El próximo 3 de noviembre se reunirá en Rosario la comisión creada en la Cámara de Diputados de la Nación para investigar las causas administrativas y políticas relacionadas con el caso del fentanilo contaminado. Por primera vez, el encuentro se realizará fuera del Congreso Nacional en la ciudad de Buenos Aires. Para la presidenta de la comisión, Mónica Fein, es una oportunidad "para escuchar a los familiares de las víctimas de esta tragedia sanitaria", que causó por lo menos 124 muertes, unas 60 en la provincia de Santa Fe.
El pedido para que la comisión sesione en la ciudad llegó a través de una carta enviada por un grupo de familiares de las víctimas. El jueves pasado, las familias de los fallecidos se reunieron en el Monumento a la Bandera para reclamar justicia.
Ese mismo día, el Concejo Municipal aprobó una declaración de acompañamiento y se anunció que el edificio de Córdoba al 500 será el lugar donde se reúna la comisión creada por unanimidad en la Cámara de Diputados de la Nación. La jornada comenzará al mediodía y será transmitida a través del canal oficial de YouTube del Concejo.
"Queremos que sea un lugar donde las familias de las víctimas puedan hablar", señaló la presidenta de la comisión investigadora, la socialista Mónica Fein. La comisión fue creada a mediados del mes pasado y está integrada por diputados de todos los bloques.
Entre otras cosas, tiene a su cargo la investigación de la actuación de los organismos de control y habilitación del laboratorio productor del fármaco, HLB Pharma y Ramallo S.A, y determinar el grado de participación y responsabilidad de los organismos del Estado Nacional y el laboratorio.
Las conclusiones serán volcadas en un informe final el 9 de diciembre, con propuestas concretas de prevención y recomendaciones legales.
Tras los pasos del fentanilo
Fein destacó que, desde su creación, la comisión celebró cuatro encuentros. "Nos centramos en escuchar a distintos actores técnicos, revisar las normativas e intentar dilucidar las responsabilidades administrativas o políticas que podrían existir en este tema", explicó.
En la causa judicial, que lleva adelante en el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, hay 17 personas imputadas, que hasta el momento están vinculadas a la fabricación de las ampollas del medicamento. En la causa se investiga la producción, distribución de medicamentos adulterados y un posible desvío y tráfico ilegal de estupefacientes, por el manejo y desvío no autorizado de fentanilo, y la falsificación y manipulación de documentación sanitaria y de procesos de fabricación, con el objetivo de encubrir las irregularidades en la producción, control de calidad, distribución y trazabilidad de los lotes adulterados.
El magistrado fue uno de los primeros en reunirse con la comisión legislativa que, señaló su presidenta, no busca superponerse o interferir con la investigación judicial, que muestra avances importantes, sino poner el foco en la normativa y los procesos de control a los que se somete a los laboratorios que producen medicamentos.
De los encuentros en la Legislatura participaron además autoridades del Hospital Italiano de La Plata, donde se detectó el brote de infecciones causadas por la administración de fentanilo, referentes de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), y el bioquímico y farmacéutico Tirso Vázquez, asesor en la causa judicial.
Esta semana se convocó a exponer a autoridades de la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones de Productos Farmacéuticos (Ifpma), de la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital (Aafh) y al doctor en Ciencia Política Luis Ignacio García Sigman, coordinador de proyectos sobre drogas sintéticas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) para la Región Andina y el Cono Sur.
También se enviaron pedidos de información a las autoridades de la Administración Nacional de Medicamentos (Anmat), al Ministerio de Salud de Nación y a los de las provincias.
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En Rosario
De la reunión que se realizará en Rosario participarán los familiares de las víctimas. "La mayoría está planteando que le costó muchísimo acceder a información sobre lo que estaba pasando con sus seres queridos, acompañamiento y contención. Lo escuchamos de los familiares que participaron de las reuniones en Buenos Aires y también en la marcha del jueves en Rosario. Algunos no pueden acceder a la historia clínica de sus familiares fallecidos ni fueron contactados cuando se descubrió que la muerte podría estar relacionada con el fentanilo", explicó Fein.
Tras la ronda de reuniones, la comisión deberá entregar un informe con recomendaciones y proyectos de ley que modifiquen normas y procesos administrativos, con el objetivo de prevenir este tipo de situaciones. En principio, destacó Fein, hay tres grandes temas: "cuál es el rol del Estado en la detección y alerta de estos episodios, el del laboratorio en la elaboración y el recupero de los fármacos y el de los efectores públicos y privados donde se aplicó el fentanilo, para hacer recomendaciones que puedan ayudar a la detección más rápida de estos casos".
En el país, recordó, hay pocos antecedentes de fallecimientos por contaminación de fármacos: el más cercano es la intoxicación por propóleo que en 1992 dejó un saldo de 25 muertes. Tras la difusión pública que cobró el caso se creó por decreto la Administración Nacional de Medicamentos (Anmat), el organismo encargado de fiscalizar la producción y distribución de fármacos que depende del Ministerio de Salud.
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El fentanilo es un opioide utilizado para tratar el dolor, sobre todo en las áreas críticas. En abril pasado, el Hospital Italiano de La Plata comenzó a registrar un brote de infecciones respiratorias graves (bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia spp) en pacientes internados en terapia intensiva. Al investigar este brote, hallaron restos de ambos patógenos en ampollas de fentanilo suministradas a los pacientes.
El 7 de mayo, este centro de salud informó los casos y al día siguiente la Anmat emitió un alerta para que no se utilizara ese lote de fentanilo producido por el laboratorio HLB Pharma por “encontrarse en investigación por desvío de calidad”. Seis días después, se prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de ese lote específico y se clausuró la planta del laboratorio.
De acuerdo a la investigación judicial, hay 124 personas afectadas por la administración del fármaco. Un número que podría ser mayor de acuerdo a la cantidad de ampollas que se utilizaron en hospitales y sanatorios de todo el país.
