El diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos del Frade, cuestionó duramente la decisión del Senado de dar tratamiento al proyecto de ley de educación sin considerar los cambios introducidos en Diputados. El legislador advirtió que este año la provincia cumple 70 años sin ley de educación, lo que consideró "una vergüenza directamente proporcional al peso de algunos arzobispados, que creen que su concepción feudal está por encima de la sociedad y la democracia".
"Es una barbaridad que el Senado deje de lado el trabajo de dos años y medio de la Cámara de Diputados", afirmó Del Frade, uno de los legisladores que trabajó en la unificación de las distintas propuestas de ley de educación provincial.
Para el diputado, esa determinación no puede disociarse de la presión ejercida por la Iglesia Católica desde que la iniciativa ingresó al Senado. "Da la sensación que los senadores son muy sensibles a los factores de poder, entre ellos el de la Iglesia", apuntó.
Por su parte, la diputada provincial Silvia Augsburguer recordó que el proyecto que obtuvo media sanción en Diputados fue la síntesis de cinco propuestas presentadas por legisladores de distintos bloques y la iniciativa que elaboró el gobierno provincial
"Es un texto elaborado con todos los actores y actoras de Diputados. Cuando el Ejecutivo mandó su propuesta, ya había una iniciativa que tenía el consenso de cinco proyectos que resultó fundamental a la hora de hacer el texto final", sostuvo.
La legisladora de Igualdad y Participación advirtió que en el mensaje del Ejecutivo no se expresaba claramente por el carácter laico de la educación, mientras que la iniciativa aprobada por Diputados "se expresa como uno de los valores centrales de la educación provincial".
La propuesta aprobada Diputados incluye un capítulo especial sobre educación sexual integral y señala que "todas las instituciones educativas tienen obligación de dictarla en forma transversal y con perspectiva de género, de acuerdo a los lineamientos de la ley nacional".
Además, afirma que las privadas están obligadas a brindar la información necesaria para la supervisión pedagógica y el control contable y laboral por parte de la autoridad de aplicación.
Y destaca que los docentes de escuelas de gestión privada tienen derecho a una remuneración mínima, igual a la que perciben los docentes de instituciones educativas estatales.
