La secretaría B del Juzgado Federal 2 de Rosario dictó una medida cautelar a partir de una acción de amparo ambiental presentada por Asociación Civil Cuenta Río Paraná contra el Ministerio de Infraesuctura y Transporte de Santa Fe, el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) y una acción preventiva, en simultáneo, por daño ambiental de la empresa Aguas Santafesinas (Assa), proveedora del suministro de agua potable y responsable del servicio de efluentes cloacales que se vierten sin previo tratamiento al cauce del río desde el Emisario Sur (Circunvalación y Ayolas), donde se recolectan los líquidos de la red cloacal y se efectúa la descarga de camiones atmosféricos. En paralelo a esta demanda civil, hay una causa penal en curso en la Fiscalía Federal 2, donde, de acuerdo a la ONG, "ya se comprobaron niveles de contaminación alarmantes" en esa zona.
Este miércoles, la jueza Silvia Raquel Aramberry, que entiende en la causa, hizo lugar de manera parcial a la medida cautelar presentada por la ONG presidida por Lucina Billordo, con el patrocinio de Agostina Castillo y, de esa manera, resolvió intimar a la empresa Assa para que ajuste su accionar en el plazo de 15 días en relación al servicio de recepción y tratamiento de líquidos de origen sanitario proveniente de pozos absorbentes, en conformidad con lo dispuesto en la resolución 145/07 del Enress.
Para tal fin, conforme a la medida judicial resuelta, Assa deberá "cumplir de manera estricta con los controles de calidad de los efluentes recibidos previo a su descarga, tales como: apreciación del color y apariencia; percepción del olor y medición de pH y temperatura de todas las cargas recibidas"; "realizar un análisis completo de los parámetros de interés, tales como: DQO, SS 10min., SS120min, cromo, cianuros, TSS e Hidrocarburos totales a un 5% de los camiones que ingresen y descarguen en sus instalaciones".
A su vez, puntualizó que "en caso de detectar parámetros que no correspondan a líquidos residuales de origen domiciliario deberá informar a las autoridades competentes de conformidad con el procedimiento previsto en la normativa aplicable". Además, deberá exigir "a todos los camiones atmosféricos que arriben al Centro de Recepción, sito en Ayolas y Circunvalación, para efectuar las descargas de los efluentes sanitarios, que presenten las planillas mencionadas de forma completa y detallada".
No obstante, deberá "denegar la carga de los efluentes cuando se comprueben parámetros de rechazo en el control de calidad previo a la descarga y proceder de acuerdo a lo establecido en la normativa provincial mencionada, debiendo llevar en debida forma un registro de los rechazos efectuados" y "llevar planillas de registro diario de controles in-situ donde conste: el nombre de las empresas que descargaron en el Centro de Recepción de Camiones Atmosféricos; el volumen descargado".
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En tanto, no hizo lugar al pedido de la demandante, en el hecho de llevar adelante un proyecto de infraestructura para poder construir una planta de tratamiento de efluentes, al tiempo que solicitó que proceda a tomar nuestras de agua y suelo, las cuales ya fueron captadas y analizadas por en el laboratorio de la División Delitos Ambientales Policía Federal Argentina (PFA), cuyos análisis "arrojaron resultados alarmantes", según le precisaron a La Capital. Por lo pronto, la magistrada ordenó que esas muestras sean tomadas por el Laboratorio de Química y Microbiología del Agua de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (Fceia) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) para "determinar el valor o los valores normales que debe tener el líquido de origen sanitario", entre otras medidas abundadas en la resolución.
"Consideramos que uno de los puntos son innecesarios porque ya se tomaron muestras y se análizaron las mismas dentro de la causa penal que está en proceso", señaló la representante legal de la ONG.
Niveles de contaminación alarmantes
"En septiembre de 2018 presentamos una acción preventiva de daño ambiental contra ASSA solicitando se ordene sanear el vuelco de efluentes cloacales que se vierten sin el debido tratamiento previo al río Paraná, dado que dicha empresa es responsable del servicio de desagües cloacales", señaló Castillo en declaraciones a este medio. Y agregó: "Consideramos de vital importancia que esto tome difusión porque el escenario de riesgo es inadmisible y está en juego la salud de toda la población''.
Todo comenzó a partir de la inquietud de varios sectores de la población encolumnados en la Asociación Civil Cuenta Río Paraná a raíz de los olores nauseabundos en la zona de avenida de Circunvalación y Ayolas, donde se encuentra el Emisario Sur, y la coloración del agua donde desembocan estos líquidos de origen sanitario y/o industrial.
Castillo adelantó que en la causa penal, a cargo del Fiscal Federal 2 de Rosario, aún se debe determinar las responsabilidades en el caso del vertido de líquidos contaminantes al río Paraná. "Dentro de esta causa, donde se ordena al laboratorio de la policía federal a realizar las muestas con Prefectura y posterior análisis de laboratorio —que ya se hizo—, se refiere al punto 5.2 de la resolución de la cautelar, los cuales ya fueron lapidarios y contundentes", precisó.
Lo que se investiga en el trámite penal es la "probable comisión de delitos de acción pública contra los directivos de Assa y quienes resulten responsables".
