicitó canalizar a través de las delegaciones del organismo en las distintas provincias la presentación de los casos donde no se haya arribado a soluciones luego de las reuniones de conciliación.

En la reunión también se verificó que se han reportado incumplimientos de parte de las concesionarias con precios de rubros por encima del valor del mercado. La Defensoría del Pueblo invita a quienes tengan dudas o consultas al respecto a acercarse a las sedes de la institución o a Defensa del Consumidor.

Además, se subrayó que si las terminales hacen descuentos sobre el precio de los vehículos, estos deben aplicarse también a los planes de ahorro. Es decir que los descuentos deberían impactar en los valores de las cuotas de planes.

La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, en estos casos puntuales, tiene competencia sobre temas de publicidad engañosa, vicios de fabricación y materiales de los vehículos, incumplimiento de ofertas y de entrega de los autos, servicios de posventa y vigencia de la garantía.

Por otra parte, la Inspección General de Justicia (IGJ) tiene competencia sobre lo referente al contrato de ahorro previo y las cláusulas, las cuales deben estar homologadas por este organismo. También está a cargo del contrato de fiscalización al punto de partida. Y, con relación al aumento de las cuotas, la empresa administradora del plan de ahorro tendría que consensuarlo con la IGJ, lo mismo que con relación al cambio de modelo.

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