La pandemia de Covid-19, con sus consecuencias económicas, agravó la situación de quienes alquilan su vivienda. De acuerdo a la última encuesta de la Federación de Inquilinos Nacional (FIN), cuatro de cada diez familias están atrasadas con el pago del alquiler. En Rosario, se estima que hay unos 120 mil inquilinos que están endeudados o con dificultades para sostener los gastos de su vivienda. En ese contexto, los nuevos contratos llegan con aumentos de hasta el 80%, duplicando la inflación anual.
La encuesta de la federación se realiza todos los meses, alcanzando a unos 2 mil casos en todo el país. La última se realizó los primeros tres días del mes y los resultados se empezaron a conocer este fin de semana.
“Claramente se nota un agravamiento mes a mes de la situación de los inquilinos”, aseguró Sebastián Artola, titular de la Defensoría del Inquilino, una entidad creada hace cuatro años para atender la situación que atraviesa el 30 por ciento de los rosarinos que viven en una casa o un departamento alquilado.
De acuerdo a la encuesta nacional, el pago del alquiler se lleva una porción cada vez más grande de los ingresos del hogar: este mes representó el 56,1 %, mientras que en el mes de octubre fue del 51.7%.
Como en muchos otros aspectos de la vida, la crisis sanitaria “mostró como nunca la problemática del déficit habitacional del país y de la ciudad de Rosario y la necesidad de que el acceso a la vivienda tenga prioridad en la agenda pública”, advirtió el ex candidato a concejal justicialista.
Precios en alza
A poco de iniciarse el aislamiento social, preventivo y obligatorio para evitar el crecimiento de los contagios de coronavirus, en marzo pasado, el gobierno nacional dispuso el congelamiento de los precios de los alquileres, la suspensión de los desalojos y la posibilidad de financiar en cuotas sin interés los aumentos estipulados en los contratos. La medida alcanzaba hasta el 30 de septiembre, sin embargo unos días antes, otro decreto (el Nº 766) prorrogó esta fecha hasta el próximo 31 de enero.
A contrapelo de estas medidas, el sondeo de la federación advierte que el 58% de los consultados manifestó que sufrió aumentos en el alquiler durante la pandemia.
De hecho, destacó Artola, las principales consultas que se reciben en la defensoría tienen que ver con el precio de los alquileres.
El problema, explicó, se da al momento de renovar los contratos, donde los propietarios exigen subas de hasta el 80 %, duplicando la inflación interanual del 37,24 % medida por el Indec. El incumplimiento es doble: se desconoce la prórroga de la finalización de los contratos y la suspensión de subas en los precios de las locaciones.
Entre los motivos de consulta, se alistan también el desconocimiento de la prohibición de iniciar acciones de desalojos o las inquietudes sobre los pasos necesarios para rescindir un contrato frente a la imposibilidad de pago.
Para el titular de la Defensoría “es imperioso que se regule el mercado inmobiliario, la realidad es crítica, por eso estamos pidiendo una política pública integral de acceso a la vivienda y, en particular, a la vivienda en alquiler”.
Desde la entidad se impulsa una batería de medidas que busca una solución para lo que significa el problema estructural de acceso a la vivienda en alquiler. Entre otros puntos, se reclaman la prórroga del decreto que congela los precios y suspende desalojos hasta mediados del año próximo, la posibilidad de que los inquilinos accedan a créditos a tasa cero para el pago de deudas de alquiler y establecer precios máximos para los alquileres de vivienda.
