En la consejería del Hospital Roque Sáenz Peña no sólo se garantiza la interrupción de embarazos, sino también escucha y acompaña a las usuarias
Dolores Chaumet, médica especialista en ginecología y obstetricia, posa junto a la trabajadora social Marina Iraolagoitia frente al Consultorio 15. Foto: Celina Mutti Lovera
Cartel informativo sobre el aborto legal afuera del consultorio 15. Foto: Celina Mutti Lovera
Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.
Hospital Roque Sáenz Peña.
Dolores Chaumet, y Marina Iraolagoitia en los pasillos del Hospital Roque Sáenz Peña. Foto: Celina Mutti Lovera
Gráfico de los pasos a seguir frente a un pedido de interrupción voluntaria del embarazo pegado en la puerta de la consultoría. Foto: Celina Mutti Lovera
Fue hace más de quince años, pero Dolores Chaumet, médica especialista en ginecología y obstetricia, aún recuerda vívidamente algunos casos de las mujeres que llegaban al Hospital Roque Saénz Peña con infecciones producidas por abortos clandestinos. Habla de la fiebre, los escalofríos, el dolor, el sangrado, pero sobre todo el miedo.
“Las mujeres se acercaban a la guardia cuando su estado de salud era crítico”, dice la médica, actualmente al frente del consultorio 15 del hospital, donde trabaja el equipo de profesionales de la Consejería en Salud Sexual y Reproductiva.
El hospital, que lleva el nombre del expresidente argentino que impulsó la ley de Voto Secreto, Universal y Obligatorio en 1912, es el lugar de referencia para la atención de la salud de la población del sur y el suroeste de Rosario que no cuenta con cobertura de atención médica a través de obras sociales o prepagas. Un extenso territorio donde vive casi un tercio de la población de la ciudad.
No obstante, destaca la profesional, el consultorio 15 recibe también la demanda de mujeres con obra social o de usuarias de otras localidades del sur provincial, que no encontraron respuesta en los centros de salud a los que recurren habitualmente o que prefieren el anonimato que garantiza el hospital frente a otros espacios de atención más pequeños donde todos se conocen.
Para llegar al consultorio 15 hay que atravesar el espacio verde que hace de acceso al hospital. Es diciembre y en el hall se armó un árbol de Navidad. Después hay que caminar algunos metros de un pasillo luminoso y, finalmente, al fondo hay una puerta blanca con un número. La sala no tiene nada diferente a cualquiera otra del edificio: hay una camilla, un escritorio, una silla; pero quienes atraviesan esa puerta tienen la sensación de que es un “territorio ganado” a largos años de mirar para otro lado, a negarse a entender que la interrupción del embarazo era un tema de salud.
Del consultorio de salud sexual del Sáenz Peña participan médicas, residentes, trabajadoras sociales y una psicóloga que acompañan interrupciones de embarazos de primer y segundo semestre de gestación. Garantizan esas prácticas, pero sobre todo escuchan a las mujeres y respetan su decisión.
El espacio creció acompañando los debates de las políticas de salud sexual. Hace unos quince años, Chaumet recién se había recibido de médica en la Universidad Nacional de Rosario. Por esos días, los métodos para la interrupción del embarazo no eran parte de los programas de estudio, hasta que en 2017 un grupo de profesionales creó la cátedra llamada “El aborto como problema de salud”, la primera en una universidad pública argentina.
La interrupción del embarazo aún estaba prohibida y en los hospitales públicos se veían las consecuencias de la ilegalidad. “Llegaban las mujeres con abortos incompletos o abortos en curso. Todavía era un tema bastante ajeno. Nadie preguntaba nada. Mucho tiempo después se empezó a visibilizar que muchas de esas mujeres estaban transcurriendo un aborto no punible. Y teníamos que protegerlas, incluso, de la intención de denuncia judicial de algunos compañeros”, recuerda la médica.
Entonces, en el Roque Sáenz Peña empezaron a implementar los protocolos de las guías de abortos no punibles del Ministerio de Salud de la provincia, primero, y del Ministerio de Salud de la Nación, después. La Corte Suprema ya se había expedido sobre el tema en 2012, cuando revisó el caso conocido como FAL, estableciendo el derecho a la interrupción del embarazo no punible si la gestación era producto de una violación.
Aún así, la consejería se sostenía “a pulmón” por la convicción de las profesionales que la integraban. “En cierto sentido, era un lugar marginal dentro del hospital”, dice Chaumet. Tuvo que pasar el tiempo para que la atención de interrupciones de embarazo se abordara como cualquier otro problema de salud.
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En los debates previos a la legalización del aborto, el nombre del Hospital Roque Sáenz Peña, de la ciudad de Rosario, se escuchó varias veces como ejemplo de centros de salud que garantizaban derechos. Estas consideraciones se acompañaban con cifras como la reducción de la mortalidad materna por causas de aborto o la reducción de hospitalizaciones por complicaciones por aborto.
Aún así, puertas adentro del centro de salud existían tensiones: desde operarios de mantenimiento que se negaban a cambiar las lamparitas del consultorio hasta administrativos que no querían abrir las historias clínicas de las pacientes o dificultades para conseguir anestesistas. “Los llamábamos objetores de papel resma”, recuerdan las integrantes del área de salud sexual.
La legalización de la práctica generó un cambio “impresionante”, dice la médica y considera imprescindible “rescatar todo lo que se cargaron en la espalda muchas personas y que nos permitió a nosotros, tiempo después y en otro contexto, instalar estas prácticas como una más dentro del hospital”.
De hecho, destaca, “ninguna de esas personas está hoy acá, ni forma parte de la vida cotidiana institucional. Pero, sin embargo, el espacio permanece aún con todas las dificultades que podamos tener”.
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La ley de aborto, resalta Chaumet, permitió entre muchas otras cosas que el área de salud sexual “sea un espacio más dentro del hospital”, donde las pacientes puedan agendar un turno, tengan una historia clínica y sigan el mismo camino que cualquier otro tipo de atención.
“Lo que garantizamos _repite la médica_ es la atención integral de una persona en conflicto con su embarazo que decide abortar. Porque el acceso al derecho no es solo acceder al Misoprostol, no es solamente indicar el tratamiento, es acompañar emocionalmente a esa persona y garantizar que pueda acceder a un método anticonceptivo”.
Contar con un equipo interdisciplinario, concluye, permite ver “qué es lo que pasa con esas mujeres que vienen en conflicto con su embarazo, escuchar qué quieren, qué necesitan y garantizar derechos”.