Diputados nacionales del PRO rechazan la creación de un sindicato que agrupe a los cuidacoches y anticiparon que irán por la tipificación de una figura penal más dura para quienes realicen esa actividad. Desde el Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública de la República Argentina, que ya hizo pie en la ciudad de La Plata, anticiparon que a fines de abril realizarán una asamblea constitutiva en Rosario y aseguraron que pretenden no solo tener actividad en la ciudad sino además extenderla a toda la provincia.
Desde el municipio resisten este desembarco por considerar que implicaría regular una actividad ilegal. "No podemos permitir que la delincuencia se instale en Rosario", advirtió el ex concejal y actual funcionario municipal Miguel Tessandori. "Los argentinos estamos acostumbrados a desoír las leyes y no cumplir las ordenanzas. Porque en Rosario hemos tenido denuncias, hemos registrado presiones en distintos lugares por parte de los cuidacoches. Acá se confunde trabajo con delincuencia", sostuvo, en alusión al hecho de que, en Rosario, hubo casos de cuidacoches denunciados por exigir pagos a los conductores por estacionar en la vía pública y amenazar violentamente a quienes no entregaban dinero.
Ahora, se escuchan nuevas voces en contra: los legisladores nacionales Gabriel Chumpitaz, Verónica Razzini, Alejandro Bongiovanni, y Gabriela Besana expresaron su oposición al armado de un gremio que agrupe a los cuidacoches y anticiparon que buscarán frenar esta iniciativa, a la que calificaron como “irracional”.
Desde el PRO plantearon que la propuesta de tipificación y de reforma del Código Penal de la Nación en lo relativo a los cuidacoches tiene sus fundamentos en la conocida “Teoría de la ventana rota”, con la que la ciudad de Nueva York logró reducir algunos índices de violencia y delitos en tiempos en que era alcalde Rudolph Giuliani. En criminología, es una teoría que sostiene que los signos visibles de la delincuencia, el comportamiento antisocial y los disturbios civiles crean un entorno urbano que fomenta la delincuencia y el desorden, incluidos los delitos graves.
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“Es incomprensible que en estos tiempos insistan en institucionalizar a las mafias. Hay que terminar con estas ideas de raíz, no se pueden apoyar bajo ningún punto de vista”, sostuvo la diputada Razzini. A su vez, Bongiovanni argumentó: “No debería existir la actividad de trapitos porque no es un servicio, no cuidan el auto de nadie más que de ellos mismos, se debe prohibir”.
Gabriela Besana, diputada por la Provincia de Buenos Aires, remarcó: “No se puede institucionalizar algo que es ilegal. No solo no hay que permitir que se conforme un sindicato sino que hay que controlar para que este tipo de prácticas no formen parte de la vida cotidiana de todos los argentinos”.
Por su parte, Gabriel Chumpitaz, sentenció: “Los trapitos no son más que delincuentes disfrazados de trabajadores, no vamos a dejar a Rosario bajo la suerte de un grupo de mafiosos. Además de una extorsión, es una apropiación indebida del espacio público”.
