Tras casi cinco meses de debate sistemático en las comisiones del Concejo Municipal, el oficialismo busca que el proyecto del Código de Convivencia llegue esta semana al recinto de sesiones. Para eso, la propuesta del intendente Pablo Javkin debe lograr antes de este jueves los consensos necesarios y así encontraría chances de aprobarse. Aunque hay acuerdo en la necesidad de una normativa que reconocen casi inaplicable a la realidad actual pasados 40 años de su sanción, aún hay diferencias que saldar.
Lo cierto es que ante un escenario crispado por la violencia cotidiana que viven los rosarinos, multiplicado en la última semana por el crimen de Joaquín Pérez, si bien el nuevo código no viene a combatir el delito, los ediles de diferentes fuerzas coinciden en que es una herramienta válida para reordenar la ciudad y ayudar a la pacificación. Consultados por La Capital, diferentes sectores detallaron sus miradas.
El concejal del oficialismo, Fabricio Fiatti, reconoció la intención del Ejecutivo de avanzar este jueves con el debate y lo sostuvo en el hecho de que “el análisis en las comisiones viene desde mayo y en un sistema abierto a todos los ediles”.
“Estamos dialogando para acercar posiciones en todos los temas y dependerá de las reuniones ampliadas que mantengamos antes del jueves para llegar a los acuerdos necesarios, pero la intención es que así sea, siempre siendo respetuosos del debate legislativo”, dijo el edil.
Sobre las posibilidades que podría dar el nuevo Código a la hora de disminuir los niveles de conflictividad en la ciudad, Fiatti lo consideró justamente como “una herramienta de gestión de conflictos que se dan en espacio público” y agregó: “Desde ese lugar lo que se hace es sentar nada menos que las bases de cuáles son las reglas de convivencia, cuáles son las conductas que necesitamos que no se repitan, cuáles merecen una sanción y tener acuerdos sobre eso”.
Juzgados vecinales
Como ejemplos puntuales de mediación de esos conflictos, apuntó a la creación de la figura de la mediación y de los juzgados vecinales, además de la digitalización de los procedimientos. Así y todo, dejó en claro que el proyecto “no es determinante” a la hora de dar respuesta a la demanda de mayor seguridad que esta semana se plasmó con fuerza en la calle y señaló: “Aunque avancemos en este sentido, no significa que la ciudad tenga jueces, fiscales ni policía, pero no deja de ser un ordenador importante de la ciudad”.
La presidenta del bloque Ciudad Futura, Caren Tepp, indicó que más allá de las observaciones planteadas a lo largo de los debates en comisión, hay “una condición fundamental” para avanzar en la aprobación y es la inclusión de un capítulo específico que apunte a las faltas urbanísticas.
“Entendemos que la tasa de homicidios que sufre Rosario, que cuadruplica los indicadores nacionales, no solo se vincula a la distribución de los negocios de la droga, sino además al lavado del dinero proveniente del narcotráfico y uno de los rubros donde eso se produce es en la construcción y sobre todo en el mercado inmobiliario”, detalló la concejala, que consideró central que el municipio tenga a través del Código “un instrumento que le permita fiscalizar, tener un seguimiento de las compras y ventas de inmuebles que se hacen en la ciudad y de averiguación de los orígenes de los recursos. Seguir esa línea también permite bajar los niveles de violencia”, indicó.
El planteo del bloque de Ciudad Futura fue hecho a través de la incorporación de un capítulo específico sobre ese tema y, en ese sentido, Tepp explicó que “se trata de un detalle de las faltas urbanísticas que deberán tener personal específico hacia adentro del Tribunal de Faltas para poder obtener un registro de los infractores, así como juntar pruebas y si se detectan irregularidades, acercarlas a la Justicia para que se hagan las investigaciones correspondientes”.
Coincidiendo en la necesidad de avanzar, aunque “con una mirada diferente sobre algunos temas”, la presidenta del bloque del Frente de Todos, Norma López, consideró esencial “avanzar en un código que esté vinculado al modelo de los derechos humanos, que dignifique a las personas y que no tenga un afán persecutorio”.
Desde esa perspectiva, lo consideró “una gran herramienta para el ordenamiento y para que desde la administración municipal se alcance la convivencia de todos los sectores”, aunque aclaró: “Lo fundamental es que se aplique a todos y no a unos sí y a otros no, sobre todo cuando hay tantas situaciones complejas de violencia cotidiana y donde cualquier diferencia interbarrial o entre vecinos, termina con escenarios de violencia”.
Para eso, López señaló que tiene que ser “un código que no tenga arbitrariedades y donde quede claro que a la hora de sancionar una falta, son los jueces los que tienen un abanico de sanciones para tomar y que esa potestad de ninguna manera puede ser delegada a los vecinos”, en referencia a la conformación de los jurados de vecinos que se propone desde el Ejecutivo Municipal.
Más dureza
Desde Juntos por el Cambio, avanzar en el nuevo Código “es sumamente necesario aunque para nada suficiente para dar respuestas a lo que la ciudad necesita”, señaló el concejal Alejandro Rosselló, presidente del bloque, que insistió en que “Rosario necesita autonomía y más allá de la discusión de los recursos, que sea el intendente la persona que tenga a la mano las herramientas para garantizar la seguridad de los rosarinos”.
Además de “las mejoras aportadas desde lo jurídico y lo procesal”, como indicó Rosselló, su compañero de bloque, Carlos Cardozo, puso objeciones en cuestiones puntuales, como la cobertura de las vacantes actuales de los jueces de faltas, y señaló que “en materia de controles en la vía pública y la nocturnidad el proyecto oficial es demasiado permisivo”.
Como ejemplo y en relación al ordenamiento de los sectores más álgidos, Cardozo consideró que “en las zonas donde está vigente el estacionamiento medido, la presencia de cuidacoches debe estar prohibida”.
Así y todo opinó que la normativa “puede ayudar a disminuir las violencias cotidianas y sobre todo, con una herramienta clara, a la interrelación de las fuerzas de control de la Municipalidad con las fuerzas policiales y de seguridad, algo que tiene impacto en la seguridad de todos”.
