El municipio pone en marcha la agencia contra el lavado de dinero

El intendente Pablo Javkin presentará este lunes a las autoridades del sistema de control económico financiero para la prevención del lavado de activos de origen delictivo. El evento, del que participarán concejales, fiscales, representantes de colegios profesionales y cámaras, entre otros, tendrá lugar esta mañana en el Salón Carrasco del Palacio de los Leones, y será en los hechos el puntapié inicial para el funcionamiento de la agencia antilavado, aprobada por ordenanza en agosto.

Según pudo averiguar de forma no oficial La Capital, la persona elegida para comandar la autoridad de aplicación sería María Paula Bruera, que se venía desempeñando como directora de Gestión y Control de Concesiones como antecedentes técnicos y profesionales en la materia. Es hermana de Roberto, ex concejal del Partido Demócrata Progresista. Se trata de una designación en transición, tal como lo estipulaba la ordenanza, hasta que el Ejecutivo mande el pliego definitivo, que necesita la luz verde del Concejo.

La agencia estará facultada para procesar las alertas sospechosas, y tendrá potestad de enviar documentación a la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio Público de la Acusación (MPA) o el organismo de control pertinente en la materia. Podrá intercambiar información con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), UIF, Banco Central de la República Argentina (BCRA), Administración Provincial de Impuestos de Santa Fe (API), Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) y otros municipios; y a cualquier organismo público, personas jurídicas de derecho privado y personas humanas.

El organismo para la prevención del blanqueo de dinero forma parte de una iniciativa sancionada hace dos meses en el Palacio Vasallo tras varios meses de trabajo legislativo, la participación de expertos en análisis de datos y fiscales provinciales. Incluye, además de la agencia que combatirá las maniobras con colaboración judicial, un mecanismo de información y un protocolo de actuación para operaciones sospechosas.

Según la normativa, depende orgánica y funcionalmente del intendente, quien tiene la atribución de nombrar a quien la encabece, previo acuerdo del Concejo. La persona designada cumplirá funciones mientras dure el mandato del jefe comunal, deberá guardar confidencialidad de la información y podrá ser removida por el intendente ante un caso de mal desempeño.

Funcionamiento   

A partir de la puesta en marcha, todas las áreas del Ejecutivo y empresas afines estarán obligadas a recabar la información correspondiente, aplicando el protocolo de alertas, pero sin que esto signifique la paralización de los trámites a iniciarse. De hecho, desde la promulgación de la ordenanza a la fecha, la gestión estuvo trabajando en adaptar los sistemas y los circuitos de los trámites, para ya tener operativa la posibilidad de pedir la documental adicional necesaria, como así también las capacitaciones a los equipos que la van a aplicar.

En ese sentido, se deberá requerir información más detallada a todas las personas humanas, jurídicas, fideicomisos, patrimonios de afectación, u otras estructuras jurídicas que participen en los procedimientos. Por ejemplo, la declaración jurada de origen y licitud de los fondos a invertir, y la participación de cada persona involucrada en el plan de inversión.

Los procedimientos y trámites administrativos en donde se pondrá la lupa abarcarán permisos de habilitación, transferencias, cambio y anexo de rubro; venta y alquiler de vehículos, motos y embarcaciones; armerías, casas de juegos, apuestas o casinos; rubros comprendidos en la ordenanza de nocturnidad; hoteles, hostels y alojamientos transitorios para turistas; playas de estacionamiento y cocheras; guarderías náuticas; restaurantes y bares; organismos financieros; agencias de viajes y turismo; concesiones públicas de obras y servicios; construcciones o ampliaciones de más de mil metros cuadrados; convenios urbanísticos; y adquisición o transferencia de más de dos licencias de taxis o remises.

La nueva normativa crea un protocolo de actuación para la detección y prevención de operaciones sospechosas de lavado. Se disparará una alerta sospechosa a toda simulación del origen de activos, y dudas respecto a la autenticidad, veracidad o coherencia de la documentación presentada. Las alertas también se podrán activar ante transferencias sucesivas de habilitaciones municipales, licencias, bienes registrables, participaciones societarias y la posición de administración fiduciaria.

También ante cualquier hecho económico que no guarde debida relación con las actividades declaradas y realizadas por las personas humanas y jurídicas correspondientes. El procedimiento será válido para inversiones de elevado monto que no justifiquen los montos involucrados.

La agencia asentará su actuación a partir de la información integral e interrelacionada contenida en el “Perfil Digital” y la “Plataforma de Gestión Documental Electrónica”; así como también en los instrumentos recabados en cualquier otro soporte que resulten respaldatorios.