Pese a los esfuerzos de la defensa por excarcelar a los dos ciudadanos chinos imputados de tenencia ilegítima de arma de fuego y amenazas coactivas calificadas, la jueza Irma Bilotta resolvió ayer disponer la prisión preventiva de W. Y. y H.Y por 60 días.
La fiscalía a cargo de Juliana González se mantuvo firme en su planteo de dejar tras las rejas a quienes se presume son los autores materiales o intelectuales de las llamadas telefónicas intimidatorias y la amenaza sufrida por los dueños de un autoservicio chino de San Martín al 2000, donde en la puerta se encontró una granada de mano.
Previo a la audiencia imputativa, la jueza Roxana Bernardelli había rechazado el habeas corpus presentado por los defensores Carlos Varela y Adrián Martínez, quienes despertaron una fuerte polémica por los plazos de detención.
La dificultad radicó en el temor que tuvo el primer traductor de chino mandarín que iba a presentarse en la Justicia, y en ciertos cortocircuitos entre las partes. Finalmente ayer, una traductora matriculada del Colegio de Traductores fue la llave que permitió que los acusados pudiesen expresarse y ser escuchados por el Tribunal.
Competencia. Según las evidencias colectadas y esgrimidas por el Ministerio Público de la Acusación, previo al hallazgo del artefacto explosivo del 15 de noviembre depositado en la vereda, cerca de las 3.45 L.W.S y su esposo H.S. recibieron llamadas al teléfono fijo del local de San Martín 2034 con un claro mensaje intimidatorio.
“Vendé el negocio o cerralo”, se escuchó al otro lado del teléfono en perfecto chino mandarín. Según los elementos de prueba, los dueños del local se aprestaban a inaugurarlo pero recibieron varios mensajes para que no lo hicieran. ¿La razón? Estaban muy cerca del supermercado chino de San Martín 1555, donde en el allanamiento del lunes encontraron siete armas de fuego y 3.500.000 pesos.
También se secuestraron otras 2 armas en el súper de Corrientes 1847 y se allanó otro comercio en 9 de Julio al 800.
Ante la jueza Bilotta, los ciudadanos chinos, de 26 y 44 años, brindaron ayer sus datos personales y el más joven dijo de memoria su documento de identidad argentino.
Ambos cuentan con secundaria completa en China y el mayor es militar retirado de ése país. También los dos hicieron un uso escueto de la palabra: se proclamaron inocentes ante las acusaciones de la fiscal González, quien había solicitado prisión preventiva sin plazos y advirtió sobre el peligro de fuga ante la solvencia económica de los detenidos.
Tras escuchar la evidencia en contra de sus defendidos, Varela machacó sobre la ausencia de elementos que prueben fehacientemente un nexo entre los imputados y la dueña del súper amenazado. Su socio, Martínez, hizo un pormenorizado repaso de la jurisprudencia en materia de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y ambos fueron sobre la tenencia de las armas, un ítem que deberá develarse en estos días con los informes del Renar que acrediten la tenencia legal.
“No tienen nada. Esto es un acto de xenofobia. Si encontraban 3 millones de pesos en la casa de un supermercadista argentino, no se hubiese presumido delito como en éste caso”, señaló Varela. La defensa insistió en que las sumas halladas corresponden al movimiento normal en esta actividad comercial.
Finalizados los alegatos, se solicitó la libertad de los dos chinos. Subsidiariamente, la alternativa a la prisión efectiva con comparecencia periódica ante la Justicia, ofreciendo fianza y la garantía, tanto de los abogados como de dos miembros de la comunidad china.
Para cerrar, Varela citó el preámbulo de la Constitución: “Estamos ante un grave daño a todos los que quieran habitar suelo argentino”.
Oídas las partes, la jueza Bilotta resolvió la prisión preventiva de ambos por 60 días, con vencimiento el 22 de enero próximo, y rechazó la alternativa a la prisión preventiva solicitada por la defensa.
Armas y monedas. Entre las puntas que se aguardan con expectativa para avanzar en la investigación figuran los mensajes o llamados de los celulares secuestrados en los tres operativos. De allí podría establecerse de dónde partieron las llamadas intimidatorias. También se peritarán tres líneas fijas de teléfono y el de la víctima.
