El municipio recuperó con la policía zonas tomadas por trapitos violentos

Hace un mes había avanzado en barrio Martin y ahora lo hizo en inmediaciones del Hospital Centenario tras denuncias de vecinos
10 de mayo 2023 · 03:05hs

Mientras el debate sobre cómo avanzar en el ordenamiento de los trapitos en la ciudad parece estancado en el Concejo, donde se estudian proyectos que van desde la prohibición hasta la regulación de la actividad, este martes agentes municipales con apoyo de la policía desalojaron a los cuidacoches del sector de Urquiza y Francia. Vecinos, comerciantes, trabajadores y usuarios del Hospital Provincial del Centenario vienen denunciando extorsiones, aprietes y amenazas de un grupo de personas que exigía una tarifa fija y hasta abonos para cuidar vehículos. El municipio quiere replicar un modelo de control fijo y patrullaje que se implementó en barrio Martin.

Las permanentes denuncias por prácticas extorsivas y situaciones de violencia que ejercen trapitos en muchas zonas de Rosario, que derivan en peleas y hasta daños a los vehículos cuyos conductores no acceden al pago de tarifas fijas, tuvo un nuevo capítulo.

Los cuidacoches en Rosario. Hay proyectos que buscan prohibirlos, otros regularlos. Y la Legislatura debate la posibilidad de sanciones para los violentos. 

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Proponen imponer arresto de 30 días a los "trapitos" violentos

Casi al mismo tiempo en que vecinos de los barrios Agote y Pichincha elevaban un petitorio al Concejo para que se atendiera esa problemática en la zona de Urquiza y Francia, y Brown y Francia, la Secretaría de Control y Convivencia y la policía realizaron un operativo conjunto para desalojar al grupo de cuidacoches que desde hace años tiene parada en la cuadra de Francia entre Urquiza y Tucumán, frente al ingreso al Hospital Centenario.

Este diario anticipó que los vecinos irían al Concejo y en un informe publicado el domingo se volcaron testimonios que relataron distintas circunstancias que sufren aquellos que pretenden estacionar su vehículo en esas calles, y quedan expuestos a los aprietes y agresiones del grupo que fue desalojado.

>>Leer más: Denuncian prácticas extorsivas y violentas de los trapitos de Francia y Urquiza

Las coacciones y amenazas, incluso a pacientes y trabajadores del Hospital Centenario, a quienes se les exigía el pago de “un abono” a cambio del cuidado del rodado, llegaba a tal punto que muchos de los consultados prefirieron no dar a conocer su identidad por miedo a represalias.

La acción de la Municipalidad tuvo como sustento esa realidad. El procedimiento replicó el modelo que se implementó hace más de un mes en barrio Martín, donde unos 30 vecinos también habían alertado sobre la misma problemática.

Puntos fijos y patrullaje

Al dar cuenta del operativo, durante el cual uno de los trapitos fue demorado por resistencia a la autoridad, la titular del Control y Convivencia de la Municipalidad, Carolina Labayru, explicó que “se recibieron denuncias de vecinos sobre un grupo de trapitos que se comportaba de manera muy agresiva, extorsiva. Eso no se va a permitir y en la Mesa de Seguridad del ministerio se acordó venir a este lugar y hacer un operativo de liberación del espacio público para que estas personas no vuelvan más”.

Sobre la problemática, que en el Concejo tiene al menos cuatro proyectos en danza que van desde la regulación de la actividad hasta la prohibición lisa y llana, la funcionaria indicó que “cuando se den estas situaciones conflictivas, vamos a replicar el modelo con puntos fijos y patrullajes continuos, tal cual como lo hicimos en la plaza del Concejo. Vamos a hacer un esquema similar en Francia y Urquiza”.

Si bien las autoridades parecen haber tomado nota del rol que tiene el Estado local sobre el control de las calles y en espectáculos o eventos especiales donde se organizan acciones coordinadas, aún no se han podido ejercer fiscalizaciones efectivas en los ingresos a los estadios de Newell's o Central en días de partidos, ya que generalmente la policía está abocada a la seguridad.

Lo concreto es que sin avances significativos, en la comisión de Obras Públicas del Concejo se viene analizando una problemática que tiene múltiples aristas. Por un lado la grave situación socioeconómica que desemboca en la expulsión del circuito laboral formal de familias enteras, que ven en el cuidado de vehículos una alternativa para sumar ingresos.

No obstante, en esa realidad social compleja se intercalan actores violentos que, ante la ausencia de patrullajes y controles efectivos, municipales y provinciales, montan verdaderas economías delictivas. En algunos casos, sobre todo en los lugares más concurridos o de movida nocturna como Pichincha, La Florida, paseo Pellegrini, parque Independencia, también está latente el trasfondo del narcomenudeo.

Aplicar el Código de Convivencia

Los proyectos para regular la actividad de los trapitos están bajo estudio en la comisión de Obras Públicas del Concejo. Las iniciativas van de la prohibición, como lo propone el concejo Carlos Cardozo (Unión Pro Junto por el Cambio), con la excepción de autorizar a trabajadores de cooperativas o asociación civiles (como se realiza exitosamente en la Fiesta de Colectividades, o en La Florida), hasta la registración, con un padrón de inclusión socio laboral, autoría de la edila María Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular) al que adhiere el bloque Ciudad Futura.

>>Leer más: Sacaron a los trapitos de barrio Martin y buscan seguir los operativos en otras zonas

Para la concejala Jésica Pellegrini (Ciudad Futura), durante años existió “falta de vocación de los distintos gobiernos locales de tratar la problemática y darle una solución de fondo. Se dan discusiones cíclicas, y la verdad es que las gestiones se desentienden y se evita tomar una decisión con responsabilidad, y que definitivamente regula la actividad”.

El espacio que integra se inclina por la registración con mirada inclusiva. “Creemos que se pueden establecer condiciones con control. Ya propusimos el estacionamiento cuidado en reemplazo del medido. Que las personas registradas sepan que tiene derechos y obligaciones. Acá hay un problema que es de fondo, social, es imposible la prohibición. Una regulación permitiría identificar dónde hacerlo y dónde no, con verdadera regulación, y otra para los eventos masivos”

Voluntad política

Para el concejal Lisandro Cavatorta (Todos Hacemos Rosario), la intervención del Estado parece clave. “Está claro en el nuevo Código de Convivencia. Debe haber voluntad y capacidad política del Ejecutivo local en abordar este problema de cuidacoches violentos y extorsivos, que en realidad son grupos organizados y violentos que toman el espacio público”.

De acuerdo su análisis, se “espera que la denuncia sea mediática o llegue al Concejo para actuar. El Código de Convivencia marca que hay que actuar en el abordaje de peleas en la vía pública. El problema es que la Secretaría de Control tiene un presupuesto de una ciudad de 25.000 habitantes. No han incorporado logística para sus trabajadores, ni camionetas, ni motos, ni cámaras de videovigilancia”.

En ese camino, según Cavatorta, “mientras discutimos en el Concejo y la gente nos pide una ordenanza para regular, abordar o prohibir a los cuidacoches, el municipio puede actuar con el actual Código, y está comprobado. Cuando lo hizo en barrio Martin mejoró la situación, o en los eventos culturales masivos, como recitales, ahí también se mejora. Hay que robustecer las áreas de control de la Intendencia, y que tome al control del territorio como un problema de seguridad”.

Prohibición con opciones

Por su parte, Carlos Cardozo, directamente propuso la prohibición. “Sobre todo en la zona de estacionamiento medido, donde es innegociable”, remarcó. Desde su bloque se adhirió al proyecto (de autoría del diputado Walter Ghione) que propuso la incorporación de un artículo Código Contravencional de Santa Fe para que se sancione con arresto desde 10 a 30 días a personas que ejerzan la actividad de trapitos y no pueda acreditar registración o autorización.

“No estamos de acuerdo con la registración, si con otro tipo de soluciones, como se dio en Colectividades, donde se organizo un operativo especial con tarifa fija y es administrada por un organismo público, o también en La Florida, donde se generó una convivencia razonable”.

En sintonía con Cavatorta respecto a la aplicación del Código de Convivencia recordó que “el articulo 300 penaliza la extorsión en la vía pública. Sabemos que la Municipalidad por sí misma no tiene los medios para hacerlo, porque muchas veces se pueden enfrentar a personas violentas, pero con asistencia de la policía y de fiscales se puede llevar adelante”.

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