Por Carina Bazzoni
Celina Mutti Lovera
La ley de educación fue uno de los temas que el gobernador Miguel Lifschitz incluyó en la agenda de las sesiones extraordinarias de la Legislatura provincial. Las sesiones comenzarán el próximo jueves y pueden extenderse hasta el próximo 1º de mayo, cuando se inicie el nuevo periodo legislativo.
La comisión de Educación del Senado se reunirá pasado mañana para retomar el análisis de la iniciativa. "Estamos analizando el proyecto que envió el gobernador y revisando artículo por artículo lo que salió de Diputados", explicó Capitani, presidente de la comisión.
El senador justicialista confió en que se podrá lograr un consenso para el tratamiento de la iniciativa en extraordinarias, pero advirtió, que además de la comisión de Educación, otras tres comisiones deberán avalar la propuesta.
"No es un tema menor, cada artículo toca algún interés, alguna cuestión relacionada a todos los actores que se mueven alrededor del proyecto", sostuvo el referente del departamento San Jerónimo. Y adelantó que la comisión tiene pendientes "numerosos" pedidos de audiencia por este tema. Los referentes de estos grupos —ligados a las iglesias, a sindicatos docentes o a agrupaciones que defienden la educación laica— empezarán la semana próxima a participar de las reuniones de comisión.
La ley de educación de la provincia tuvo media sanción en diputados en septiembre pasado. La iniciativa, aprobada por unanimidad, define a la educación santafesina como "un derecho social y un bien público garantizado por el Estado". Además, le otorga carácter de "pública, gratuita, laica, universal, única, común, plural e intercultural, democrática, humanista e inclusiva, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo".
Sin embargo, los senadores difícilmente aprueben la ley tal como la votaron los diputados. "Queremos que la provincia tenga una ley de educación, pero no queremos apurarnos", sostuvo Capitani y confió que "el gobernador pidió trabajar sobre el proyecto que mandaron ellos", sin las modificaciones introducidas en la cámara Baja.
Esa decisión fue criticada con dureza por los diputados que participaron activamente de los debates que terminaron en la media sanción de la ley. "Tal como se aprobó, el texto fue un esfuerzo de síntesis de cinco proyectos presentados por diputados de distintos bloques, que ahora no se trate es una barbaridad, un gran retroceso", consideró el diputado del Frente Social y Popular, Carlos del Frade.
La media sanción de la norma encendió el alerta en la Iglesia Católica. En octubre pasado, los arzobispos de las ciudades de Rosario y Santa Fe, el Consejo Provincial de Educación Católica y la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina (Faera), difundieron un comunicado con objeciones a la iniciativa.
Entre otras consideraciones, afirmaron que la ley "hegemoniza la educación al concentrar en el Estado todas las decisiones, no respetando la realidad de una sola educación pública con una gestión estatal y otra privada". También señalaron que "excluye el derecho de los padres a elegir la educación para sus hijos, relegando a la familia como agente primario y natural de la educación" y "prescinde de la autonomía institucional de las escuelas de gestión privada, ya que no considera el ideario institucional" de cada colegio.
El miércoles pasado, los obispos volvieron a reunirse para volver a manifestar su postura, frente al inicio de las sesiones legislativas.
