Desde el MPA alertan que la retractación de las denuncias es muy frecuente y responde al entramado de vulnerabilidades que rodea a la víctima. Cómo trabaja la Fiscalía para sostener las causas
Por Nachi Saieg
Retractación de denuncias: cómo actúa la Justicia frente a un fenómeno frecuente
A una década de la primera marcha de Ni Una Menos, la consigna que estremeció al país y visibilizó la violencia machista se vuelve a renovar en la calle, mientras siguen vigentes los desafíos. En Santa Fe, uno de ellos se presenta a diario en los pasillos judiciales: un alto porcentaje de víctimas de violencia de género se retractan de las denuncias que hacen.
Así lo confirmó Cecilia Cardinali, jefa de la Unidad Fiscal Especial de Delitos contra la Integridad Sexual del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien explicó en diálogo con Carlito y Monumento, el informativo matutino de Brindis TV, que este fenómeno no es una rareza, sino una expresión directa del tipo de violencia que atraviesan muchas mujeres.
“Es algo muy frecuente. Tiene que ver con la propia naturaleza de la violencia que están padeciendo. Ya antes de llegar a la fiscalía, la víctima inició una ruta crítica. Desde Fiscalía tratamos de empoderarlas y de que la denuncia se mantenga”, señaló Cardinali.
La funcionaria remarcó que el abordaje judicial busca no limitarse al expediente y pone en el centro el contexto de vulnerabilidad de la víctima. Por eso, desde el primer contacto, se les brinda un canal directo de comunicación vía WhatsApp y se les explicita qué decisiones se van a tomar en cada etapa procesal.
Además, las víctimas tienen derecho a asistir a las audiencias e incluso hablar previamente con el juez o la jueza. “La idea es acompañarlas, no presionarlas. Pero sí explicarles, con claridad, qué caminos se abren con la denuncia y qué pasa si deciden no seguir”, explicó Cardinali. Según estimó la fiscal, el porcentaje de retractación rondaría el 80%.
Cardinali detalló que, frente a una posible retractación, el MPA activa la intervención de su equipo interdisciplinario, integrado por profesionales del derecho, la psicología y el trabajo social. “La respuesta del MPA tiene que ser integral, porque no se trata solo de un delito puntual como un arrebato. Acá hay una historia: el agresor suele ser el padre de sus hijos, su pareja, quien les daba asistencia económica. Es muy difícil sostener esto”, reconoció.
Esa complejidad también hace que el acompañamiento tenga que ir más allá del proceso penal. Por eso, desde el año pasado, la Fiscalía General inició vínculos con asociaciones civiles que acompañan a víctimas. “Estas organizaciones están en el territorio, cerca, y tienen herramientas que ayudan a que la vida pueda seguir después del delito: talleres, cursos, espacios de escucha, redes de contención que muchas mujeres no encuentran en su familia o su entorno”, describió.
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Para Cardinali, esas redes son tan necesarias como las leyes o las medidas de protección. “El delito te atraviesa. La persona agresora queda detenida, pero tu vida tiene que continuar. Si no hay alguien que te sostenga, desde el Estado tenemos que estar ahí”, apuntó.
Desde el surgimiento de Ni Una Menos en 2015, también se produjo un cambio dentro del sistema judicial. Para Cardinali, hoy se investiga lo que antes se silenciaba. “Tiene que ver con la conciencia que tomamos de que estos hechos se denuncian. Antes, muchos ni siquiera llegaban a una fiscalía”, explicó.
Ese cambio de mirada no solo alcanza a los fiscales, sino también a los distintos estamentos que intervienen en los casos. “Hay muchísimas condenas por año, tanto en juicios como en abreviados. Y también hay otras salidas: probation, acuerdos, mecanismos alternativos que buscan una resolución concreta e integral para cada caso”, indicó.
La fiscal subrayó que no todas las víctimas necesitan lo mismo. Algunas requieren únicamente una respuesta punitiva porque ya lograron cortar con el agresor; otras, en cambio, necesitan otro tipo de reparación, como el resarcimiento económico. “La mirada está puesta en desandar la violencia que nos circunda. No es un molde único: cada caso es diferente, cada víctima también”, remarcó.
El informe de gestión 2024 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), también revela que la Fiscalía Regional (Rosario) concentró el 46,9% de los legajos iniciados en la provincia por violencia de género o violencia familiar, con un total de 13.720 casos. Esta cifra ubica a la jurisdicción como la de mayor volumen en el abordaje de este tipo de violencias.
Además, en Rosario se llevaron a cabo el 42% de las audiencias vinculadas a estas causas (2.922 en total) y se dictaron 305 condenas en el marco de procedimientos abreviados, lo que representa más de un tercio del total provincial. En cuanto a juicios orales y públicos, se registraron 22 condenas.
En paralelo, se concedieron 32 suspensiones de juicio a prueba (probation), mientras que se concretaron 10 acuerdos conciliatorios y apenas una mediación. Por otro lado, durante el mismo período, se desestimaron o archivaron 2.895 legajos en Rosario, lo que equivale al 36,5% del total provincial.
Según da cuenta este informe de la Fiscalía General, los nudos más críticos en las investigaciones de violencia de género radican en "el gran volumen de casos que ingresan diariamente al sistema penal". Además, mencionan las dificultades para el abordaje articulado con otras instituciones públicas y privadas.
También hacen hincapié en la necesidad de evitar prácticas revictimizantes y en el imperativo de desarrollar estrategias de investigación y resolución de los conflictos que sean ágiles y acordes con las prioridades de las víctimas y con los estándares del sistema penal en forma simultánea.
Agustín Adrián Torales, de 29 años, fue ejecutado este jueves. Antes sobrevivió a dos intentos de asesinato y fue demorado varias veces por distintos delitos
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