El secretario del área de Política Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Instituto de Derecho de Política Ambiental del Colegio de Abogados, Matías De Bueno, reclamó la creación de una Justicia ambiental para poder adecuar la legislación vigente en casos de impacto como Petroquímica Bermúdez (ex Electroclor), empresa del cordón industrial que aún sigue contaminando el ambiente pese a estar cerrada. Para ello solicitó el compromiso del Estado a la hora de buscar inversores privados capaces de llevar a cabo las inversiones correspondientes para poder llevar adelante los controles ambientales.
Ocurrió que desde que se cerró la industria petroquímica en 2013 jamás se realizaron tareas correpondientes para remediar el daño ambiental ocasionado por el vertido de cloro en gran parte del predio de esa firma. El sitio aún cuenta con un pasivo ambiental de restos de mercurio, asbesto y otras sustancias químicas tóxicas con un fuerte potencial de daño a la salud y al ambiente.
Hubo un fallo de primera instancia de la Justicia de San Lorenzo, donde planteba que la calidad del aire y el agua estaban contaminados y, por lo tanto, ordenaba el cese de las emisiones de un gas particular. No obstante, ese falló se apeló en la Cámara de Apelaciones y recién una década después ese tribunal de alzada solicita generar controles pertinentes.
Contaminación ambiental en Petroquímica Bermúdez
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La ex Electroclor. La planta de la Petroquímica Bermúdez se halla en Capitán Bermúdez, sobre el río Paraná, a 5 kilómetros del límite con el departamento Rosario.
"En estos casos se busca el mayor equilibrio posible para proteger las fuentes laborales pero también aplicar el desarrollo sostenible de triple impacto, que tiene que ver con lo económico, lo social y lo ambiental. Sucede que ese equilibrio no es parejo y apunta a lo económico, que resulta complejo de sobrellevar en este país", planteó De Bueno en declaraciones al programa "Una tarde perfecta", de LT8.
En ese sentido, argumentó: "En esta cuestión se ve claramente cuánto hace falta una Justicia ambiental en la provincia. No se puede estar 20 años para decir que hay que controlar. Desde 2013 debió otorgarse una reparación del daño a la comunidad, evaluar el monto y aplicar un fondo de recomposición ambiental a determinar por una autoridad aplicación. Y luego, si existió el daño, reparar a las personas".
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Y agregó: "En este caso me costa que hace muchos años que la empresa venía realizando acciones, desde hace casi de 20 años, donde hubo un primer amparo, se planteó la necesidad de terminar con emisiones, hubo un acuerdo entre la empresa y el municipio; y, además, una inversión de 100 millones dólares para cambiar la tecnología".
Petroquímica Bermúdez: falta de controles adecuados
No obstante, apuntó que "en lo que siempre nos quedamos cortos es en controles adecuados y la aplicación correcta de la normativa 201 de calidad de aire, que está absolutamente desactualizada y no refleja la necesidad del momento para poder tener una calidad de aire adecuada como lo exige la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Por eso consideró que es importante que no se paralicen las actividades, pero señaló que se deben tener cuidados a la hora de evaluar los peligros capaces de provocar daños de alto impacto, tales como alergias, enfermedades y hasta la muerte. Por eso existen principios preventivos y precautorios dentro del Derecho ambiental.
"Si un juzgado tiene que evaluar tiene que remitirse a la normativa para establecer los niveles guías y controles. Ahora, ¿quién se encargará de los mismos? ¿Una empresa privada? ¿Una universidad? ¿Cómo se realiza el control? La empresa tiene que entregar un plan de gestión y tiene que haber un organismo que monitoree esos controles, sea dueño o no de esos equipos", planteó.
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Por eso reclamó la importancia de que haya organismos que velen por la seguridad de esos informes en el marco de Derecho ambiental. También hizo hincapié en la necesidad de presupuestos, que en el caso del Estado suelen ser escasos en la materia.
"Acá se ve claramente cuánto hace falta una Justicia ambiental en la provincia porque no se puede demorar 20 años para controlar y generar una gestión adecuada hacia adelante", apuntó.
Es por eso que reclamó: "La adecuación de la legislación ambiental para que se incorpore la cláusula ambiental; en segundo lugar exigirle al Poder Ejecutivo que aplique la mayor cantidad de controles y, a la vez, buscar financiamiento del sector privado para que se pueda cumplir la norma, ya que no se puede cargar sólo a quienes ofrecen fuentes laborales con este responsabilidad. Y en tercer lugar, la creación de un fuero ambiental dotado de juzgados y fiscales ambientales, y un organismo científico de generación de pruebas, mientas desde el Colegio de Abogados se abogará por la participación de la ciudadanía.
