El Concejo Municipal pide que se prorrogue la auditoría de pensiones por discapacidad

El Concejo Municipal aprobó un proyecto que busca que se extiendan los plazos de la auditoría dispuesta por el gobierno nacional sobre las pensiones por discapacidad laboral. Según advierte la iniciativa, apenas la mitad de las personas alcanzadas en la región pudo llevar adelante el trámite.

En Rosario, el operativo de fiscalización llegó a su fin el viernes pasado. En las instalaciones del Hospital Italiano se esperaba recibir a unas 17 mil personas beneficiarias de pensiones no contributivas por discapacidad laboral. Sin embargo, según advirtieron desde la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apradis), la concurrencia fue "magra".

Un día antes de que las auditorías lleguen a su fin, el Concejo aprobó una iniciativa presentada por la edil Verónica Irizar (socialista) para que se extiendan los plazos del sistema de turnos y para la presentación de la documentación requerida por las auditorías.

Al mismo tiempo, reclama que se haga público el padrón de los beneficiarios alcanzados por los controles y se suspendan las medidas punitivas a quienes no presentaron los estudios médicos requeridos “hasta que se garantice que la totalidad del padrón de la provincia haya sido fehacientemente notificado y evaluado, con el fin de garantizar transparencia y accesibilidad en el proceso, como también justicia en la prestación”.

Un auditoría cuestionada

El proyecto aprobado en el Concejo Municipal se da en el marco de la resolución (N° 187) de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que dispuso la realización de una auditoría general de todas las pensiones no contributivas. En Rosario el trabajo de fiscalización se centralizó en el Hospital Italiano y se puso en marcha a mediados de abril.

Según advirtió Irizar, el procedimiento "tiene el único objetivo de recortar beneficios y derechos a los más vulnerables. De otra forma no se entiende como la mitad de población objetivo estimada no se presentó, y por qué se montó un sistema que debería auditar 900 personas por día, algo imposible para el dispositivo armado en el prestador"

La concejala advirtió que en la ciudad hay alrededor de 13 mil personas que, según los responsables de la auditoría, fueron notificadas. “Debido a la complejidad de la metodología utilizada, solamente el 50% pudo asistir a los turnos y cumplir con lo solicitado. Por eso, desde el Concejo buscamos una prórroga en los plazos planteados, para que más personas puedan conseguir el beneficio, ya que en muchos casos es el único ingreso con el que pueden contar”, señaló y destacó que muchas personas no fueron notificadas de la auditoría, que los turnos para los controles llegaron con poca antelación y las cartas documentos que los informaban estaban escritas en un "lenguaje extremadamente técnico lo que fue dificultoso para la gran mayoría".

El Concejo Municipal no es el único organismo de gobierno que cuestionó la forma en que se implementaron los controles. La Defensoría del Pueblo de la provincia también criticó la planificación del operativo y reclamó que el trámite se prorrogara.

>>Leer más: Pensiones por discapacidad: apenas la mitad de los beneficiarios concurre a la auditoría

Cambio de planes

Mientras en Rosario el operativo de control de las pensiones por discapacidad laboral estaba llegando a su fin, el gobierno nacional derogó la resolución emitida en enero pasado (Nº 187/2025) con el objetivo de regular y auditar las pensiones otorgadas por invalidez laboral.

El martes pasado, el gobierno de Javier Milei anunció el fin de la normativa, pero aclaró que esta decisión no implicaba que el Ejecutivo no continúe con el proceso de revisión.

La resolución de enero fue duramente cuestionada por las organizaciones relacionadas con la discapacidad ya que, entre otras cosas, incluía, el uso de conceptos como "idiota" o "imbécil" para definir la situación de las personas beneficiarias de pensiones por discapacidad.

Cuatro meses después, explicaron desde el gobierno nacional, los técnicos de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas señalaron que, a pesar de los esfuerzos por mejorar la transparencia, la implementación del baremo de evaluación médica resultaba inadecuada y carecía de una base sólida para garantizar la equidad de los beneficiarios. Es más, reconocieron que ciertos criterios no se alineaban con normativas internacionales en materia de discapacidad.

>>Leer más: Pensiones por discapacidad: el gobierno dio marcha atrás con la última resolución

Para Luciano Urrutia, vicepresidente de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), la derogación de la normativa vuelve todavía más erráticos los procedimientos de control. "La derogación de la resolución del mes de enero, a través de la cual la Agencia Nacional de Discapacidad habilitó y se dispuso a iniciar el proceso de auditoría que venimos impugnando hasta la fecha, vuelve el panorama más confuso", explica.

Por un lado, "la resolución que ordena la auditoría no existe más. Pero por el otro están las publicaciones oficiales de la misma Agencia Nacional de Discapacidad a través de sus redes sociales, en las cuales sostiene que dicha resolución no interrumpe ni altera a la auditoría en proceso", señala.

Entre ambas cosas, "mi interpretación es que el Ejecutivo está revisando lo realizado hasta acá y los resultados obtenidos y sostiene públicamente la decisión política de no retroceder con la auditoría", apunta y considera que se trata de "un capítulo más del desinterés, la desidia y la indiferencia con la que el Ejecutivo Nacional se vincula con el colectivo de la discapacidad y confirma la desprolijidad y el error en cuanto a la metodología y los criterios adoptados para establecer, diseñar e implementar esta auditoría que resulta completamente excluyente, discriminatoria, de resultados deficientes y muy pocos probables".