La reunión de ayer entre el ministro de Producción provincial, Daniel Costamagna, y los diputados que integran la comisión de Seguimiento e Información del Caso Vicentin deparó un pronunciamiento que hizo ruido: el rechazo del funcionario a una eventual expropiación de la empresa a manos del Estado nacional, pocas horas después de que el propio gobernador Omar Perotti acompañara el anuncio de la Casa Rosada en ese sentido. Del encuentro también surgió un pedido unánime para que Santa Fe tenga una mayor participación en la nueva fase que se abre para la cerealera en quiebra.
Al tiempo que se amplificaban los ecos de la intervención del Estado sobre el Grupo Vicentin, junto al envío al Congreso nacional del proyecto de expropiación por parte del Ejecutivo, la mayoría de los diputados provinciales que integran la comisión confluyó al mediodía en el ministerio a cargo de Costamagna, en la ciudad de Santa Fe. El encuentro fue pautado con anterioridad (los legisladores presentarán hoy su primer informe sobre la situación de la firma, ver página 5), pero los anuncios de Balcarce 50 marcaron el pulso de la charla.
En ese contexto, cobró fuerza la intención de los legisladores de solicitar una reunión con el flamante interventor de Vicentin, Gabriel Delgado. Y, lógicamente, no pasaron desapercibidas las palabras de Costamagna. Es que, al caer la tarde del lunes pasado, Perotti había apoyado la intervención y el plan de expropiación de la empresa anunciados por el presidente Alberto Fernández por implicar, según destacó, "el resguardo de los intereses de todos los santafesinos".
"Costamagna señaló que no respaldaba la expropiación, que es una cosa distinta a la intervención y que, de hecho, tendrá un debate parlamentario. Además, coincidimos en plantear una defensa de los intereses de los santafesinos y, para la etapa que se viene, una mayor presencia de la provincia, como también potenciar esfuerzos en pos de una mayor transparencia", contó a La Capital el diputado Carlos del Frade (Frente Social y Popular, FSP).
A su turno, Betina Florito (Somos Vida) indicó respecto de la reunión en Producción: "Costamagna manifestó que está de acuerdo con la intervención, pero no con la expropiación. Lo notamos preocupado".
La diputada, además, sacó a relucir sus reparos frente al anuncio presidencial. "Expropiar una empresa con semejante deuda significará que la paguemos todos los argentinos. Tengo temor por el futuro de los trabajadores" de la cerealera, aseveró.
A Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación) también lo inquietaron los dichos del ministro y, a modo de balance del encuentro, sentenció: "Fue positivo desde el punto de vista de que todos coincidimos en la necesidad de que Santa Fe juegue un papel fundamental en el proceso que comienza a desandar Vicentin".
Posición inicial
Costamagna había desestimado en febrero una eventual estatización de la empresa, pedido realizado por algunos legisladores provinciales y sugeridos por el director del Banco Nación, Claudio Lozano, como una alternativa para saldar la deuda de 18.500 millones de pesos que Vicentin tiene con la entidad pública.
Incluso, el funcionario de Perotti consideró en ese momento que la situación de la cerealera debía resolverse en el ámbito privado, aunque con un seguimiento del Estado nacional.
El nuevo pronunciamiento de Costamagna no pasó desapercibido para las usinas de rumores, en especial porque días atrás, durante una visita a la Legislatura para exponer sobre proyectos ligados a su área, el funcionario se había lamentado frente a varios diputados por la escasa disponibilidad de recursos en su ministerio.
La comisión que conduce el peronista Luis Rubeo cuenta con doce miembros de los distintos bloques de Diputados, de los cuales ocho viajaron al norte provincial a mediados de mayo para reunirse con el juez en lo Civil y Comercial Fabián Lorenzini, quien tramita el concurso de acreedores de Vicentin.
