La Municipalidad de Rosario logró que se trabe un embargo por 40 millones de pesos sobre 1.392 hectáreas en las islas entrerrianas propiedad del empresario con el cual mantiene una puja judicial por el legado Deliot, otras 807 hectáreas ubicadas en el mismo territorio, donadas al gobierno local y que ya las inscribió catastralmente como propias. En el marco de esa causa la Justicia de Entre Ríos rechazó un recurso extraordinario federal planteado por el empresario, que se agravió porque no le abrieron el recurso de inconstitucionalidad contra los fallos que, en primera y segunda instancia, le negaron la posibilidad de apropiarse de las tierras en conflicto a través de un juicio de usucapión.
En el marco del litigio que enfrenta a la Municipalidad de Rosario con el empresario Enzo Rómulo Mariani por las 807 hectáreas ubicadas en las islas entrerrianas, se dieron novedades relevantes y que procesalmente se pueden interpretar como puntos a favor en la estrategia del gobierno local.
Por un lado, y de acuerdo a una resolución a la que tuvo acceso La Capital, el 8 de mayo el fuero Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó la vía extraordinaria federal que planteó Mariani al sentirse agraviado por una resolución que, en diciembre pasado, rechazó el recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de Entre Ríos. El objetivo era que se revisaran los fallos de primera y segunda instancia que le denegaron la posibilidad de reclamar las tierras a través del juicio de usucapión.
Mariani alegó que siempre puso de manifiesto la intención de poseer el inmueble como dueño, de ejercer el derecho de propiedad; que la sentencia de Cámara omitió considerar que los bienes que la Municipalidad tenía la obligación de constituir y habrían correspondido a la Fundación Deliot, jamás debieron inscribirse catastralmente en favor de la Intendencia.
Sin embargo, los jueces Leonardo Portela; Martín Carbonell y Gisela N. Schumacher decidieron hace cuatro días desestimar los fundamentos y rechazar la pretensión de abrir la queja al recurso federal. Ante este nuevo revés, Mariani tiene como última instancia ir en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
16 lotes
La otra novedad relevante en la trama judicial es un embargo preventivo que impulsó la Municipalidad de Rosario sobre 1.392 hectáreas que pertenecen a Mariani, linderas a legado Deliot. La medida cautelar solicitada tiene como correlato un juicio iniciado por la gestión local para lograr la reivindicación de la totalidad de las tierras como única sucesora universal de los bienes donados por el contador Carlos Deliot, fallecido en 1944.
La sucesión testamentaria tiene un largo recorrido con punto de partida en 1943. Lo cierto es que luego de un año y medio de trámites en Entre Ríos, la Municipalidad logró darle un cierre en septiembre de 2022, cuando inscribió los lotes a su nombre.
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Ese fundamental paso en la transferencia de dominio de los inmuebles del legado Deliot a favor de la Municipalidad ocurrió luego de ser declarada heredera en un juicio de sucesión testamentaria. Son 16 lotes, cada uno de ellos con su correspondientes matrículas y delimitación catastral.
Pero como reaseguro hasta tanto se dicte una sentencia definitiva en el juicio principal, la Municipalidad instó el embargo preventivo sobre otros bienes de Mariani ante el juez de primera Instancia de Victoria, Luis Francisco Marques Chada.
El magistrado resolvió hacer lugar a la medida y lo notificó a través de la resolución Nº 16.531 fechada el 23 de marzo, pero que se mantuvo en reserva hasta estos días mientras se formalizaban notificaciones y oficios a las partes.
Al momento de resolver, el juez citó las sentencias de los tribunales superiores a través de las cuales se confirmó el rechazo a las pretensiones de Mariani, lo cual “le da verosimilitud suficiente a la pretensión cautelar que solicitó la Municipalidad de Rosario".
Con esos antecedentes, el juez resolvió trabar embargo preventivo sobre el bien inmueble de Mariani, que tiene una superficie de 1.392 hectáreas, ubicado en zona de islas del departamento Victoria (planta rural e inscripto en el Registro Público de la Propiedad Inmueble) hasta cubrir la suma de 40 millones de pesos, más el 30 por ciento de presupuestado para intereses y costas provisorias.
Pero además, dispuso una medida de no innovar por el plazo de 180 días (susceptible de renovarse) sobre el predio usurpado, con lo cual queda establecido que no se pueden realizar nuevas obras o intervenciones que modifiquen el medio ambiente mientras se sustancia el juicio de reivindicación sobre la totalidad de las tierras en disputa.
