Condenan a prisión perpetua a Lofiego y Marcote por delitos de lesa humanidad

El Tribunal Oral Federal N 2 (TOF) de Rosario condenó ayer a seis ex policías a prisión perpetua y a otros cuatro a penas de 16 a 22 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico militar, en un proceso en el que por primera vez se juzgaron delitos sexuales perpetrados en un centro clandestino de detención local.

A través de una videoconferencia, en el marco del aislamiento impuesto frente a la pandemia de coronavirus, el tribunal integrado por los jueces Lilia Carnero, Aníbal Pineda y Eugenio Martínez dictó la prisión perpetua para José Lofiego, Mario Marcote, Carlos Scortechini, Ramón Vergara, Ramón Ibarra y Ernesto Vallejo.

Los magistrados también impusieron 22 años de prisión a Héctor Gianola y Eduardo Dugour, 18 a Julio Fermoselle y 16 a Lucio Nast.

Cantero destacó en la lectura del fallo que "esta sentencia también debe servir como reparación histórica a las víctimas enumeradas en el veredicto, contra quienes se encuadraron de forma coordinada casi todas las instituciones en aquella nefasta época de la historia del país".

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"Estos hechos trágicos nos imponen una reflexión, una autocrítica como sociedad, por haber permitido que se llegase a tal extremo de barbarie e irracionalidad, para que en el futuro no se repita esa tragedia", resaltó el fallo.

Los delitos por los que condenaron a los diez ex policías fueron "homicidio agravado por el concurso de dos o más personas, privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tortura agravada, abuso sexual y asociación ilícita y sus acumuladas a lo largo del proceso", señaló la jueza.

Asimismo, por primera vez en la jurisdicción fueron juzgados dos casos de abuso sexual como delitos de lesa humanidad, cometidos por Lofiego y Marcote, e impulsados por las querellantes Stella Hernández y Adriana Beade.

La causa conocida como Feced III y IV, que comenzó en abril de 2018, analizó los delitos adjudicados a diez efectivos de la Policía de Santa Fe en Rosario durante la última dictadura y cometidos contra 188 víctimas del terrorismo de Estado.

Originalmente los imputados eran 14, pero cuatro de ellos murieron antes o durante el proceso oral que se extendió 25 meses. Se trata de Carlos Ulpiano Altamirano, Daniel González, Ovidio Olazagoitía y el sacerdote Eugenio Zitelli.

La audiencia de lectura del veredicto —sin público—, pudo ser seguida por la web del Centro de Información de Justicia de la Corte Suprema y del Concejo Municipal de Rosario, que la transmitieron en directo.

Particularmente, la tercera y cuarta parte de la megacausa avanzó sobre las prácticas ilegales de la patota policial que tuvo a su cargo el centro de detención clandestino conocido como El Pozo, ubicado en el centro de Rosario.

Allí funcionó el Servicio de Informaciones (SI) de la policía, cuyas instalaciones albergó el mayor centro clandestino del sur de la provincia de Santa Fe, por donde se estima que pasaron unos 500 detenidos-desaparecidos.

El nombre de la causa se debe a la responsabilidad del fallecido Agustín Feced, un comandante de Gendarmería que estuvo a cargo de la policía santafesina durante la última dictadura en Rosario y zonas aledañas, donde instaló un circuito represivo ilegal que operó entre 1976 y 1979.

Reacciones

Tras la lectura del veredicto, el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad provincial, Esteban Borgonovo, tuiteó: "Bienvenida la condena a la patota de Feced. Gran día para los derechos humanos. Felicitaciones a todos los que le pusieron el cuerpo y trabajaron para hacerlo posible. Abrazo eterno".

Juane Basso (Hijos Rosario) aseguró que "no es posible entender esta sentencia contra diez verdugos del pueblo y vendepatrias sin reconocer que, detrás del veredicto, hay una larga lucha colectiva iniciada por sobrevivientes, familiares, Madres (de Plaza 25 de Mayo) y miles de organizaciones populares".

"Nuestro abrazo a las compañeras y a los compañeros que lo dieron todo para alcanzar este luminoso día de justicia", enfatizó —a su turno— el concejal del PJ Eduardo Toniolli, activo defensor de los derechos humanos.

Los fundamentos del fallo se conocerán el 22 de junio próximo, a las 20, aunque todavía resta acordar cuál será la modalidad en función de las medidas sanitarias dispuestas por el avance del Covid-19.

Por su parte, el fiscal Adolfo Villate ya adelantó que prepara la instrucción de la causa Feced V, con más de un centenar de víctimas de la represión ilegal.

Extraditado

Brasil extraditó al represor y ex prefecto Gonzalo Chispa Sánchez, quien llegó a la Argentina luego de haber sido detenido en Río de Janeiro el lunes pasado. Sánchez está acusado de participar de los denominados grupos de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) durante la última dictadura cívico militar. También se lo señala como uno de los secuestradores del periodista Rodolfo Walsh.