Por Matías Petisce
Decenas de organizaciones debatirán hoy, de 16 a 21, en la sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario (Maipú 1065) un proyecto colectivo que busca promover un marco regulatorio para despenalizar el cultivo y consumo personal de marihuana, como ocurrió en Uruguay. "Lo único que hace falta para aprobar el consumo es voluntad política", aseguraron.
La movida se originó el pasado 21 de septiembre en Buenos Aires, cuando alrededor de 40 organizaciones promotoras del cultivo responsable de cannabis forjaron un acuerdo de cinco puntos basados en la regulación de "uso adulto", con el objetivo de iniciar el camino hacia una política de drogas "que ponga al sujeto en el centro de las acciones tendientes a mejorar la salud y la seguridad entendidas como derechos".
Vanesa Vargas, integrante de la organización Reset, que participará del encuentro, planteó que "además de garantizar una salud de calidad, teniendo en cuenta el concepto positivo de salud, los Estados deben garantizar las libertades individuales de los ciudadanos, que es lo que establece el artículo 19 de la Constitución Nacional, en relación al principio de reserva ratificado en el fallo Arriola en 2009".
En diálogo con La Capital, remarcó que, "a diez años de ese fallo, todavía se sigue condenando lo que se hace en la intimidad, sin perjudicarse ni perjudicar a terceros".
Para la militante, lo "único" que hace falta para aprobar la legalización del consumo personal "es voluntad política". Y explicó que, si bien el acuerdo conjunto es entre las organizaciones nacionales, "no sólo se puede implementar a través del Poder Ejecutivo nacional, los Estados locales también tienen la facultad de garantizar el derecho a la salud pública para los ciudadanos".
En consonancia con la integrante de Reset, desde la Asociación de Usuarios y Profesionales para el Abordaje del Cannabis (Aupac), también hicieron hincapié en que "hace falta decisión política" para promover la legalidad.
"El proyecto es muy interesante y transversal en materia de despenalización, porque por primera vez se unen 40 organizaciones para presentar un proyecto en común", remarcó Ignacio Canabal, secretario de Aupac, a la hora de analizar la iniciativa que se debatirá hoy.
En la actualidad existen dos proyectos que ingresaron al Parlamento en 2012 con el objetivo de promover la tenencia, siembra y cultivo personal. De allí hasta 2016 se presentaron cerca de 20 iniciativas más por parte de legisladores. Por eso ahora las organizaciones decidieron unificar puntos clave.
Una de las propuestas estipula un máximo de 40 gramos o el equivalente a seis plantas por persona, siendo mayor de 18 años. De esta manera, se mantendrían las condiciones que establece el artículo Nº 5 de la ley 23.737, la cual penaliza la producción y comercialización de semillas, siempre y cuando el usuario no haya contado con la debida autorización de la Nación.
Sin embargo, la creación de un instituto nacional de control y regulación del cannabis, de competencia similar al de Uruguay, sería la llave para destrabar el proyecto que en 2012 tuvo debate en comisiones parlamentarias sobre regulación, despenalización y uso terapéutico.
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