En Rosario, unas cien mil personas viven en 112 villas

En Rosario unas 100 mil personas viven en situación de vulnerabilidad, en 112 barrios llamados "populares", porque más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad, ni acceso regular a dos o más servicios básicos como agua corriente, luz y cloacas.

Los datos los brindó el censo realizado por el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Renabap), que dio cuenta de la situación en Rosario y en todo el país, desde 2016 hasta la fecha.

El trabajo demostró que el 93,81 por ciento de los habitantes de barrios populares de Rosario no cuenta con acceso al agua corriente en su casa.

A su vez, el 98,81 por ciento (casi la totalidad) tampoco tiene cloacas. El 70,69 por ciento carece de acceso a la energía eléctrica y el 98,49 no posee gas natural.

Las cifras son elocuentes y alarmantes si se tiene en cuenta que todas muestran que la mayoría de la población no accede a los servicios básicos, y en algunos casos (cloacas y gas) casi el ciento por ciento carece de ellos.

Sin servicios

El Relevamiento Nacional arrojó datos preocupantes: cuatro millones de personas viven en barrios sin servicios básicos, y que en el país estas zonas son más de 4.400 distribuidas en todas las provincias, aunque la mayoría están en Buenos Aires.

En la provincia de Santa Fe se contabilizaron 341 barrios populares, donde viven 72.572 familias en una superficie de 27 kilómetros.

De ese total, 112 barrios corresponden a Rosario, donde se estiman

35.061 familias viviendo en esa situación, en una superficie de ocho kilómetros.

Casi el 30 por ciento del total de la población encuestada en Rosario vive en villas miserias (ocupación irregular de las tierras, en viviendas de gran precariedad); y el resto está localizado en asentamientos (trazados urbanos que tienden a regularizarse).

Asimismo, del total de la población censada en los barrios populares sólo el 1,79 accede al agua corriente, y sólo el 2,68 posee cloacas.

En materia de servicio eléctrico, solo el 5 por ciento de la población tiene luz, y no llega al uno por ciento los que tienen gas natural en sus casas.

En estas situaciones viven cientos de miles de rosarinos, en la periferia de la ciudad donde se localizan estos 112 barrios.

El relevamiento fue llevado adelante por militantes y voluntarios de organizaciones como Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), el Movimiento Evita, Cáritas, Trabajadores Excluidos Ciudad Futura y la organización social Techo.

El responsable del censo en Rosario y referente en todo el país, Ignacio Rico, miembro de la Ctep, aseguró ayer que para quienes trabajan en los barrios "las cifras no suponen ninguna novedad, al contrario confirman lo que vemos todos los días".

Agregó que los resultados "demuestran que la brecha social es cada vez más grande", y en cierto modo las cifras destacan que "son miles los rosarinos excluidos que viven no solamente sin un salario digno, o un empleo formal, sino que tienen problemas graves de infraestructura y no cuentan con los servicios básicos y en muchísimos casos también falta la alimentación". El referente habló con La Capital momentos antes de presentar los números del trabajo que realizó en coordinación con otras organizaciones sociales.

Beneficios

Esta tarea de censar y relevar las situaciones vulnerables forma parte de un plan de gobierno nacional que busca que las personas que viven en un barrio popular y participan del Relevamiento Nacional puedan tramitar el certificado de vivienda familiar.

Este certificado es un documento expedido por la Ansés que permite a los habitantes de barrios populares acreditar su domicilio ante cualquier autoridad pública nacional, provincial o municipal y solicitar servicios como la conexión a la red de agua corriente, cloacas, energía eléctrica, gas natural o transporte.

El certificado de vivienda familiar sirve de título suficiente para la acreditación de domicilio legal o fiscal ante cualquier autoridad pública nacional, provincial o municipal, entes y empresas privadas.

Además, se puede solicitar la Clave Unica de Identificación Tributaria (Cuit), la Clave Unica de Identificación Laboral (Cuil) y reclamar prestaciones de salud, previsionales y educativas.

En la presentación realizada ayer la diputada nacional del Movimiento Evita, Lucila de Ponti, explicó que "el trabajo del Renabap permitió que se elaborara y aprobara la ley de barrios populares por la cual las familias que cuentan con el certificado de Vivienda Familiar no podrán ser desalojadas".

Además, señaló que "es una herramienta fundamental para planificar políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas que viven allí".

Por último, Rico expresó que "los datos servirán para que los movimientos populares y organizaciones exijan al Estado que elabore políticas públicas para resolver estas situaciones en las que viven tantas personas, porque lo que se necesita es la inversión del Estado para que mejore la vida de estos millones de argentinos que viven en extrema vulnerabilidad".