Este jueves, a partir de las 11, la plaza San Martín será escenario del reclamo de las familias, profesionales e instituciones
Foto: Virginia Benedetto / La Capital
Expectativa y movilización. El Congreso tratará mañana el veto de Javier Milei a ley de emergencia en discapacidad.
El próximo jueves, a parir de las 11, familiares de personas con discapacidad y trabajadores de instituciones de cuidado se concentrarán en la plaza San Martín para manifestar la realidad que vive ese sector de la población y reclamar la declaración de emergencia en discapacidad.
El vice presidente de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad, Luciano Urrutia, fue claro al describir la situación que atraviesa el sector que brinda atención y cuidados a personas con incapacidad.
"La dificultad arancelaria por la que transitamos está generando la caída de los transportes y el cierre de las instituciones, si no son definitivas, al menos sí, en jornadas. Por ejemplo, se reducen las jornadas de la semana, de 5 a 4, 3", explicó.
La fecha elegida para la movilización fue pensada para coincidir con el inicio del tratamiento legislativo del proyecto presentado por el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria) que, entre otras cosas, establece la definición de un presupuesto para actualizar las retribuciones para los prestadores de servicios de transporte, acompañantes terapéuticos y hogares, entre otros. Sin embargo, el debate legislativo se postergó una semana.
"Esta postergación de una semana a otra, por cuestiones de agenda de la misma Cámara, no hace más que acrecentar la desesperación y la tensión dentro del sector", señaló Luciano Urrutia,
La crisis del sector se tradujo esta semana en un paro de 72 horas de los profesionales que trabajan en instituciones para la discapacidad. En tanto el jueves, se movilizarán en conjunto con usuarios, familias y referentes de asociaciones.
El martes, en la Defensoría del Pueblo, las instituciones que trabajan con la problemática de la discapacidad brindaron una conferencia de prensa, acompañados del Defensor del Pueblo de la provincia, Gabriel Savino, y el senador nacional Marcelo Lewandowski, advirtieron sobre las dificultades que atraviesa el sector y los problemas generados por el proceso de auditoría de las pensiones no contributivas.
"Todos los días hay personas con discapacidad que se quedan sin poder acceder a sus tratamientos, todos los días hay personas con discapacidad que se quedan sin poder acceder al servicio de transporte. Esto es realmente sumamente grave, e insisto, no tenemos ninguna respuesta, la respuesta es que no hay respuesta", apuntó.
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Lewandowski recordó que en el Senado se presentaron varios pedidos de informes sobre el tema y propuestas de interpelación al Secretario de Salud de la Nación y al encargado de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). "Lamentablemente no tenemos respuesta", sostuvo y consideró que esta omisión "es una demostración clara de lo que es la crueldad con personas que necesitan atención, transporte y cuidados para mejorar su calidad de vida".
El senador advirtió sobre la angustia que generan las auditorías para las personas que necesitan la pensión. "Conviven con la duda sobre si van a tener el subsidio, si van a tener o no la posibilidad de ir a una institución a seguir trabajando y evolucionando, como lo están haciendo", apuntó.
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El Defensor del Pueblo de la provincia apuntó que desde noviembre del año están solicitando información, junto a colegios profesionales y las instituciones, sobre el desarrollo de las auditorías. "Esto no es un problema específicamente de Santa Fe, es un problema de todo nuestro país. En Santa Fe teníamos 70.000 pensiones que corrían peligro, por eso nosotros empezamos a hacer un trabajo en consonancia específicamente con la protección de los derechos", explicó.
El funcionario advirtió que muchos beneficiarios de pensiones por incapacidad laboral no recibieron las notificaciones para presentarse al operativo de fiscalización o no recibieron la información correcta. "Nosotros planteamos que toda auditoría es buena, no decimos que no hay que controlar, pero advertimos que se trata de una política pública que al principio fue mal planificada porque vulnera los derechos que tienen que ver con la persona con discapacidad y de sectores que si se le baja la pensión a estas personas lo dejamos verdaderamente sin ninguna herramienta para seguir subsistiendo".