El revuelo causado por la tramitación "exprés" de un pedido de la Bolsa de Comercio para demoler el petit hotel de Corrientes 728, catalogado con alto grado de protección patrimonial, actuó como catalizador en torno a la problemática de la preservación arquitectónica en Rosario. A eso se sumó una nota publicada ayer en La Capital dando cuenta del "negocio especulativo" que suele hacerse con propiedades "protegidas" y que termina, gran paradoja, nada menos que en su demolición. "Estas cosas nos obligan a una mayor vigilancia y a estar muy alertas para poder preservar todo lo que podamos el rico patrimonio urbanístico que tiene Rosario", afirmó ayer la concejala de Compromiso con Rosario Carola Nin, uno de los bloques que más se opuso al otorgamiento del okey para que el petit hotel catalogado dos veces en el inventario dé lugar a un edificio de nueve pisos para la Bolsa de Comercio.
Se trata de fenómenos distintos, pero que en simultáneo pusieron la lupa sobre el destino de gran cantidad de inmuebles de valor patrimonial en la ciudad.
El del petit hotel que desaparecerá en breve de pleno centro, justo cuando el municipio desarrolla un plan de revitalización del casco histórico, puso a las políticas públicas de preservación en el centro de la polémica. En ese caso no sólo por el valor del propio inmueble, sino también y sobre todo por la celeridad con que se aprobó su demolición.
"En los años que llevo en el Concejo no recuerdo otro caso en que un permiso así se tramitara en un mes", afirmó el edil Osvaldo Miatello, tan preocupado por el tema a la hora de votar la solicitud en el recinto que pidió un recuento "nominal".
"Es obvio que ahí se dio un tratamiento exprés por tratarse de quién lo solicitaba", reflexionó Nin. La edila propuso que de ahora en más, con un listado de 1.700 inmuebles de valor patrimonial a proteger (contra 2.400 que figuraban en el primer catálogo), se trabaje sobre la base de una "consulta con la mayor cantidad de actores posibles", entre ellos las organizaciones que bregan por la defensa del patrimonio, el Colegio de Arquitectos y la Facultad de Arquitectura.
Pero el otro fenómeno, denunciado por un miembro de la comisión de Preservación del Patrimonio del colegio y coorganizador de la Semana del Patrimonio que se realiza anualmente en Rosario, Pablo Mercado, revela situaciones menos excepcionales que las de la Bolsa.
Concretamente, el arquitecto describió un circuito especulativo en el cual "las casonas que forman parte del inventario se compran baratas, justamente, porque no se puede usar el terreno para construir".
Quien las adquiere las deja caer (o incluso promueve su deterioro) para que luego un experto de la Universidad las declare "en ruinas" y el municipio autorice su demolición. Finalmente, en el lugar podrá levantarse un edificio de alta rentabilidad.
En pleno centro, al, menos una decena de propiedades casi centenarias sobrevive a duras penas con ese riesgo.
Sobre el punto Miatello es consciente de que en gran cantidad de casos entran en "disputa dos tipos de intereses": uno colectivo, de la ciudad, en conservar su patrimonio, y el del particular, con derecho a vender su casa. "Se da una falla estructural", dijo, porque "no hay una compensación para el propietario en este tipo de situaciones".
Para abordar esa problemática tan compleja, hace 6 meses Miatello presentó un proyecto que aún aguarda discutirse para poner en marcha un mecanismo de "transferencia de derechos de desarrollo", experiencia que existe en otras ciudades del país y el mundo para intentar zanjar esa controversia.
La concejala Lorena Giménez Belegni también mostró preocupación y sostuvo que cualquier política activa de protección al patrimonio debe contemplar la situación del propietario para que no quede atrapado por la imposibilidad de mantenerlo en pie y se vea obligado a vender su inmueble "por dos pesos con cincuenta".
Como ejemplo, puso la "casa rosa" de Tablada, considerada la primera de Rosario, de la que especialistas dicen que ya es casi imposible mantener en pie. "Es un círculo vicioso", dijo la edila del Partido del Progreso Social, a sabiendas de que las viviendas catalogadas deberían recibir un apoyo estatal, "pero el Estado no tiene solvencia para afrontarlo".
Como alternativa, planteó la posibilidad de que el Banco Municipal brinde herramientas de financiamiento y se generen políticas fiscales que no "ahorquen" al dueño de un inmueble patrimonial ni lo obliguen a venderlo al "vivillo de turno que aprovecha la situación".
