Después de atravesar situaciones que lo pusieron al borde del cierre y que se
evitaron gracias a la voluntad de los padres, otra piedra vuelve meterse en el camino institucional
del Complejo Educativo Alberdi. De no mediar alguna gestión oficial, en pocos días deberá ser
desalojado un sector de la escuela, luego de que una cofundadora ganara un juicio por alquileres
impagos de dos lotes que ella misma donó para crear la institución de Rondeau al 1400. Si la medida
judicial prospera, habrá que desmantelar seis aulas del nivel inicial, baños y hasta una
huerta.
Cuando en septiembre de 2005 los padres de los alumnos tomaron la conducción del
colegio porque los anteriores directivos lo abandonaron casi en bancarrota (terminó en convocatoria
de acreedores), no imaginaron que cuatro años más tarde tendrían que afrontar otro golpe a la
ilusión de sostener uno de los proyectos educativos más prestigiosos de la ciudad.
La escuela se levantó en 1991 sobre seis lotes que sus socios fundadores
cedieron a través de un contrato de locación que se pagó regularmente sin demasiados
contratiempos.
Paradoja. Pero en abril de 2007, se planteó en la Justicia una situación
inesperada. Una cofundadora de la escuela inició un juicio de desalojo por alquileres impagos de
dos lotes (Nº 9 y Nº 10 de la manzana Nº 205), que junto a los Nº 1, 2, 14 y 15 conforman la base
catastral donde se asienta la escuela.
Sobre la parcela en disputa se erige el nivel inicial, con seis aulas y baños y
hasta una pequeña huerta.
A junio de 2006 el colegio debía 3.640 pesos en concepto de alquiler. La dueña
hizo el reclamo y se celebró un convenio que la institución no pudo cumplir.
En marzo de 2007, la institución fue intimada al pago y, con el juicio en
marcha, en mayo de ese año abonaron 4.795 pesos por los alquileres correspondientes a diciembre de
2006 y enero y febrero de 2007, períodos reclamados por la actora, como también por marzo y abril
de 2007.
Se intentó llegar a un convenio con la titular del lote, incluso pagar
alquileres por adelantado, pero no hubo acuerdo.
Comprobado el legítimo derecho que le asiste a demandante, en septiembre de ese
año el juez de Ejecución Civil de la 2ª nominación, Eduardo Arichuluaga, dictó la sentencia de
desalojo. El lanzamiento no se llevó a cabo porque la escuela apeló para tratar de ganar tiempo y
arribar a una salida que no afectara sus intereses meramente pedagógicos.
En julio de 2009 la Cámara de Circuito confirmó el fallo y la medida se ordenó
finalmente en noviembre. Como la parcela es irregular y las dependencias del colegio se asientan
también sobre otro terreno, en abril pasado se designó a un perito agrimensor para delimitar el
espacio.
Pero ya casi no hay más tiempo y la medida sólo está pendiente de una serie de
trámites formales. En ese contexto, la comunidad educativa pasa días de angustia, está
convulsionada y reclama un gesto urgente de las autoridades del Ministerio de Educación de la
Provincia (ver aparte).
La semana próxima, parte de la comisión directiva de la escuela se reunirá con
autoridades de esa cartera para buscar una solución integral al inminente desalojo.
