Estacionamientos, guarderías náuticas, hostels, hoteles y alojamientos transitorios para turistas deberán declarar el origen de los fondos invertidos para lograr la habilitación si en el Concejo Municipal prospera un proyecto que está en debate en la comisión de Gobierno. La iniciativa busca ampliar el control del municipio sobre los grandes emprendimientos comerciales, sobre todo en aquellos rubros utilizados con frecuencia para el lavado de activos.
La propuesta unifica dos proyectos de las concejalas Carola Nin, de Compromiso con Rosario, y María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, para modificar la ordenanza que hace tres años creó el sistema de control económico financiero de inversiones en el ámbito de la Municipalidad.
La norma pone la lupa sobre la radicación de negocios de grandes proporciones y obliga a las áreas de Habilitación, Atención a Empresas y Obras particulares a requerir una declaración jurada sobre el origen del dinero invertido en la construcción de edificios de propiedad horizontal, venta y alquiler de vehículos, locales de esparcimiento nocturno y casa de juegos, apuestas o casinos.
En los pasillos del Concejo Municipal a la norma se la conoce como "la ordenanza Monos", ya que fue sancionada casi en el mismo momento en que comenzaron a hacerse públicas las inversiones del clan delictivo de barrio Las Flores.
Ahora, la idea es ampliar este requisito a todo tipo de proyectos inmobiliarios que superen los 19 millones de pesos y para todo otro tipo de emprendimiento comercial que supere los dos millones de pesos.
Entre otros rubros, se incluye a estacionamientos, guarderías náuticas, hostels, hoteles y alojamientos transitorios para turistas. Según explicó Gigliani, son los rubros específicos que generalmente se utilizan para el lavado de activos.
Caso testigo
La primera de las iniciativas para ampliar el alcance de los controles municipales sobre estas inversiones surgió después de que se aprobara una excepción a la normativa urbanística en la zona de Puerto Norte, para permitir la construcción de un hotel de la cadena Sheraton.
La cara visible de este emprendimiento es el titular de la firma Turicentro Viajes SA, Carlos Hugo José Gianni, empresario ligado al turismo pero también a contratos con el Estado. Gianni fue procesado por el juez federal Daniel Rafecas acusado de actuar como testaferro del detenido ex funcionario kirchnerista José López. En julio pasado, la Cámara Federal porteña, ratificó esa sospecha.
"Como la obligación de declaración jurada alcanza sólo a los edificios, en el caso del Sheraton se obvió este requisito", advirtió la concejala Gigliani.
Según destacó, "este control es complementario al que deben hacer los organismos nacionales" y aclaró que "no se trata de frenar ni poner recaudos a que la ciudad reciba inversiones, sino que busca garantizar que estas procedan de fondos genuinos".
Los concejales de Gobierno volverán a discutir el proyecto mañana. Si todo sale como está previsto, la iniciativa podría llegar al recinto el jueves.
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